En un movimiento estratégico, la Generalitat ha anunciado la construcción de una innovadora torre de oficinas junto al recinto de Fira de Barcelona en Gran Via.
Este paso marca un cambio significativo en la política patrimonial de la administración catalana, que busca revertir la tendencia de los últimos años, pasando de ser una entidad mayormente inquilina a convertirse nuevamente en una propietaria significativa de los inmuebles que albergarán a sus empleados públicos en el futuro cercano.
Giro de 180 grados en la política patrimonial con la construcción de la torre de oficinas
La administración catalana ha tomado la decisión de cambiar radicalmente su enfoque patrimonial en respuesta a un mercado inmobiliario volátil con precios de alquiler al alza.
En un esfuerzo por reducir el gasto en alquiler y liberar recursos para la prestación de servicios públicos, la Generalitat pretende aumentar su cartera de propiedades, pasando del actual 22% al 68% en los próximos 15 años.
Este cambio de dirección marca un giro de 180 grados, ya que entre 2012 y 2014, la administración catalana vendió 40 inmuebles en Barcelona para obtener ingresos y reducir el déficit público.
Esta nueva política responde a la necesidad de reubicar a aproximadamente 11,000 trabajadores en los próximos 15 años, cuando expiren los contratos de alquiler vigentes.
Torre Fira Generalitat: una apuesta de 68 millones de euros
Dentro de este ambicioso proyecto, destaca la construcción de una torre de oficinas junto al recinto Gran Via de Fira de Barcelona. Este edificio, con un presupuesto estimado de 68 millones de euros, ocupará una superficie de 25,000 metros cuadrados y albergará a 1,200 trabajadores.
La torre será parte integral del proyecto de expansión de Gran Via y se espera que esté completa para 2027. La Generalitat se convertirá así en el principal inquilino de este espacio compartido con la institución ferial.
Esta iniciativa fortalecerá la presencia de la Generalitat en el Paseo de la Zona Franca y concentrará a más de 6,000 funcionarios. Este movimiento estratégico permitirá abandonar la dispersión actual, donde alrededor de 20,000 empleados públicos se encuentran distribuidos en aproximadamente un centenar de edificios en Barcelona.
El Distrito Administrativo de la Generalitat en L’Hospitalet de Llobregat, que alberga a unos 3,400 trabajadores, ya ha establecido un precedente exitoso en la consolidación de espacios y servicios.
La Generalitat también tiene la intención de transformar los edificios más antiguos hacia un nuevo modelo de oficinas, en consonancia con el Distrito Administrativo en el barrio de la Marina de Port. La optimización del espacio será clave, ya que se espera que alrededor de 6,500 trabajadores públicos se beneficien de estos cambios.
El enfoque incluirá oficinas sin lugares asignados, espacios flexibles y colectivos, eliminación del consumo de papel y un compromiso con la eficiencia energética. Además, con la tendencia actual de teletrabajo, se busca adaptar los espacios para encajar el máximo número de trabajadores de manera eficiente.
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