La enrevesada situación que deberá afrontar Rajoy con el déficit tarifario

La herencia que recibirá el nuevo inquilino del Palacio de la Moncloa, previsiblemente Mariano Rajoy, en relación con el sector eléctrico, se puede definir como de ‘patata caliente’. Temas como su reordenación, la culminación del proceso de liberalización así como la decisión de qué hacer con las primas que se entregan a los productores de energía mediante sistemas renovables son algunos de ellos.
El déficit de tarifa es otro de los temas más polémicos y urgentes por su disparado crecimiento en los últimos años que lo hace insostenible a medio plazo. Al cierre del actual ejercicio el monto total acumulado a lo largo del presente siglo superará los 25.000 millones de euros. Tan sólo en 2011 se habrán superado las estimaciones iniciales de 3.000 millones.
Para Alberto Bañón, director de Regulación y Asuntos Económicos de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), “este año se cerrará probablemente con un desfase de 600 millones sobre el inicialmente previsto déficit de 3.000 millones y si no se tocan las tarifas en 2012 la cantidad del próximo año superará los 4.000 millones en lugar de la inicialmente prevista de 1.500 millones”.
Otros apuestan por una desviación inferior para 2011. Así, Javier Latorre, director de regulación eléctrica de Gas Natural Fenosa, estima que no se sobrepasarán los 200 millones.
La desviación de 2012 estimada por Unesa está calculada en base a un nulo incremento de los ingresos “debido al estancamiento de la demanda”, apunta Bañón, y a un aumento de los costes, en concreto de aquellos asociados a la amortización de la deuda y al aumento de los costes de la titulización. “Estamos en situación de triplicar el máximo previsto si no se hace nada”, advierte este profesional.
La resolución de este problema no puede esperar mucho tiempo vista su evolución tan desbocada año tras año.
La cuestión principal estriba en que el recibo de la luz que se paga en España no cubre los costes reales. Por un lado, las tarifas están reguladas por el Gobierno mientras que entre los costes las compañías eléctricas han de soportar las primas al régimen especial.
Técnicamente se puede determinar que el déficit de tarifa se configura como la diferencia entre el monto total recaudado por las tarifas de acceso a las redes (tarifas reguladas que fija la Administración y pagan los consumidores por sus suministros) y los costes reales asociados a dichas tarifas (costes de transportar, distribuir, subvencionar determinadas energías y otras actividades y servicios que según el ordenamiento jurídico están incluidos en las tarifas, etc.) Uno de los costes a cubrir con las tarifas de acceso son las primas provenientes de subvencionar las energías renovables.
Como señala Eduardo Montes, presidente de Unesa, el dinero que se paga por ese concepto aquí a la fotovoltaica por cada vatio consumido es el doble que en Alemania, a pesar de que el PIB per cápita "es la tercera parte".
El origen de las primas a las renovables proviene de finales del siglo XX cuando el Partido Popular trató de incentivar ese tipo de generación y potenciar las inversiones en ese campo.
En 2004, cuando el PP abandonó el poder, el déficit tarifario estaba en 1.499 millones, mientras que el actual ejercicio cerrará con una deuda acumulada entre el Estado y las eléctricas superior a los 25.000 millones. Así, el crecimiento del déficit se dispara en los siete años de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, especialmente en el segundo mandato (2008-2011), donde se han acumulado hasta 19.000 millones.
La titulación
Una de las vías de solución que se utilizó en el pasado para resolver la situación fue la titulación de la deuda, avalada por el Estado. El método consiste en convertir los derechos de cobro en títulos negociables (a cambio de un tipo de interés) que fueron comprados por entidades financieras. De esa manera, las eléctricas eliminaron de sus cuentas hasta 5.332 millones.
Inicialmente el PP promovió la titulación de los años 2000 a 2002 por valor de 1.522 millones, que fueron adquiridos por Santander, BBVA, Caja Madrid y Merrill Lynch.
Posteriormente se realizó una operación similar con el déficit de 2005, de 3.810 millones que fue a parar a manos de Bancaja, BBK, JP Morgan y Citigroup.
Posteriores operaciones de este tipo encontraron problemas en el mercado aunque finalmente se pudo colocar el déficit de 2007, en torno a 1.300 millones.
En total, las eléctricas consiguieron amortizar por este sistema unos 6.566 millones del déficit generado. En posteriores ejercicios, debido a la crisis económica, no se llegó a colocar en los mercados ninguna cantidad más quedando desiertas algunas de las subastas convocadas. La titulación no prosperó por la problemática de los mercados que no aceptaron ese riesgoa los tipos ofertados.
Sin embargo en 2011 el sistema ha conseguido una titulación de 8.500 millones, menor, de todas formas, al volumen que se ofrecía.
Para Pablo Fernández, director de consultoría de Intermoney Energía, “el nuevo Gobierno debe ser consciente de que el mecanismo de titulación del déficit tarifario ha funcionado mucho mejor de la esperado pero que generar déficit de forma estructural no puede ser una situación sostenible a medio y largo plazo, especialmente dado el contexto macroeconómico y financiero”.
