La Familia Real, Rajoy y sus ministros.

El MCRC (Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional)
Un grupo de ciudadanos de Madrid, Sevilla, Londres y Munich han presentado ante la Fiscalía Anticorrrupción, en representación del Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional (MCRC), una demanda contra el rey, don Juan Carlos, por un presunto delito de cohecho pasivo impropio al aceptar que el empresario saudí, Mohamed Eyad Kayali, afrontara los gastos de su último safari en Botsuana. Administrador y hombre de confianza del príncipe Salman bin Abdulaziz al Saud, ministro de Defensa de Arabia Saudí y representante de los negocios de la dinastía saudí en España, Kayali fue uno de los hombres que intercedieron para la concesión a España de la construcción del AVE entre La Meca y La Medina. La denuncia, laborada por el abogado José Luis Escobar y patrocinada por el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, intenta justificar los motivos por los que el monarca español podría haber cometido un delito de cohecho impropio. Escobar alegando que se produce este delito cuando una autoridad admite, en provecho propio, una “dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo”, según el artículo 422 del Código Penal. La acusación precisa que el Rey solamente “es irresponsable en sus actos como jefe de Estado, para los que necesita el refrendo de un miembro del Gobierno”. Y añade que la irresponsabilidad no implica que don Juan Carlos “pueda hacer lo que desea, sino justo lo contrario, que no puede oponerse a decisión alguna de las que tiene encomendadas constitucionalmente”. Escobar rebate que esa irresponsabilidad no puede concebirse como un “privilegio personal”, según preserva el artículo 65 de la Carta Magna y ratificó España en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (17 de julio de 1998) que, en su artículo 27.1, establece que el tratado es aplicable “por igual a todos” y, por tanto, “el cargo oficial de una persona, sea jefe de Estado o de Gobierno, no le exime de responsabilidad penal en ningún caso”. Los demandantes sostienen que llegarán “hasta el Tribunal Constitucional” para que, al menos, se emita doctrina de hasta qué punto es inviolable un jefe de Estado. Dicha demanda está interpuesta por varios integrantes del MCRC –liderado por Antonio García-Trevijano–, así como otros particulares residentes en Alemania e Inglaterra, que se han sumado a la denuncia.

Aparte del desarrollo de esta demanda, la Mesa del Congreso decidió hace unos días rechazar las preguntas planteadas al Gobierno por el diputado de IU, Ricardo Sixto, sobre la supuesta relación del rey con la empresa de Iñaki Urdangarín, el Instituto Nóos. La razón, según informaron fuentes de la Mesa, es que el caso está pendiente de resolución judicial. Sixto planteó estas preguntas, citando varios correos electrónicos que el exsocio de Urdangarín, Diego Torres, envió al juez que investiga los negocios de la empresa, en los que el duque de Palma supuestamente mencionaba al monarca y a la infanta Cristina como mediadores en las actividades de Nóos. Izquierda Unida también pidió explicaciones al Gobierno sobre un violonchelo del cuarteto Stradivarius propiedad de Patrimonio Nacional, que se rompió durante una sesión de fotos en el Palacio Real. El instrumento musical estaba siendo manipulado por un luthier que había obtenido permiso para acceder a él. IU quiere saber si la Casa Real medió para permitir que el luthier tuviera acceso al Stradivarius, que puede costar entre veinte y veintidós millones de euros, así como el montante que supondrá su reparación. Estas y otras preguntas fueron vetadas por El Congreso, gracias a los votos del PP, del PSOE y de CiU, idénticos en estas y otras cuestiones pese a las aparentes divisiones. Mosqueado por estas prohibiciones, Gaspar Llamazares, de IU, cambió el curso de sus preguntas a la Cámara. “Si el Ejecutivo no quiere responder de sus competencias –señaló el parlamentario– y tampoco la Cámara quiere dar transparencia a la Jefatura del Estado, nos dirigiremos al jefe del Estado y a la Casa Real para que se nos expliquen cuestiones que nos afectan, como el coste de la cacería, el patrocinador de la misma u otro tipo de actividades que tienen resultado para la economía española, como las gestiones del rey”. El diputado avisó en rueda de prensa en la cámara baja: “Esperamos que la Casa Real dé un paso, abandone su actitud de resistencia defensiva y demuestre que esas disculpas que pidió el rey eran con la boca grande y no con la boca pequeña. Es decir, que las disculpas vengan acompañadas de transparencia y de rectificación. Si no es así, si no hay respuesta o es lacónica, deduciremos que no eran disculpas, sino excusas, y a nosotros no nos van a convencer las excusas”.

