Es la respuesta oficial que puede darse a la pareja de lesbianas que demandó a la Seguridad Social por negarles el tratamiento de reproducción asistida que necesitan
para ser madres. “Tania y Verónica –nombres supuestos de las
demandantes, que no han querido hablar con los medios de comunicación–
alegan que la limitación impuesta por el Gobierno en octubre de
2014 atenta contra la igualdad y es anticonstitucional, según afirma su abogada,
Carmen de Miguel, directora legal regional de Women’s Link, la
organización que les ha dado apoyo”, afirma el periódico El País.
“Las limitaciones a la prestación de la reproducción asistida derivan
del real decreto de abril de 2012 que se dictó para recortar 7.000
millones en el gasto sanitario público. En concreto, esta partida debía
suponer 54 millones. El texto restringía el acceso a estas técnicas a
“aquellas personas con imposibilidad de conseguirlo (el embarazo) de
forma natural”. Y se especificaba que esto podía deberse a “un trastorno
documentado de la capacidad reproductiva” o a “ausencia de consecución
de embarazo tras un mínimo 12 meses de relaciones sexuales sin empleo de métodos anticonceptivos”. Con ello dejaba fuera a
mujeres solas que quisieran inseminarse, o a parejas de lesbianas que
desearan ser madres, ya que se les exigía haber mantenido coitos
vaginales (por tanto, con un hombre).”
“La entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, justificó este recorte
alegando que “la falta de varón no es un problema médico”, con las
consiguientes protestas de organizaciones de mujeres. Para las que
quisieran ser madres sin tener relaciones sexuales con hombres, quedaba solo la opción de acudir a una clínica
privada”.
Lla ley en nada afecta la libertad del colectivo LGTB. Los
fondos que dispone Sanidad son exclusivamente para fines médicos como
lo expresó la entonces Ministra Ana Mato.