Estos días han sido profusos en crónicas de la España más negra, crónicas de criminales de altos vuelos y bajos instintos, a los que no quiero dedicar ni un minuto, porque prefiero dedicar mi tiempo y esfuerzo en publicitar algo que seguramente habrá pasado mucho más desapercibido y puede ser tan grave o más, la privatización de los servicios de colocación.
La privatización de los servicios de colocación ya es un hecho, recayendo estas competencias en seis empresas diferentes, siendo las más importantes Manpower y Adecco dos famosas empresas de trabajo temporal.
Lo triste del caso es que: primero, no se le ha dado excesiva publicidad a la privatización de dicho servicio; segundo, al no existir un estudio serio y riguroso hecho por la propia administración, sobre el coste medio que representa para los servicios de empleos públicos la colocación de un desempleado, ha llevado al gobierno a hacer suyos los números del estudio realizado por la propia patronal de las ETTs y la consultoría PricewaterhouseCoopers (PwC).
El estudio ha acotado lo que según ellos representa la partida presupuestaria que las oficinas de empleo gastaron durante el 2013 en las labores de intermediación para la colocación de los desempleados de este país, según este estudio el gasto ascendió a 3.765 millones de euros –y quién se lo cree-. Una vez se ha hecho el cálculo del gasto se divide entre el número de desempleados a los que se les consiguió encontrar una colocación, 267.826 personas, durante el pasado año. Y al final tenemos que según la patronal del sector de las ETTs en España se gastó una media de 14.059 euros por cada colocación.
Con estos números no es de extrañar que quieran hacer creer a la gente que destinando una partida algo menor, a la que supuestamente se gasta en dar este servicio, la privatización es la opción más rentable para las arcas del estado.
En el colmo de la desfachatez el estudio dice que aun incrementando en un 10% el gasto realizado por los servicios de colocación (108,30 millones) el estado saldrá ganando considerablemente con la privatización del servicio al estimar que podrían encontrar colocación a 25.849 parados. Con la colocación de estos más de veinticinco mil desempleados, y suponiendo que tuviesen trabajo durante un año, el estado podría tener un beneficio de 4.958 euros por desempleado al año, al considerar que aun teniendo el salario mínimo podrían generar per cápita: 3.257,48 euros de ingresos en cotizaciones a la Seguridad Social, 6,28 euros en pagos del IRPF y 360,72 euros de IVA en consumo, a lo que sumarle 1.333,52 euros de ahorro en prestaciones por desempleo. Lo que según los autores del estudio supondría un total de 128,16 millones de beneficios totales, lo que representaría un gran negocio para el estado al conseguir una rentabilidad del 18,7%.
El presupuesto aprobado este año para financiar a estas empresas de colocación se ha iniciado con 30 millones de euros, pero en los presupuestos generales del próximo año ya se contempla una partida de 110 millones, dinero que a buen seguro de ser gestionado por las propias administraciones públicas repercutiría mejor en el propio beneficio del estado cosa que no ocurrirá al ser traspasada la competencia a la empresa privada, ya que seguramente acabará enriqueciendo a las seis empresas afortunadas, elegidas de manera totalmente arbitraria, que conseguirán pingües beneficios con la colocación de unos cuantos trabajadores y la explotación de los suyos propios.
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