Gaspar Llamazares, en rueda de prensa en el Congreso, acompañado del diputado de IU por Valencia, Ricardo Sixto.

Porque no fueron un par de preguntas sobre la cacería africana, sino 61, 34 de las mismas fueron frenadas en la Cámara. A IU le dejaron pasar 5 de las 16 presentadas; a ERC, ocho de las 28; a ICV, 9 de las 12, y a UPyD le admitieron cinco. La Mesa únicamente toleró las cuestiones sobre el conocimiento del Gobierno del viaje del rey Juan Carlos y del coste para el erario público. Pero no tramitó preguntas como quién patrocinó el safari, quién acompañaba al monarca, cuánto supuso la repatriación y la hospitalización, qué papel jugó la alemana Corinna Zu-Sayn Wittgenstein –presunta amiga íntima del rey y citada en varios medios como “consejera estratégica” y representante de Juan Carlos– o si el Gobierno de Mariano Rajoy creía pertinente la excursión cinegética del jefe del Estado en pleno colapso económico. La Mesa se aferró a los artículos 56. 3, 65 y 66 de la Constitución. El primero de ellos consagra que la persona del rey es “inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, mientras que el 65 remite a que el monarca distribuye “libremente” su presupuesto. El órgano alega en su escrito que las 11 cuestiones vetadas “versan sobre materias a las que son de aplicación los artículos 56. 3 y 65” de la Carta Magna y “no sometidas al control parlamentario de la Cámara”. “Las preguntas –agrega– se refieren a materias ajenas al Gobierno, por lo que no pueden considerarse ejercicio de la facultad de control por parte de los diputados en los términos que el artículo 66 de la Constitución configura dicha función”.

Elefante republicano, sentado bajo el trofeo real.

Justificar el bloqueo por la “inviolabilidad” de Juan Carlos supone, para Llamazares, ir “un paso más allá”. El líder comunista reprocha: “La Mesa convierte a la Casa Real en una Cámara oscura, intenta ocultar al rey detrás del elefante y no es el mejor camino”. Y recuerda que todavía están tramitándose dos mociones de IU: la necesidad de arbitrar un Estatuto de la Corona y de tasar la comunicación del Gobierno y el rey en los viajes privados de éste.

El rey, de caza en Botsuana.

ICV, BNG y ERC prometieron “estudiar” la iniciativa de Llamazares, pero todos insistieron en que por lo que hay que pelear es para que la Mesa acepte calificar cualquier pregunta al Gobierno relativa a la Corona, porque todas esas cuestiones son “procedentes”. El más entusiasta fue Francisco Jorquera, portavoz del BNG. Desde ERC tienen algunas “dudas”, puesto que no hay que esperar del monarca “un acto de gracia” como responder discrecionalmente a unos parlamentarios, sino que es el propio jefe del Estado el que ha de estar “sometido al control de las Cortes”. Para ellos, “lo que está en cuestión es la monarquía como institución ajena al principio democrático, que es lo que no cuestionan PP, PSOE ni CiU". En ICV, respetan y aplauden asimismo el impulso de IU e insisten en apretar las tuercas a la Mesa y en condenar su “papanatismo” que sobreprotege al Gabinete de Rajoy. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) decide apuntarse a la ofensiva parlamentaria de la izquierda para conocer más detalles de las condiciones en las que se produjo el viaje del rey a Botsuana y el grado de conocimiento del Gobierno de dicho desplazamiento. El Bloque también pide explicaciones sobre el coste del viaje y quién lo financió, o sobre el personal que acompañó al monarca. Los nacionalistas gallegos aprovechan, además, para formular otras cuestiones, como que el Gobierno explique por qué recortó sólo un 2% el presupuesto de la Casa Real frente a la reducción del 19% en las cuentas de ministerios importantes como los de Educación o Sanidad. O si el Ejecutivo entiende el malestar que esto puede crear en los ciudadanos, que “van a tener que asumir el repago farmacéutico, el aumento desmesurado de las matrículas universitarias, o recortes en servicios públicos esenciales”. Además reclaman al Gobierno que detalle cómo se gasta la Casa Real el presupuesto consignado.

