La democracia fuerte

Parece que este año los Reyes Magos de Oriente nos han traído a los españoles carbón a porrillo en forma de gobierno bicéfalo populista apoyado por un partido netamente separatista catalán, amén de otros cuantos que querrán sacar su tajada presupuestaria. Los españoles hemos sido niños malos, por inconscientes, y hemos otorgado el poder legítimo a dos de los peores productos que pululan por el populismo progresista. Ahora, como suele apostillarse, disfrutaremos de lo votado.

Como digo, el gobierno que nos cae es legítimo. Podemos pergeñar cuantas conspiraciones nos parezcan oportunas, explicar y repetir lo maléfico del resultado y de sus consecuencias, tirarnos de los pelos o al monte. Lo bien cierto es que, mientras no se demuestre lo contrario, este gobierno es “Conforme a las leyes”, que es como define la RAE legítimo, y tendremos que cargar con él mientras la democracia que nos hemos dado los españoles no lo remedie. Las encuestas, las crisis, las desaceleraciones aceleradas y los tsunamis democráticos podrán tumbar o no al gobierno que nos viene dentro del juego de las alianzas y el cambalache a que acostumbran sus señorías. Otras opciones, radicales o violentas, de ser usadas no podrían ser legítimas, evidentemente.

Si el gobierno elegido conforme a ley de un país, puede arruinarlo y no pagar por ello, si es capaz de cercenar sus instituciones básicas y el bienestar de sus ciudadanos, conforme algunos prevén, y sus miembros quedar impunes, parece que algo chirría en esa ley. Somos muchos los que aun recordamos y sufrimos los efectos de la última crisis, y todos los augurios, en forma de indicadores económicos, barruntan que la cosa puede repetirse. El gobierno de Zapatero fue, a todas luces, el peor posible en aquella crisis que aun alarga su sombra sobre nuestras economías familiares. El posterior gobierno de Rajoy aprovechó la coyuntura para imponer alguna que otra reforma cosmética (como la laboral, que ahora tumbarán) y se dejó llevar, sin meter mano al verdadero meollo del problema. Ahora mismo, Zapatero y Rajoy viven sus vidas sin pagar por sus pecados políticos.

Junten las piezas, tomen distancia y quizá concluyan, como yo, que, si las leyes permiten el mal, seguramente es que las leyes están mal. Disculpen el simplismo de la aseveración, sé que hay muchas derivadas y que antes habría que definir y acotar “mal”, pero creo que es una forma sencilla de empezar a aproximarnos a lo que pretendo transmitir.

Son muchos los prismas desde los que podríamos enfocar el problema. La justicia y su funcionamiento, la estructura del Estado o el propio germen del Estado en sí, son algunos de ellos. Ni que decir tiene que, para muchos, entre los que me incluyo, la propia legitimación del Estado-Nación, su germen, conforme hoy se estructuran los Estados en el mundo, es falaz y deficiente y no se sostiene ante un análisis profundo y serio, ni filosófico, ni moral. No pretendo, sin embargo, polemizar en esa dirección, por lo escueto del espacio y por lo profuso del análisis. Parece más útil centrarnos en el estudio de la democracia en la que estamos inmersos, puesto que a un gran número de conciudadanos les parece un método suficiente y positivo, pese a todo.

En este orden de cosas, a nadie escapa que, en la mayoría de las democracias del mundo en general y en España, especialmente, Montesquieu está muerto y enterrado. Profundamente enterrado. La separación de poderes es algo vetusto y olvidado, lejano. Los medios de comunicación hablan de la elección de jueces conservadores o progresistas para el Tribunal Constitucional sin empacho. La abogacía del Estado depende de criterios políticos. El Fiscal General tiene carné de la cosa y se habla con alegría de que un presidente de esto debe encarcelar a un discrepante por lo otro. Ni si quiera estéticamente se guardan ya las formas.

