La extensa legislación territorial canaria

El escudo institucional de la Comunidad Autónoma Canaria

En 1982 se aprobó el Estatuto de Autonomía de Canarias, transfiriéndose en ese momento, las competencias relativas al gobierno territorial del archipiélago canario, entre otras. Desde entonces se ha desarrollado una intensísima labor legislativa para lograr una mejor ordenación y planificación de las islas con un resultado enormemente desigual.

He intentado hacer una recopilación de la legislación referente a la ordenación del territorio en Canarias con el objetivo de hacer un primer diagnóstico sobre los graves problemas que este extenso corpus legislativo está generando para el normal desenvolvimiento de las actividades económicas, residenciales y, en general, para la utilización del suelo en estas islas.
<---La legislación territorial en el estado español se remonta a más de un siglo atrás, pero el precedente legal más destacado -previo a la instauración del estado autonómico- fue la reforma de la Ley del Suelo (Ley aprobada por las Cortes Generales en 1975, en las postrimerías del régimen político anterior). Los textos que la desarrollaron (los Reglamentos de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística, impulsados por el ministro Joaquín Garrigues Walker en 1978) constituyeron unos documentos esenciales para la implantación de una ideología sobre la forma de ejercer la ordenación urbanística en España. Fueron un ejemplo de concisión y simplicidad que ha sido subvertida por gran parte de lo que ha venido después.
En el caso del archipiélago canario, la legislación urbanística ha llegado a una situación de complejidad inconmensurable y con un paroxismo indescriptible. En mi opinión, se ha convertido en uno de los principales problemas que debe afrontar esta comunidad en los próximos años, si no queremos que la población tenga que afrontar nuevamente uno de esos procesos de emigración masiva que tanto han caracterizado la historia del archipiélago en el pasado.
Este es el catálogo legislativo relativo a la ordenación jurídica del territorio que afecta a este archipiélago en concreto. Lo he recopilado partiendo del texto fundacional del Estatuto de Autonomía, que otorgaba por primera vez competencias exclusivas sobre estas cuestiones a Canarias.
He localizado también los enlaces de las distintas leyes y reglamentos lo que permitirá (al que así lo considere o necesite) una consulta en detalle de su alcance particular:
Ley orgánica 10/1982 de 10 de agosto, Estatuto de Autonomía de Canarias
El texto fundamental para la nueva organización política, administrativa y competencial del archipiélago canario y a partir del cual se ha regido esta comunidad en las últimas tres décadas.
Ley 1/1987, de 13 de marzo, reguladora de los Planes Insulares de Ordenación
Ley que constató por primera vez la necesidad de establecer una planificación y ordenación del territorio canario a partir de su realidad básica, la isla. Actualmente, sus determinaciones están derogadas y algunas cuestiones subsumidas en otros textos legales vigentes en esta comunidad autónoma.
Ley 5/1987, de 7 de abril, sobre la ordenación urbanística del suelo rústico de la Comunidad Autónoma Canaria
Supuso el reconocimiento de la necesidad de dotar de un estatuto jurídico y una ordenación y categorización a los espacios no afectados por la urbanización. Sus planteamientos y conceptos fueron directamente incorporados a la legislación posterior. Está derogada.
Ley 6/1987, de 7 de abril, sobre sistema de actuación de urbanización diferida
Una propuesta legal que tenía el loable objetivo de facilitar la urbanización de las periferias construidas clandestinamente y regularizar su situación. Tuvo poca repercusión real y actualmente se encuentra derogada.
Ley 12/1987, de 19 de junio, de declaración de Espacios Naturales de Canarias
Tuvo la virtualidad positiva de establecer un primer catalogo de espacios que requerían una atención especial para preservar los valiosas características de los peculiares ecosistemas canarios. Ha sido enmendada repetidamente y sustituida por otros textos legales posteriores
Ley 7/1990, de 14 de mayo, de disciplina urbanística y territorial
Esta ley trató de lidiar con la fuerte indisciplina urbanística que ha sido una constante en la historia de la autonomía canaria. Ha sido derogada.