El Congreso no quiere arrojar luz sobre la Casa Real. El ERC insiste.

Pese a todos estos movimientos de parte del Congreso de los Diputados, las preguntas sin respuesta se acumulan en el Congreso, sin visos de que sean aclaradas. Estas fueron las 36 preguntas de ERC, en el Parlamento:
1. ¿Qué asignación recibe la infanta Cristina?
2. ¿Y Elena?
3. ¿Y el príncipe?
4. ¿Qué tipo de declaración de Hacienda hace la familia real?
5. ¿Qué miembros de la Casa Real reciben sueldo público?
6. ¿Qué miembros de la familia real cobran sueldo al margen de los Presupuestos?
7. ¿Paga la Casa Real luz, gas y teléfono?
8. ¿Recibe la Casa Real un trato de favor de sus proveedores?
9. ¿Se conocen los ingresos de la familia real que no están en los Presupuestos?
10. ¿Se sabe la fortuna personal del rey?
11. ¿Cuánto paga la familia real por mantener los títulos nobiliarios?
12. ¿Qué residencias tiene la Casa Real?
13. ¿Paga la familia real sus trajes?
14. ¿Paga la familia real por la sanidad?
15. ¿Y por la educación?
16. ¿La asignación a la Zarzuela es acorde con las subidas medias de sueldo?
17. ¿Se controla lo que saca e introduce el rey en España por valija diplomática?
18. ¿Qué ha hecho el rey en cinco años por el catalán, el gallego y el vasco?
19. ¿Y en los últimos tres?
20. ¿Debería estar la web de la Zarzuela en las lenguas cooficiales?
21. ¿Y por qué en inglés y no en las lenguas cooficiales?
22. ¿Deben estudiar en colegios públicos sus miembros?
23. ¿Y tratarse en la sanidad pública?
24. ¿Quién dice cuándo libra el monarca?
25. ¿Se podía haber evitado el ‘caso Urdangarin’?
26. ¿Por qué no son públicos los sueldos de los miembros de la Casa Real?
27. ¿Qué donaciones reciben y cuáles van a Patrimonio Nacional?
28. ¿Tienen que informar de las donaciones en visitas oficiales?
29. ¿Puede elegir el rey quién le acompaña a los viajes?
30. ¿Qué hace el monarca como jefe del Ejército?
31. ¿Por qué los sueldos, bienes y gastos no son públicos?
32. ¿Hay un registro de donaciones?
33. ¿Se fiscalizan los ingresos y gastos de la Casa Real?
34. ¿Quién decide quiénes son los que acompañan al rey en sus viajes oficiales?
35. ¿En qué negocios participan los acompañantes del rey en sus viajes?
36. ¿Han viajado con el rey personas con intereses en la industria armamentística?

La reina Sofía preside la jura de bandera de nuevos guardias reales y personal civil en el cuartel del Rey, en El Pardo.

