La ex líder Suu Kyi es trasladada de prisión a arresto domiciliario mientras la crisis humanitaria se agrava en Birmania

Un portavoz militar explicó que su traslado se debía a que el Gobierno quería prevenir "golpes de calor en presos de edad avanzada" debido al "clima extremadamente caluroso" en la prisión.

Aung San Suu Kyi, ex líder de Myanmar,
trasladada a arresto domiciliario.
FRANCK ROBICHON | POOL | EFE

Aung San Suu Kyi (78 años) pasó 15 años bajo arresto domiciliario durante la anterior dictadura militar (1962-2011) en Birmania. Tras el golpe de Estado de febrero de 2021, la que era líder de facto del país asiático volvió a la oscuridad del presidio del hogar antes de ser sentenciada a condenas de prisión que sumaban un total de 27 años. La Premio Nobel de la Paz fue enviada entonces a la cárcel de Naypyidaw, la capital birmana. Este miércoles, la Junta militar golpista ha anunciado que Suu Kyi regresaría a régimen de arresto domiciliario.

Un portavoz militar explicó que el traslado de Suu Kyi se debía a que el Gobierno quería prevenir "golpes de calor en presos de edad avanzada" debido al "clima extremadamente caluroso" que hay dentro de la prisión.

Junto a la ex líder que logró devolver a su país a un sistema muy parecido al de una democracia, pero que toleró la represión contra la minoría rohingya por parte de los mismos militares que la habían encerrado en el pasado, también ha pasado a arresto domiciliario el presidente derrocado, Win Myint, de 72 años.

Se desconoce el lugar concreto donde han sido trasladados. Ambos llevan detenidos desde el golpe militar que sumió a Birmania en una devastadora guerra civil. Según los activistas birmanos que forman la Asociación de Asistencia a Presos Políticos de Birmania (AAPP), ya son más de 20.350 las personas que han sido arrestadas en los últimos tres años por el ejército.

"Si nuestros dos líderes sufren algún daño, los generales de la Junta asumirán la responsabilidad directa y tendrán que rendir cuentas ante el pueblo de Birmania", ha asegurado el doctor Sasa, el rostro más visible del Gobierno de Unidad Nacional (NUG), el Ejecutivo en el exilio, del que ejerce como ministro de Cooperación Internacional.

La ONU denunciaba en un informe reciente que más de 2,8 millones de personas han sido desplazadas en Birmania como consecuencia de los combates entre el ejército -acusado de abusos generalizados, incluidos ataques aéreos contra civiles e incendios de aldeas- y los grupos rebeldes, mientras que más de 18 millones de personas necesitan urgentemente asistencia humanitaria.

La actual ofensiva rebelde, bautizada como "Operación 1027" -comenzó el pasado 27 de octubre-, liderada por grupos étnicos bien armados, continúa desplazando a los militares de varias ciudades y puestos de avanzada que controlaban en el norte del país. Estos grupos, unidos bajo la bandera de la Alianza de las Tres Hermandades, están recuperando importantes cruces fronterizos que representan hasta un 40% del comercio terrestre con países vecinos como China e India.

Pero los conflictos están dejando al pueblo birmano en una situación cada vez es más pobre y vulnerable. Birmania ha pasado de ser uno de los mercados emergentes más prometedores de Asia (después de décadas de aislamiento, comenzó a abrirse en 2011 a la inversión extranjera, llegando a ser en 2016 la economía de más rápido crecimiento en el mundo, según el FMI) a estar al borde de una gran hambruna. Los investigadores de Naciones Unidas aseguran que casi la mitad de la población vive por debajo del umbral nacional de pobreza.

Desde UNICEF también han difundido un informe esta semana sobre cómo el ejército birmano está inundando de minas terrestres "casi todos los estados y regiones" del país, a excepción de la capital.

"El número de personas muertas como resultado de minas terrestres y artefactos explosivos se triplicó el año pasado, y los niños representan el 20% de las víctimas", aseguran. "Birmania ya se encuentra entre los países más contaminados del mundo con minas terrestres y artefactos explosivos a pesar de ser uno de los signatarios de la convención de la ONU que prohíbe las minas antipersona".

Reportaje de Lucas de la Cal para El mundo.