La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, exiliada en Brasil, junto con varios magistrados designados para el Supremo por el Parlamento pero también exiliados, investigarán la corrupción de su país. Así lo ha anunciado el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, muy crítico estos últimos meses con el Gobierno de Maduro.
“Magistrados coordinarán con la Fiscal @lortegadiaz investigación de casos corrupción del régimen de #Venezuela”, ha tuiteado Almagro, tras recibir este jueves a nueve de los 33 magistrados en su despacho de la OEA en Washington.
Preguntado sobre la posibilidad de trabajar con Ortega, uno de los jueces, Pedro Troconis, dijo a los periodistas: “si tenemos la oportunidad, nos vamos a acercar (a ella) para tratar sobre esas pruebas que dice tener y preparar las denuncias ante organismos y tribunales internacionales”.
La exfiscal venezolana, que abandonó su país tras ser acusada de traición por el Gobierno, dijo este miércoles en Brasil que tiene “muchas” pruebas de corrupción contra los principales dirigentes chavistas y contra el presidente Nicolás Maduro, que entregará a otros países para que las investiguen.
El grupo de magistrados, que suma un total de 33, cumplió el martes un mes “perseguido” por la Justicia del país, con uno de sus miembros, el juez Ángel Zerpa, encarcelado en una sede caraqueña del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
De los otros 32, dos “fueron obligados a renunciar”; dos están en la clandestinidad; uno en una embajada no revelada; otro en Chile; tres en la Embajada de Panamá en Caracas; uno en la Embajada de México en Caracas; cinco en la Embajada de Chile en Venezuela; seis en Colombia y diez en Estados Unidos, ha indicado el magistrado Miguel Ángel Martín, sin precisar información sobre el restante.
Pese a la dispersión física de los jueces, los diez que están en Estados Unidos aseguran que tienen la “logística” para comenzar a “sesionar” tan pronto como la próxima semana, “emitir pronunciamientos” y “trabajar con la justicia internacional” para “perseguir los delitos de lesa humanidad y violaciones graves de derechos humanos”.
Con información de EFE y rtv.es.
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