Otros actos más recientes complican las relaciones entre la corona española y la inglesa. La reina, Sofía, tenía previsto viajar a la capital británica para asistir a los actos conmemorativos del 60º aniversario de la coronación de Isabel II, pese a que fuera a sonar música de la banda del regimiento británico de Gibraltar. La Casa del Rey ya había confirmado oficialmente la participación de la reina Sofía en los fastos organizados. El pasado día 10, García-Margallo aseguraba en el Senado que el viaje de Doña Sofía al Reino Unido era “absolutamente privado” y que el Gobierno no tenía nada que objetar, pese a que ya entonces había trasladado una protesta formal al Ejecutivo británico por la próxima visita del príncipe Eduardo a Gibraltar. El ministro de exteriores justificó sus palabras con el argumento de que la Reina se trasladaría al Reino Unido “como miembro de la familia real”, y añadía: “Entiendo que el Gobierno tiene pocas cosas que decir” sobre ese viaje. Pero, dos días antes, el Ministerio de Asuntos Exteriores convocó al embajador británico en España, Giles Paxman, para expresarle el “disgusto y malestar” del Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el anuncio de la visita a Gibraltar del príncipe Eduardo y su esposa, Sophie Rhys-Jones.

A principios de esta semana, ministro de Asuntos Exteriores, comunicaba a la Casa del Rey que Doña Sofía no debía asistir al jubileo de la soberana inglesa por la acumulación de agravios contra España cometidos en los últimos días por el Reino Unido, especialmente ante el anuncio de que el príncipe Eduardo, hijo menor de Isabel II, visitaría la colonia británica de Gibraltar del 11 al 13 de junio. Y prohibía ese viaje ante la ruptura de las negociaciones entre los pescadores de la bahía de Algeciras y las autoridades del Peñón, que impidieron a aquéllos faenar en unas aguas que consideran suyas, pero que España no reconoce como tales. En los últimos años, fueron frecuentes los incidentes entre pescadores andaluces y la Policía gibraltareña. El ministro de Asuntos Exteriores llegó a asegurar, durante una rueda de prensa en Brasilia, que fue informado en la capital brasileña de la decisión adoptada por La Zarzuela. Pero, fuentes diplomáticas aseguran que fue el propio García-Margallo quien se puso telefónicamente en contacto con el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, para comunicarle que el viaje debía suspenderse. Tras esa conversación telefónica, La Zarzuela hizo público un comunicado en el que dejaba claro que la decisión le había sido impuesta o consensuada entre Exteriores y la Casa del Rey. La nota rezaba así: “Cancelado el viaje de SM la Reina a Londres. El Gobierno ha considerado poco adecuado que en las circunstancias actuales Doña Sofía asista al jubileo de la reina Isabel”.

Antes del accidente del rey en su cacería de elefantes en Botsuana, el monarca tenía previsto viajar con su esposa a Londres el 18 de mayo al almuerzo en el castillo de Windsor y a la cena en el palacio de Buckingham. Después de la intervención, suprimió el viaje a Londres cuya iniciativa era secundada por la reina. Finalmente, ésta decidió secundar la prohibición del Gobierno de no asistir a la conmemoración. Anteriormente, se repitieron las quejas del Ejecutivo español ante los viajes a la Roca por parte de miembros de la Casa Real británica. La última, tachada de “inoportuna”, se produjo a raíz del viaje de la princesa Ana, hija de Isabel II, en 2009, por parte de Miguel Moratinos, a la sazón, jefe de la diplomacia. El “desaire” de la reina Sofía a Reino Unido por la cancelación del viaje del viernes pasado fue mal visto por los principales medios de comunicación británicos. La cadena BBC y los diarios “The Times”, “The Sun” y “The Daily Telegraph” recogieron la noticia en primera plana. La mayoría de los medios británicos no entendieron el gesto del gobierno español y de la corona de no asistir al almuerzo de Isabel II y el duque de Edimburgo lo consideró “poco adecuado” en las “circunstancias actuales”. “The Times” señala que “España y Reino Unido están envueltos en una nueva disputa diplomática”. En un artículo titulado “La tensión en Gibraltar se acerca al punto de ignición”, el diario afirmaba este viernes que “el desacuerdo entre Reino Unido y España por los derechos de pesca se ha convertido en una disputa diplomática que ha implicado a las dos Casas Reales y que podría desencadenar un enfrentamiento militar en las aguas de Gibraltar. Destaca que se podría dar el caso de que se solicite la intervención de “barcos de guerra de la Marina Real” británica, lo cual “podría llevar a un punto de ignición en las aguas de la pequeña colonia”. Por su parte, “The Daily Telegraph” señalaba que “el desaire de la Reina Sofía por Gibraltar demuestra el extraño funcionamiento del patriotismo”. Según el columnista Tom Chivers, la decisión de que doña Sofía no participase en los actos del aniversario de la coronación de Isabel II es el resultado de “una patética rabieta de niño pequeño" por parte de España.