Real Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
Un texto legal inteligente que pretendió por primera vez establecer un marco nacional para valorar el suelo y que, desgraciadamente, fue derogada casi totalmente por el Tribunal Supremo, al considerar que invadía competencias que habían sido transferidas a muchas comunidades autónomas del conjunto que forma el estado español.
Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias
Primera enmienda global a la declaración de Espacios Naturales de Canarias. Supuso una reestructuración terminológica y la resolución de algunos problemas de aplicación detectados. Ha sido subsumida en la posterior Ley de Ordenación del Territorio de Canarias
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones
Texto legal de ámbito estatal promovido para superar el problema ocasionado por la sentencia derogatoria del Tribunal Supremo sobre la Ley del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1992. Abrió la puerta a la consideración como urbanizable de la totalidad del suelo no protegido. En Canarias fue sustituida por la Ley de Ordenación del Territorio que considera la totalidad del suelo rústico dentro de categorías protegidas e impide por tanto, la urbanización indiscriminada. Actualmente derogada.
Decreto 35/1995 de 24 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de contenido ambiental en los instrumentos de planeamiento ---> <---Intenso texto legal que quiso controlar los excesos formales y documentales de los estudios ambientales exigibles a los instrumentos de planeamiento que se desarrollaran en el archipiélago. Ha sido recientemente derogado por la Ley de Medidas Urgentes. Decreto 11/1997 de 31 de enero por el que se regula la constitución de un censo de edificaciones no amparadas por licencia y por el que se establecen los supuestos de suspensión de la ejecutoriedad de las órdenes de demolición
Esfuerzo legal para encajar dentro de la legalidad a un conjunto de más de 30.000 viviendas clandestinas, realizadas en el suelo no clasificado como urbano de las islas Canarias---> <--- Imagen de satélite de las islas Canarias, situadas frente a la costa de África Occidental

A partir de la promulgación de la Ley del Territorio de Canarias, a finales del siglo pasado, se inició en este campo un proceso legislativo de mayor intensidad y que ya lleva 9 años de esfuerzos continuados. Surge como un esfuerzo para frenar y racionalizar la progresiva urbanización de la mayor parte del territorio no valorado como interesante desde el punto de vista biológico y paisajístico. El texto más relevante de este período es el que se refiere a las Directrices de Ordenación, un inmenso repertorio de disposiciones interpretables de muy diversas maneras.
En estos años, la paulatina complejización y superposición de textos legales ha ido acelerándose progresivamente hasta llegar al galimatías actual: un extenso repertorio de leyes que dificulta enormemente los procesos de toma de decisiones para cualquier tipo de iniciativas.
Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias
El pilar fundamental de la legislación canaria actual en materia de planeamiento y ordenación del territorio y el urbanismo. Tiene la ventaja de una clara exposición de conceptos y la introducción de parámetros incontrovertibles.
Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma
Una ley que intentó dinamizar ese segmento de la actividad económica en las tres islas que no han logrado incorporarse al ingente desarrollo turístico experimentado en este archipiélago. Ha tenido escaso éxito hasta la fecha.
Ley 2/2003, de 7 de febrero, de Vivienda de Canarias
Ley que formula el marco para el desarrollo de las actuaciones en vivienda protegida dentro del archipiélago canario y que contiene preceptos que afectan a la ordenación territorial. Ha sido parcialmente enmendada por textos posteriores.
Ley 19/2003 de 14 de abril por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias
Una ley excesivamente extensa con 8 disposiciones adicionales, 7 transitorias y 3 finales, y cuyo repertorio es de cumplimiento obligatorio extendiéndose a lo largo de más de 175 Directrices, cuya media de texto se sitúa en las 700 palabras y algunas de las cuales superan a las 1.000. Su principal problema es la ambigüedad de sus determinaciones lo que posibilita lecturas y exigencias contradictorias.
