La rebaja del cupo vasco y las otras ventajas y privilegios comprendidos en los acuerdos del gobierno con el PNV, a cambio de los votos que necesitaba Rajoy para aprobar sus presupuestos han causado indignación en otras comunidades españolas y mucho asco entre los demócratas y la gente decente del país porque esos acuerdos representan uno de los más denigrantes avances hacia la corrupción protagonizado dados por un gobierno de España desde hace siglos.
Después del reciente baño de cieno con el PNV, el PP se prepara para otra negociación contraria a la Constitución, a la decencia y a la justicia con Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias, el voto 176 que necesita para aprobar definitivamente sus presupuestos. La democracia necesita ser ética e impecable, pero el espectáculo que se avecina de la compra del voto de Quevedo promete ser bochornoso y todavía más indigno y representativo de la bajeza política española.
Gracias a la política desplegada por este tipo de políticos que han gobernado España en las últimas décadas, habituados al trueque de votos por privilegios, impunidades y derechos bastardos, ser vasco, que ya era ventajoso antes, es a partir de ahora todo un privilegio, del mismo modo que ser andaluz, extremeño o manchego representa una lacra para cualquier español de hoy. Toda una vergüenza indigna construida por nuestros políticos.
Un gobierno que cobija y protege a corruptos, que cobra impuestos anticonstitucionales, como el de Sucesiones, que premia la deslealtad, la conflictividad y el chantaje de los independentistas catalanes y que compra con dinero público votos y privilegios que sustentan la desigualdad merece el calificativo de infame.
Los vascos, gracias a que el gobierno de Rajoy necesitaba sus cinco votos para aprobar los presupuestos, son hoy más ricos y poseen más ventajas y privilegios que el resto de los españoles.
Pero no termina ahí la ofensa a la decencia y a la Constitución: Los catalanes, por ser desleales y traidores, también consiguen ventajas, lo que constituye una bofetada para el resto de los españoles, mas cumplidores y leales. Un gobierno que promueve tamaña injusticia en el trato a sus ciudadanos es una lacra digna de ser erradicada.
El gobierno español, para comprar la paz a los separatistas catalanes, promotores del odio y de todo tipo de ofensas a la nación, están intentando que la Agencia Europea del Medicamento, con sede en Londres, se traslade a Barcelona. Esa agencia genera abundante riqueza, cientos de empresas auxiliares y muchos miles de puestos de trabajo, más necesarios en otras ciudades españolas leales que en Barcelona.
Premiar a Cataluña, que ya es una de las regiones más industrializadas y ricas de España, con más riqueza, a pesar de sus deslealtades, desprecios y hostilidad es de una bajeza casi insuperable. La Agencia Europea del medicamento es un poderoso centro generador de empleo y riqueza, que sería más necesario en otras ciudades españolas, pero el gobierno pretende entregarlo al independentismo como premio a su obsesión por despedazar la nación, su siembre de odio, sus traiciones y su hondo desprecio a todo lo español.
Premiar a los mas canallas es una vieja costumbre de los políticos españoles. Durante el Franquismo, el régimen pretendía acallar el nacionalismo vasco y catalán industrializando esas regiones y beneficiando a sus ciudadanos con prosperidad, infraestructuras y otras ventajas.
Desde las restantes comunidades se contemplan esos premios a la traición y a la hostilidad como afrentas y como signos evidentes de una injusticia y una corrupción que es muchos más grave que el robo de fondos públicos y el abuso de poder.
Francisco Rubiales
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