Portada de "La Razón" de ayer.

“The Sun” afirmaba que “España ha elevado la tensión” a “un nuevo nivel”. Y señalaba que los gibraltareños decidieron en un referéndum celebrado hace diez años que no querían que los dos países compartiesen la soberanía del territorio. “A los gibraltareños les gusta ser un Territorio Británico de Ultramar”, aseguraba. “¿Por qué debería importar que algunos miembros secundarios de la familia real (británica) se paseen por allí como parte de las celebraciones por el Jubileo?”, se preguntaba en alusión a la visita que realizarán al Peñón el próximo mes de junio el Príncipe Eduardo (hijo de Isabel II) y su esposa el próximo junio. El diario “The Guardian” se centró en el 'desaire' de España a Reino Unido por la cancelación del viaje de la Reina Sofía y en cómo se justificó. Según este periódico, aunque esas “circunstancias” no se expliquen de forma expresa, queda “más claro que el agua” por qué se tomó esa decisión. Por su parte, la prensa española caldeó más aún el ambiente. Sobre todo, “La Razón”, en la portada de ayer, con una foto del portahelicópteros de la Royal Navy, preparado para el desfile aéreo de homenaje a la reina inglesa.

Patrullera de la Guardia Civil, forzada a retirarse por la Royal Navy.

El la noche del jueves, la Royal Navy obligó una patrullera de la Guardia Civil que protegía a una flotilla de pesqueros andaluces a alejarse del Peñón y regresar a puerto, tras advertirle de que se encontraba en “aguas territoriales británicas”. El incidente se produjo tan sólo 24 horas después de que el Gobierno cancelase el viaje de la reina Doña Sofía a Gran Bretaña. Los militares avisaron hasta tres veces a la embarcación española de que “acaba de entrar en aguas territoriales británicas de Gibraltar”, y le exigieron que “abandone la zona de manera inmediata”. El incidente comenzó cuando una decena de pesqueros procedentes de Algeciras comenzó a faenar a unos 400 metros del Detached Mole, una zona marítima que el Gobierno gibraltareño veta desde hace cuatro meses a las embarcaciones españolas por considerar que se encuentra en sus aguas territoriales. Los pescadores, lejos de cumplir las órdenes de la policía gribaltareña, avisaron por radio a la Guardia Civil de que estaban siendo hostigados por aquélla, y sobre las 23.30 horas una patrullera del instituto armado llegó a la zona para darles protección. Las patrulleras de la Royal Gibraltar Police informaron a la Guardia Civil de que debía conminar a los pescadores a retirarse. Media hora después, la Armada británica exigió a la Guardia Civil que abandonase “de manera inmediata” la zona. A media noche de la madrugada del viernes, los pesqueros españoles, escoltados por la Guardia Civil, iniciaron el regreso a Algeciras.

El Gobierno no incluye la Casa Real en la Ley de transparencia. El Gobierno español ha hecho caso omiso a las propuestas planteadas por varios ciudadanos y organizaciones para que la Casa Real estuviera incluida en la ley de transparencia que va aprobar el Ejecutivo. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, explicaba hace dos días que la Casa del Rey no estará incluida en esa nueva normativa porque “no forma parte del grupo de administraciones públicas” que deben facilitar documentos a la ciudadanía.

