La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decido no denunciar la manipulación de una traducción por la que la justicia belga aceptó una demanda civil de Carles Puigdemont contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa de los golpistas catalanes que pronto serán juzgados.
Por tanto, no impugnará la intromisión de la belga y la falsificación de unas palabras de Llarena, base de su demanda, lo que supone una traición a una democracia como la española, de primerísimo nivel para los principales baremos internacionales.
(Siete de los 13 países europeos con democracias plenas, entre ellos España, tienen monarquías parlamentarias, y la inquisidora Bélgica --otra monarquía--, Francia e Italia, por ejemplo, no aparecen en este cuadro, pues son democracias defectuosas)
El huido Puigdemont en Bélgica, asistido por el abogado Gonzalo Boye-- cómplice de ETA y condenado por el secuestro de Revilla--, presentó ante un tribunal belga unas declaraciones de Llarena sobre los delitos políticos.
Decía el magistrado del Supremo que de haberlos cometido (“si esto ha sido así”), los procesados tenían que ser investigados.
La traducción al francés eliminó el condicional “si esto había sido así” y lo transformó en afirmativo al decir que “había sido así”, lo que cambiaba radicalmente la frase al condenar ya a los procesados, lo que convertía al magistrado en prevaricador.
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, en un auto sobre la demanda de un grupo de juristas contra esa falsificación y contra la justicia belga, denuncia que nada podía hacer ella al oponerse la Fiscalía a esa demanda.
¿Por qué esa oposición de la Fiscalía, cuando numerosos juristas y la propia jueza reconocían la traducción falsificada descubierta por un profesor de francés en internet? Aunque fue corregida después, la demanda de Puigdemont ya había sido aceptada por un tribunal de Bruselas.
La presión para desacreditar a Llarena y al Supremo crece cada día, y su principal motor es la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que antes ya se había negado a pagar la defensa de Llarena en la capital belga.
La razón es clara: teledirige movimientos a favor de los golpistas siguiendo órdenes de Pedro Sánchez, traidor al Estado y a sus servidores por el apoyo a los presupuestos de un solo año.
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