Con la inestabilidad producida por el Sexenio Revolucionario y tras el fallido alzamiento carlista de 1869, continuó la conspiración legitimista. Una vez conocida la dimisión de Cabrera, en abril de 1870, se convoca una conferencia en Vevey (Suiza), encaminada a reorganizar el partido carlista, y para fijar las bases de una futura insurrección. En Europa estallaba la guerra franco-prusiana de 1870, por lo que Francia concentró su atención en sus frontera norte, quedando abierta la frontera con España, lo que permitió una mayor actividad a los carlistas para sus preparativos militares. Al mismo tiempo negociaba Prim la candidatura del duque de Aosta para ser designado rey de España. En estas condiciones tuvo lugar lo que entre los carlistas se conoce como La escodada; cuando el coronel de carabineros, José Escoda y Canela, amigo de Prim, se puso en contacto con el comandante general carlista Eustaquio Díaz de Rada, para proclamar a don Carlos, junto a los carabineros, Guardia Civil y el Ejército; firmándose un convenio, el 6 de agosto de 1870, en Sara. Por el cual, el general carlista debía unirse, junto a sus fuerzas, a las de Escoda y alzarse en Navarra; aunque tras algunas dilaciones, se señaló, por parte de Escoda, la fecha del día 27. El coronel Escoda pidió a Rada que, para asegurar el éxito, viniese con él don Carlos, y que trajesen consigo las sumas convenidas.
El día 27 se dirigió Escoda a Vera, lugar donde debía sublevarse; y una vez allí, emboscó parte de sus hombres y puso el resto en las casas del pueblo, mandando recado a Rada de que se reuniese con él, disponiendo sus fuerzas para envolverle. Pero el general carlista —receloso por las noticias recibidas de sus confidentes—, se retiró, no cayendo en la trampa que se le tendía, dirigiéndose a apoderarse del propio don Carlos, y de las personalidades carlistas que le acompañaban, junto a las cantidades de dinero acordadas
A pesar de haberse dado contraorden a las partidas preparadas, no se pudo impedir que algunas de las Vascongadas y la Rioja, que no habían recibido la contraorden a tiempo, se lanzasen al campo, teniendo algunos encuentros con las fuerzas del Gobierno. El capitán general de las Vascongadas y Navarra, José Allende Salazar, dictó un bando el mismo 27 de agosto declarando el estado de guerra en el territorio, por el que se castigaba con el fusilamiento a todo carlista que fuese encontrado con las armas en la mano, y con deportación a Ultramar de los que fuesen presos aisladamente, aunque no llevase armas. Con esto hubo numerosas víctimas, emigrando muchos carlistas y siendo presos otros.