Pierre Moscovici, nuevo ministro de Economía del Gobierno francés y mano derecha de Hollande, está dispuesta a ejercer toda la presión necesaria ante Angela Merkel para cumplir sus tres grandes objetivos: mantener a Atenas en el euro, completar el pacto fiscal con convincentes medidas de estímulo y abrir la toma de decisión desde el directorio franco-alemán a todos los socios e instituciones europeos. El primer día de trabajo de la administración socialista estuvo cargado de símbolos y mensajes de ruptura con la presidencia de Nicolas Sarkozy. En la primera decisión del consejo de ministros, los miembros del Gabinete y del presidente redujeron sus sueldos en un 30%, al contrario de Sarkozy cuya primera medidas fue subirse subió el sueldo un 170%. Las dos cabezas del Ejecutivo y los 34 ministros (17 hombres y 17 mujeres) firmaron un estricto código deontológico y de austeridad personal y moral. Y limitaron tanto el número de ayudantes (un máximo de 15 los ministros, y 10 los viceministros), como los gastos de sus gabinetes en un 10%, haciendo pública su renta y sus viviendas, absteniéndose de ayudar a familiares o amigos, y poniendo su patrimonio “en manos de un intermediario acreditado”. Además, no podrán acumular cargos ni salarios, ni aceptar regalos de cuantía superior a 150 euros, ni “invitaciones privadas de Gabinetes extranjeros o personas físicas o jurídicas relacionadas con su departamento”. Y deberán favorecer la democracia participativa “escuchando a los ciudadanos”, utilizando “las posibilidades que ofrece Internet”, y compartiendo en la Red, “de una forma cómoda y gratuita, el mayor número posible de datos públicos”. Algo que contrasta con el Gobierno español, que se ha dedicado, hasta el momento, a lanzar tijerazos a diestro y siniestro, aumentando el numero de sus consejeros y protegiendo, eso sí, los sueldos de sus ministros. Mariano Rajoy viajará el próximo miércoles a París para mantener su primer encuentro con Hollande, horas antes de la cumbre de la UE convocada en Bruselas.

El recorte de la Casa Real se queda en un 2% –explica Qaesar en “El Ventano”–. “El Gobierno de Rajoy se ha “olvidado” de la Casa Real a la hora de meter la tijera. Así, el rey y su familia solo sufrirán un descenso del 2% en sus ingresos. Los Presupuestos Generales más restrictivos de la democracia vuelven a dejar al margen a una institución, la Casa Real. Los enormes esfuerzos que las cuentas públicas exigen a los españoles y que se cifran en otro tijeretazo de 27.300 millones de euros, se reducen significativamente cuando se trata de aplicarlos a la monarquía. Según se puede desprender del desglose de los presupuestos presentados en el Congreso de los Diputados por el Gobierno, en el apartado que hace referencia a la asignación que recibe la casa real consta que de cara a 2012 ésta ascenderá a 8,26 millones de euros. Esta cifra supone que el montante que el Estado destinará a sufragar los gastos reales tan solo se verá reducido un 2% con respecto al año pasado. En 2011, se dispuso que la Casa del Rey contara con 8.434.280,00 euros. Para empezar ese recorte del 2% queda muy lejos del que se aplicará a los presupuestos con los que contarán todos los ministerios, que se elevará al 17%. Pero es que también es menor al que supuso la cifra asignada para la monarquía en 2011 con respecto a la de 2010, que fue del 5,2%”.

Entramos en la segunda parte de este blog dominical con el humor. Tras escuchar el consejo del Ministerio de Trabajo, citamos las ciñatas de El Ventano, Forges, Ferrán, J. R. Mora, Quille’12, Peridis y Varona.

Pep Roig dibuja esta semana: Los oficios de la crisis, Licencia de caza de jubilados, La primicia de riesgo...

Terminamos con cuatro vídeos. Los dos primeros sobre el crédito al descrédito, de Jordi Évole:
Mark Miquel, propietario y Director General de Poly Klyn... Cuenta sus problemas con los bancos y la financiación...
Entrevista de Jordi Évole a Francisco Álvarez Ex Vicepresidente de la Bolsa de París.
El tercero, sobre Michael Andreas, un niño de 10 años que tocó el pasado 4 de marzo el concierto número 1 de Beethoven con la orquesta en el Auditori Vilafranca del Penedés