En la Argentina, para ingresar al Poder Judicial son más importantes las conexiones familiares que el currículum vitae. Daniel Herrera Piedrabuena, juez federal de La Rioja, es un ejemplo de esta lógica. Al menos una cuñada, un concuñado, yernos y un primo trabajan con él (según datos de julio de 2024), en la única dependencia federal de primera instancia existente en esa provincia.
El caso de Herrera Piedrabuena (quien no respondió la consulta que se le realizó en el proceso de identificación de los parentescos) se destaca porque, hasta hace un tiempo, regía una especie de regla tácita que disimulaba los nombramientos de parientes mediante la práctica de destinarlos a otras oficinas o unidades de la propia Justicia Federal. Pero con este juez esa regla no se aplica: todos sus parientes se desempeñan en su juzgado. Es una verdadera familia judicial, más unida y cercana que nunca.
Pero no es la única. Esta investigación periodística de Chequeado y CONNECTAS detectó que al menos 46 de 114 jueces federales de 14 provincias tienen familiares designados en el Poder Judicial. A esta cifra se llegó a través de un análisis de las planillas de personal de julio de 2024 publicadas por el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Tomando como punto de partida una base de datos elaborada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), se pudo realizar por primera vez un mapa de las relaciones familiares que existen hoy en parte de la Justicia federal argentina.
Los nombramientos de parientes de magistrados son tantos que en Córdoba, por ejemplo, han llevado a poner en duda la imparcialidad de los magistrados al momento de hacer justicia. En 2017, una abogada defensora alegó que temía la posible parcialidad de la jueza Graciela Montesi en un caso donde debía revisar la sentencia de un par suyo, Hugo Vaca Narvaja. Éste acababa de proponer la contratación de un hijo de ella, Tomás Bobone, pedido al que había accedido la Cámara Federal que integra la magistrada y madre.
La camarista impugnada respondió que ella no era la única que tenía familiares en los tribunales cordobeses y apuntó contra otro juez, Ignacio María Vélez Funes (hoy jubilado). Éste no se quedó atrás y también metió en el tema al magistrado Abel Guillermo Sánchez Torres por sus parientes nombrados. Al final de este paseo por la familia judicial de Córdoba, la Cámara (Vélez Funes entre ellos) rechazó la recusación de Montesi y afirmó que era " de mal gusto " hablar de los parientes empleados en los tribunales.
Dos años después, Montesi volvió a ser cuestionada junto a su par Sánchez Torres por el impacto de sus relaciones personales en su deber de guardar imparcialidad. En aquella oportunidad, el planteo fue firmado por tres de sus compañeros en la Cámara, Liliana Navarro, Vélez Funes y Luis Roberto Rueda (falleció en 2021), y dirimido en la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Navarro, Vélez Funes y Rueda reprocharon la manera en la que Montesi y Sánchez Torres se había manejado para cubrir un cargo en el estrado y, entre otros argumentos, alegaron que aquellos estaban obligados a inhibirse por "resultar incompatible que ambos magistrados cumplan funciones en 'el mismo tribunal por la relación personal' que los une, y que ellos han hecho pública en todos los ámbitos de la sociedad cordobesa...".
¿Qué hizo el máximo tribunal del país? Rechazó el planteo, y dijo que las causales de excusación y de inhibición no se aplicaban a los temas de superintendencia. En cuanto a lo manifestado sobre el vínculo entre Montesi y Sánchez Torres, la Corte afirmó que se trataba de "expresiones impropias", que "ponían de manifiesto una actitud teñida de subjetivismo e invasiva de la intimidad que es ajena, por cierto, a la prudencia, circunspección y mesura que son componentes indispensables de todos los actos de un magistrado".
Los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Highton (se jubiló en 2021) consideraron que los jueces sólo debían confrontar opiniones entre ellos con respeto, y razones fundadas en el derecho. De esa manera, dieron el tema por cerrado, y avalaron la posición de Montesi y Sánchez Torres.
Pero a pesar de que en la Justicia prefieren no mencionar el tema, se trata de una realidad conocida y naturalizada en los juzgados y estrados federales de todo el país. E incluso en la propia Corte Suprema. Los 89 familiares de jueces identificados en esta investigación aparecen trabajando en distintos peldaños de la carrera judicial, algunos en los de mayor jerarquía: 15 de ellos son secretarios. Estos puestos valen por sí mismos y por su proyección en la escalera de ascensos. De hecho, ciertos magistrados en funciones iniciaron su trayectoria judicial designados "a dedo" y, luego, concursaron en el Consejo de la Magistratura de la Nación para acceder a sus juzgados y vocalías actuales.
Es el caso de Verónica Skanata, hoy titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº1 de Posadas (Misiones). Skanata es hija de la camarista federal Mirta Delia Tyden y del exjuez civil de Oberá, Julio José Skanata. Según el currículum vitae que presentó en el Consejo de la Magistratura de la Nación, Verónica Skanata se recibió de abogada en 2001 y poco después, en abril de 2002, fue designada en forma discrecional secretaria del Juzgado Criminal y Correccional de Misiones. Esto quiere decir que, por decisión de la Cámara Federal que integra su mamá, pasó a desempeñarse en uno de los puestos más altos del funcionariado judicial sin haber tenido experiencia laboral.
Nueve años más tarde, Skanata concursó en el Consejo de la Magistratura y se convirtió en jueza: primero con una subrogancia (designación temporaria) en el Juzgado Federal de Oberá; y después, con un nombramiento en propiedad, donde quedó sujeta a la jurisdicción de su madre. El cargo de secretaria era en 2011 uno de los antecedentes principales de su CV. Ni la hija, Verónica Skanata, ni la madre, Mirta Delia Tyden, quisieron hacer comentarios al respecto.
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