Soluciones
Visto lo visto, la ‘patata caliente’ tiene muy difícil resolución. Para Unesa ésta debería pasar por el cumplimiento de los términos establecidos en el Real Decreto Ley (RDL) 14/2010.
El RDL 14/2010 intentó encauzar la situación estableciendo unas medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico instaurando unos límites máximos a la retribución de todas las instalaciones fotovoltaicas en relación a la tarifa que puede recibir una instalación cada año. Sin embargo, al hacer las previsiones ‘ex ante’ se han producido unas importantes desviaciones que dado al traste con las previsiones gubernamentales.
Las soluciones que aporta el programa del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, pasan por una reforma que “deberá reducir el déficit tarifario en los términos establecidos en la normativa vigente, eliminando costes no justificados y aprovechando al máximo la innovación, que permitirá reducir progresivamente el coste de las energías renovables. Para ello, estableceremos un régimen estable de apoyo a las energías renovables que incentive la innovación y permita la consolidación de aquellas energías todavía en fase de desarrollo (…) aprobaremos una Ley de Energías Renovables que establezca los mecanismos de apoyo público (…) para que cada una de ellas pueda recuperar sus costes, de acuerdo con escenarios de incentivos que vayan reduciendo en el tiempo las aportaciones de acuerdo con la reducción efectiva de los costes operativos”.
Por su parte, el programa electoral del PP es más inconcreto: “Promoveremos un marco regulatorio que facilite la reducción de costes, la eliminación del déficit tarifario y la sostenibilidad económica (…) completaremos la liberalización de los mercados energéticos y reforzaremos su competencia y supervisión (...) actualizaremos la estructura de incentivos fiscales que potencien la inversión en I+D (…) con atención preferente a sectores prioritarios como la energía”.
Sin embargo, en otros momentos el PP se ha manifestado claramente  sobre la insostenibilidad de las primas a las energías renovables. “Se han de rebajar por su alto coste que supone cargar a la economía española con un impuesto virtual”, afirmó en el pasado José Valín, portavoz de Medio Ambiente del PP en el Senado.
Las tarifas
Uno de los temas a reformar es la estructura de tarifas actual. Para Jorge Fernández, “las Tarifas de Último Recurso, definidas a partir de la Directiva europea,  están pensadas para proteger a los consumidores más vulnerables pero no a 22 millones de consumidores”. 
Por otro lado, el nuevo Gobierno debería revisar el Plan de Infraestructuras y de Energías Renovables y "preguntarse si son necesarios tal como están para alcanzar el objetivo 20-20-20".
Aunque no sea del agrado de nadie el nuevo gobierno debe plantearse “una revisión de tarifas de acceso con aumentos significativos (probablemente muy por encima del 10%) para asegurar que no se generará más déficit tarifario en el futuro”, apunta Fernández.
No es la única voz que lo demanda. Un informe de UBS establece que “el recibo de la luz debe experimentar un encarecimiento del 20% en los próximos dos años si el Gobierno quiere eliminar en 2013 el problema del déficit de tarifa”.
Los analistas del banco suizo consideran que la tarifa regulada debería subir un 10% en 2012 y un 9% en 2013 para que las cuentas del sistema eléctrico quedasen equilibradas. Además establece que tanto en 2014 como en 2015 el aumento debería establecerse en torno al 4% para asumir los aumentos de costes.
Esta solución generaría mucho rechazo social. Ante ese posible escenario, Citi considera que el nuevo gobierno podría recurrir a alguna medida impositiva que cargue sobre las eléctricas una mayor parte del coste del déficit de tarifa. Entre las posibles medidas, podrían aplicarse una tasa a la hidráulica y a la nuclear, un IBI a la eólica o un impuesto a las eléctricas al estilo del aprobado en Italia. Todos estos escenarios hacen que "los riesgos regulatorios sigan siendo altos en España", afirman desde UBS.
El programa electoral del PSOE va por ese camino y ya alude a la fijación de unas tasas tanto a la nuclear como a la hidráulica. 
El problema de la Termosolar
De todas maneras, gran parte del sector piensa que paralelamente a la resolución del problema del déficit de tarifa hay que afrontar otro que empieza a ser también muy preocupante: las primas que está empezando a recibir la producción de energía termosolar.
Bañón estima que solo con las primas ya acreditadas el incremento del déficit, por este concepto, puede aumentar 1.200 millones anualmente.
Así, Montes advierte que hay que evitar una burbuja de la termosolar que se sume a la "barbaridad" ya ocurrida en la fotovoltaica, por lo que reclama una moratoria para esas nuevas inversiones en “renovables poco maduras que van a generar un hueco térmico importante, hacer que las centrales existentes sean ociosas y provocar un agujero enorme en las arcas".
Opinión compartida por el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que pide establecer una moratoria para las plantas solares hasta que desaparezca el déficit de tarifa. Para él “esta tecnología es la principal causa del desajuste, con unos costes que pueden duplicarse en los próximos dos años”.