El 27 de marzo de 2007, activistas de Greenpeace se descolgaron por la chimenea de la central térmica de carbón de Pasaia (Guipuzcoa) y escribieron “STOP CO2”. Con aquella protesta los ecologistas exigían a la compañía propietaria, Iberdrola, el cierre de una central que emite en un año más CO2 que todo el parque móvil de Guipuzcoa. Los ecologistas proponían como alternativa la inversión en energías renovables para generar esa electricidad.
Se pretendía hacer visible que la compañía que se presenta como “la gran compañía verde española” tiene una línea de negocio más bien negra, dedicada a la quema de carbón.
Iberdrola denunció a Greepeace por aquella acción y el juicio se ha celebrado el pasado 1 de junio con la presentación como acusación particular de la compañía eléctrica.
En su escrito de acusación Iberdrola exige a Greenpeace más de 5.000 euros de indemnización y 3.600 euros a cada uno de los diez voluntarios implicados, además de otros 14.400 por coacciones, 9 meses de prisión por desobediencia a los agentes de seguridad y 9 días de trabajo en beneficio de la comunidad por falta de deslucimiento de bien del inmueble. Ahí es nada.
Ellos no tienen que pagar en trabajo en beneficio de la comunidad el daño que hacen al medio ambiente. De ser así, necesitarían unas cuantas docenas de vidas para saldar la deuda.
Si la compañía eléctrica está empreñada en identificarse con una línea de negocio basada en las energías renovables, lo mejor que puede hacer es ser coherente y cerrar de una vez aquellas centrales altamente contaminantes e invertir sus recursos en tales energías. Obstinarse en lo contrario, además de ser una contradicción flagrante, es engañar de una forma descarada a los clientes y consumidores.
Si quieres, puedes apoyar a los ecologistas encausado por esta acción.
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