Decreto 183/2004, de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias
Un paciente trabajo de clarificación de los procedimientos para facilitar a los particulares y administraciones la difícil gestión y ejecución de los planes urbanísticos.
Ley Autonómica 1/2006 de 7 de febrero por la que se modifica la Ley 2/2003 de 30 de enero de Vivienda de Canarias
Esta modificación legal tuvo como objetivo agilizar la incorporación de más suelo urbanizado siempre y cuando una parte sustancial del suelo se reservara para actuaciones de vivienda protegida. Establecía mecanismos deficientemente formulados para sobrepasar algunas excesos cautelares del resto de la legislación territorial. Ha tenido escasa virtualidad efectiva.
Ley 9/2006 de 28 de abril sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente
Ley estatal que transcribe la Directiva Europea 2001/42/CE y que garantiza una homologación en el conjunto del estado español de los procedimientos de avaluación del impacto ambiental de los instrumentos de planeamiento
Decreto 55/2006 de 9 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias
Rige sobre el conjunto de trámites y procedimientos que afectan a la redacción y aprobación de los planes urbanísticos y territoriales que se realizan en el archipiélago canario. Plantea trámites inverosímiles y lapsos de imposible cumplimiento sin precisar conceptos en muchos casos.
Ley 4/2006 de 22 de mayo de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo
Modificación legal que pretendió regularizar por segunda vez y situar dentro de la legalidad el conjunto de viviendas clandestinas, realizadas en el suelo rústico canario en los años siguientes a la aprobación del Censo de edificaciones no amparadas por Licencia.
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo.
Última modificación de la Ley del Suelo nacional que rige sobre el conjunto del territorio español y deroga la anterior de 1998. Ha incorporado nuevos requisitos técnicos a añadir en los instrumentos de planeamiento en un intento de atajar los desmanes y el crecimiento desmedido que se ha venido produciendo en las costas españolas. Ha tenido la virtud de clarificar las categorías básicas del suelo, dividiéndolo en dos grupos fundamentales, rurales y urbanizados.
Ley 6/2009, de 6 de mayo de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo
Una ley que diagnóstica por primera vez el progresivo encorsetamiento legal del archipiélago, fenómeno que está impidiendo acciones económicas esenciales para el normal desenvolvimiento colectivo. La ley de Medidas pretende permitir actuaciones muy concretas no posibles anteriormente.
Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario
El objetivo de esta modificación ha sido la clarificación sobre cuales superficies de la costa eran núcleos de población anteriores a la aplicación de la Ley de Costas estatal. Actualmente está recurrida ante el Tribunal Constitucional y, por ello, sin efecto hasta tanto haya una resolución definitiva
Una primera conclusión que cabe extraer del panorama anterior es que Canarias cuenta con la mayor densidad legislativa existente en una comunidad autónoma dentro del territorio español. 12 documentos legales aprobados por el Parlamento regional y las Cortes Generales en 10 años escasos. Y a los que se superpone toda una práctica anterior, ya de por sí extensa.
Algunos presumen del carácter avanzado de este cuerpo legal; lo que no valoran es el notable grado de indefinición y dificultad para la compresión que presenta este denso bagaje jurisprudencial sobre el territorio: Ello obstaculiza la tarea administrativa subsiguiente de una manera relevante. La burocratización, la extensión de plazos y la discusión bizantina sobre cualquier tipo de cuestiones que afectan al territorio es la consecuencia que se padece.
Como cualquiera puede vislumbrar, esta fronda de textos legales expuesta (algunos muy complejos y contradictorios) ha establecido un férreo marco administrativo que puede ser la mayor pesadilla para cualquier gobernante o administrado que tenga que lidiar con ella.
Logotipo alternativo crítico con la situación del territorio de Canarias. Fuente: Canarias Bruta--->