La guerra de los informes del Plan Centro de Sevilla

Recuerdo que durante una entrevista que realicé a Luis Ángel Hierro, con motivo de su candidatura a las primarias del PSOE que nunca fueron, y hablando sobre las tramas clientelares que agarrotan las estructuras de los partidos políticos, comentó que ocurría lo mismo entre los funcionarios.

-En los funcionarios también hay castas- me dijo.

Luis Ángel debe saber bastante del tema, puesto que es funcionario público desde hace un puñado de años.

Me ha venido a la mente el comentario a cuenta del pitote que se ha montado con los informes relativos al Plan Centro que ocupan las portadas de los medios locales y que son interpretados en función del color de la cabecera de turno, como viene siendo habitual.

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, afirmó durante la campaña electoral que pretendía otorgarle a los funcionarios el papel que les correspondía en la vida municipal, argumentando que ésa era la mejor manera de garantizar la imparcialidad y la transparencia de la institución. A tenor de cómo se ha desarrollado este asunto, me temo que la imagen ofrecida es radicalmente distinta.

Zoido prometió hasta la saciedad la derogación del Plan Centro, incluso llegó a ser tajante cuando dijo que sería la primera medida que impulsaría como alcalde. No se me ocurre entonces qué otro argumento necesitaba para hacerlo.

La simple enunciación de la promesa en el programa electoral y el absolutísimo respaldo obtenido en las urnas le bastaba y le sobraba para llevarlo a cabo.

Sin embargo Zoido, desconozco por qué misteriosa razón, se complicó la vida buscando una argumentación complementaria para la adopción de la medida que no era necesaria. Y ahí es donde comienzan a surgir los problemas.

Cuando se derogó finalmente el plan, el nuevo delegado de Movilidad, Enrique Medina, justificó la medida mediante un informe en el que alertaba de que el sistema de cámaras se encontraba desactivado por su alto “índice de error y de deficiencias”.

Obviamente esto hizo saltar de sus asientos a la oposición, contraria desde el principio a la derogación, y cuestionar las palabras del delegado, lo que provocó que Medina encargara un informe al Jefe de Sección del Centro de Control de Tráfico, Enrique Gutiérrez, alguien ajeno al proyecto y enfrentado a la delegación anterior.

El informe justificaba la medida adoptada porque, en palabras del portavoz del gobierno municipal, