La encrucijada entre el derecho a la huelga y el derecho al trabajo

La jornada de hoy, 29 de septiembre, se convertirá en la séptima huelga de la democracia. De las seis anteriores, cuatro fueron paros de 24 horas (1985, 1988, 1994 y 2002), una de media jornada laboral (1992), y otra de sólo una hora (1978).
No será el primer paro convocada en contra de una reforma laboral elaborada por los socialistas. Así, en 1994, los motivos que llevaron a la huelga fueron los recortes en las conquistas sociales y la reforma del mercado de trabajo. El número de parados en esa fecha ascendía a 3.545.950, frente a los 11.877.270 ocupados. Los dirigentes sindicales dijeron que fue secundada por un 90% de los trabajadores, mientras que el Gobierno cifró el seguimiento en un 30% y la patronal en un 26%. El Ejecutivo de Felipe González, sin embargo, mantuvo las reformas.
La huelga general del 20 de junio de 2002, convocada en contra de las medidas de reforma de la protección por desempleo y de la Ley Básica de Empleo del Gobierno de José María Aznar, fue la última celebrada en España. También en esa ocasión se repitió el baile de cifras: El Gobierno aseguró que había parado algo más del 16% de los trabajadores, cifra que UGT y CCOO elevaron al 84%.
Y es que si algo hay seguro en esta huelga general es que las cifras de seguimiento de la huelga que se aportarán serán sustancialmente diferentes.
Y eso pese a que el Gobierno dijera ayer que no entrará en una guerra de cifras con los sindicatos sobre el seguimiento del paro, según avanzaron fuentes del Ejecutivo, que quisieron dejar claro su respeto al derecho a la huelga y también el que tienen los ciudadanos a acudir mañana a su puesto de trabajo.
Y es que ese derecho, y su posible conculcación, será uno de los grandes caballos de batalla de la jornada huelguística, en la que los piquetes tratarán de ‘convencer’ a los trabajadores de la necesidad de secundar la huelga. ¿Con qué estrategias lo harán? He aquí la cuestión.
De momento, los sindicatos han optado por lavarse las manos ante posibles incidentes: Lo hizo el secretario general de UGT, Cándido Méndez, que advirtió de que la responsabilidad “de cualquier cosa que pueda ocurrir” no va a ser de las organizaciones sindicales, sino de los que pretenden cercenar el derecho a la huelga imponiendo unos servicios mínimos abusivos “sin ningún tipo de proporcionalidad y equilibrio entre el ejercicio del derecho de huelga y el del derecho al trabajo”.
Méndez, que celebró ayer un acto con universitarios, insistió en la coacción que ya se está ejerciendo contra muchos trabajadores a los que se les exige, “cuando no tienen por qué decir nada”, que se pronuncien si van a ir o no a la huelga ante el empresario o se les avisa con que si van a la huelga el 29 “que no vuelvan el 30 porque están despedidos”.
En la misma línea, los secretarios regionales de UGT y CCOO, Carlos Pedrosa y Jesús Gil, lamentaron el ataque “sin precedentes” al derecho a la huelga general que ambos sindicatos han tenido desde distintos ámbitos, y pidieron protección a la autoridad laboral y concretamente al delegado del Gobierno de la región, Máximo Díaz-Cano, para que garantice el trabajo de los piquetes y el derecho a la huelga, “que está siendo agredido permanentemente en muchas empresas de esta región”.
El secretario regional de UGT se refirió a los miles de trabajadores a los que se está “amenazando” en el país y en Castilla-La Mancha con circulares que “son impresentables e ilegales”. Por ello, mostró su intención de que piquetes “contundentes” ayuden a los trabajadores que tiene esa “presión tan brutal” de sus jefes más directos.
No lo ve así la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), que reiteró ayer mediante un comunicado su rechazo “de forma contundente” a la huelga general y realizó un llamamiento a la normalidad para que las empresas puedan abrir.
La organización empresarial señaló que respeta el derecho a convocar una huelga general, pero que no comparte esta convocatoria por los motivos alegados para la misma. Para Cecam, “se trata de una huelga que se dirige contra iniciativas del Gobierno de España y del Parlamento, pero que en nada atañen a las empresas, quienes habremos de soportar sus efectos”.
De esta forma, la confederación considera que “esta convocatoria, que pretende paralizar la actividad económica con los perjuicios que ello puede ocasionar, supone la peor decisión posible en estos momentos”.
Fuente: eldiadeciudadreal