En la discusión el concepto de lucro se ha mal utilizado, y eso ha incidido en que el foco en torno a la crisis educacional no está bien planteado.
La discusión se ha centrado en demonizar el lucro como causa del problema. Efectivamente, en muchos casos ha derivado en clara usura, pero eso es más bien un síntoma, no la enfermedad. Y casi todos han caído en el error de creer que es la causa. Pero el problema no es la libertad de enseñanza, que es la crítica que se esconde detrás de la crítica al lucro (la respuesta no es suprimir la libertad de enseñanza). Hay algo más subterráneo.
El lucro -mal entendido como usura- se ha alimentado de una falencia más profunda que la falta de ética de algunos, que es la nula garantía de educación pública de calidad en el sistema primario y secundario. Repito, la base de todo el problema educacional es otro: la nula oferta de educación pública de calidad por parte del Estado a nivel primario y secundario.
Es ahí donde se estructura todo el resto de las trabas y se naturaliza un sistema de competencia (por puntajes y certificados) claramente desigual, que discursivamente se presume basado en el mérito y el esfuerzo, pero que en realidad no lo es.
Y en ello hay una clara paradoja (muy ad hoc a cualquier mercantilismo) porque el Estado exige a los padres -con sanciones incluidas- enviar a sus hijos a la escuela, porque la Educación “es un derecho constitucionalmente consagrado” (artículo 19, 10°), y simultáneamente no ofrece educación pública de calidad para todos. Eso aunque el papel lo indica y existan algunos colegios públicos (bastante elitistas por lo demás). Te obliga a enviar al colegio, pero no te ofrece escuelas.
Entonces, los padres tienen dos opciones para salvarse del castigo -ligadas a su capacidad de pago y endeudamiento-: o mandan a sus hijos al colegio municipal más cercano (que con el respeto a quienes laboran en ellos, en algunos casos parecen centros de reclusión); o se endeudan pagando algún colegio de la red particular subvencionada o particular, al que puedan acceder.
La lógica mercantilista (no confundir con libre mercado) se cumple a cabalidad: Una demanda (por certificados o entrenamiento) garantizada por ley para prestadores (que entregan tales certificados o tal entrenamiento). Tal como en cualquier otro mercantilismo (AFP e Isapres) el Estado por ley, garantiza a los prestadores privados una demanda constante y cautiva.
Es decir, eso que el papel consagra como derecho garantizado por el Estado, lo debes pagar tú. Es decir, el derecho se convierte en coacción. Negocio redondo para los diversos burócratas de la educación, que sin distinción política, han desarrollado desde hace años, sus emprendimientos usando la presión estatal sobre los padres (aunque algunos sufran amnesia tratando de sacar dividendos políticos aprovechando la contingencia). Porque lo cierto es que de esta lógica mercantil, han hecho usufructo no sólo la derecha, también la Concertación e incluso los que se presumen fuera de esos sectores o paladines de la igualdad.
Pero hay un detalle más “escalofriante”. Todo lo anterior, ha incidido en que la educación superior “tradicional” (que hegemoniza los saberes) se ha mantenido bajo control de prácticamente las mismas élites de siempre, por décadas, de manera invariable (y como decía Bourdieu, con algunos “casos” para decir que el sistema no es cerrado).
Y no sólo eso, todo lo anterior, ha alimentado crecientemente la compulsión extendida por años, de creer que el éxito y tu capacidad, se determinan en base a cómo te va en un examen de dos días (PAA, PSU o como quieran llamarlo), junto con la obtención de un título profesional “ojala en una carrera y universidad tradicional”. Con ello, se ha reducido el concepto de Educación, a la idea de recibir entrenamiento para tal examen, como quien entrena para obtener licencia de conducir. Con ello, han eliminado una serie de cuestiones –no sólo materias- ligadas con lo que es educación en sentido global, como la orientación, el desarrollo de intereses y talentos diversos, etc.
Y vaya que reducción, porque ese examen de dos días, al que a final de año todos ponen tanta atención y tanto le temen, no es más que una barrera de entrada a la educación superior controlada por las élites de siempre, no “meritocrática”, sino claramente elitista ¿Impuesta por quiénes? Por las mismas élites.
Barrera de entrada (y no puerta a la universidad como le llaman) porque en realidad legitima y naturaliza la exclusión previa instaurada en el sistema primario y secundario de educación. Es decir, quien gana la carrera ya está determinado antes de partir.
Y no sólo eso, con ello, justifica toda una estructura de dominio posterior en diversos ámbitos (Basta ver quiénes se llevan becas de doctorados, o controlan las propias Ues privadas, o quienes determina qué títulos son válidos, quiénes merecen tal cátedra, o quiénes acceden a cargos de poder, quienes acceden a ciertos trabajos según la universidad, etc).
Como vemos, el meollo del asunto es mejorar la calidad y oferta de educación pública de calidad a nivel primario y secundario para aumentar la competencia posterior a nivel social, para diversificar. Para hacerla de verdad, y no que siga siendo una carrera donde unos cuantos corredores compiten con varios que ya están cojos desde el punto de partida.