El Juzgado Social de la provincia número 3, ubicado en la conocida Casa de la Panadería propiedad del Ayuntamiento de Talavera que lo presta a su vez al Gobierno nacional, está separado unos metros del resto de los juzgados de la ciudad, localizados en el vecino Palacio de Justicia de la calle Mérida. Estas primeras dependencias, encabezadas por un panel de cerámica, están abiertas para todos los ciudadanos, pero contienen graves deficiencias en cuanto a las normas de accesibilidad que limita las opciones de quien necesite realizar un trámite en este servicio público.
La falta de ascensor en un inmueble con una larga escalera o la indisposición de una plaza de aparcamientos reservada para discapacitados condicionan el uso de este inmueble. Estas dependencias judiciales están radicadas en la calle Charcón, y en la larga fachada de este antiguo edificio rehabilitado no hay aparcamiento reservado para discapacitados ni rebaje de la acera.
En este sentido, sólo existen señales que advierten de que las inmediaciones del Juzgado de lo Social están restringidas al uso de vehículos con autorización, pero no se hace mención a tarjetas de discapacitados.
Para la entrada al edificio, hay que salvar un pequeño escalón y el bajo de la puerta. No obstante, el acceso a la sala de vistas resulta relativamente sencillo porque en el interior del Juzgado de lo Social número 3 de la provincia sólo que hay sortear un bordillo para acceder a la sala de vistas. ni ascensor ni rampa. Sin embargo, el problema se agrava en el Juzgado de lo Social número 3 cuando un ciudadano con movilidad reducida o una grave discapacidad motora tenga que consultar o hacer un trámite con los funcionarios judiciales, puesto que no hay ascensor ni rampa que facilite llegar a la segunda planta de la antigua Casa de la Panadería. De este modo, la única forma de alcanzar la parte superior del inmueble es una escalera pronunciada que conecta las dos partes de este inmueble de la calle Charcón.
El Código de Accesibilidad correspondiente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se obliga en los edificios públicos a la instalación de un ascensor o una plataforma salvaescaleras -no una silla-, según un decreto que se remonta al año 1997. Además, al tratarse de un edificio perteneciente a una administración pública debería cumplir con mayor rigor estas exigencias establecidas por ley.
No obstante, no es el único edificio radicado en Talavera que limita el uso de los ciudadanos con discapacidad o con movilidad reducida, puesto que, por ejemplo, el Ayuntamiento o la oficina de Correos de la Corredera del Cristo dificultan o imposibilitan también el acceso.
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