No obstante, la injerencia política en el poder judicial no es la única injerencia. No ocurre en otros países, pero seguro que han caído en la cuenta de que en España el ejecutivo se elige desde el legislativo. Al gobierno lo eligen los diputados que han de legislar, no como en otros lugares donde las elecciones presidenciales determinan un equipo de gestión que puede ser de distinto color que el parlamento. De alguna manera, se puede contrapesar un poder con el otro. Para más befa, el ejecutivo español tiene el poder de legislar a base de Decreto-Ley, conforme nos ha venido recordando nuestro presidente en funciones en los “viernes sociales”, paradigma del despropósito y el despilfarro. En este panorama se comprende fácilmente la impunidad con la que se puede operar desde el aparato político.

Más aún. La propia estructura permite con facilidad la creación de redes clientelares que mantienen el voto propio en buenos números a cambio de la consabida partida en el BOE. Así se cierra el círculo.

Hasta aquí todo muy evidente y bastante obvio para un lector de Disidentia. Es necesaria una separación de poderes real para fortalecer la democracia. Demos un paso más. La democracia española funciona mezclando poderes desde la Constitución. Si la separación de poderes requiere en España, sin duda alguna, reformas constitucionales de cierto calado, – la elección de los jueces del Tribunal Constitucional por el legislativo se regula en el artículo 159, por ejemplo – puestos a reformar, reformemos de forma que realmente el poder recaiga en el pueblo y no quede al albur de nuestros insensatos gobernantes.

Si el gobierno ha de ejecutar las leyes que emanan del parlamento, cabe todavía la posibilidad de que éste promulgue leyes que perjudiquen a los ciudadanos. El parlamento puede aún cercenar la Libertad de su gente. Éstas pueden quizá corregirse en sede judicial, pero estarán referidas a una norma base, la Constitución, que deberá por tanto estar redactada para que esto suceda y puedan corregirse. Es irremediable su reforma y en ella debe apuntalarse cada parcela de la Libertad de los ciudadanos.

Si el Estado no puede malgastar el dinero del ciudadano hay que forzar a que la Carta Magna asegure la propiedad privada. Los impuestos habrán de ser propuestos y finalistas. Deberán tener tope. Si asumimos la igualdad ante la ley, no cabe posibilidad de limitar la libertad de expresión, la de asociación, el uso del propio cuerpo como cada uno quiera, etcétera. No se puede prohibir a unos sí y a otros no, en función de un criterio discrecional. Tampoco se pueden promover leyes que beneficien a ciudadanos en detrimento de otros. Fuera pues subvenciones, todas.

Les dejo si quieren para no extenderme, que profundicen ustedes mismos en las funciones que democráticamente podría asumir un gobierno. Concluirán ineludiblemente que son mínimas y muy livianas para que exista una democracia con separación de poderes real y efectiva dentro de una organización estatal que respete escrupulosamente la igualdad ante la ley. Si puede existir la Democracia Liberal, ha de ser en las condiciones que estamos describiendo.

Por desgracia estamos aquí y ahora, presos del espacio-tiempo. España, principios del siglo XXI. Esto significa tomar conciencia de que, si realmente queremos un país democrático con garantías reales, estamos aún muy lejos de nuestro objetivo. Necesitamos reformas estructurales de muchísimo calado que además ineludiblemente pasan por reformar diversos aspectos constitucionales. La propia Constitución tiene mecanismos para hacerlo legítimamente y es necesario plantearlo. De cualquier otra manera quedaremos expuestos a los Iglesias y Sánchez de turno que, por cierto, no dudarán en reformar la mencionada Constitución y no precisamente en sentido democrático.

No caben paños calientes. Si quieren una democracia fuerte y a salvo del cacique de turno, hay que ir hasta el final en las reformas, incluyendo la Constitución. Quienes aseguran que esta es sin duda intocable, igual abogan en el fondo por el famoso quítate tu pa’ ponerme yo, como un cacique cualquiera que espera su momento.

Publicado en disidentia.com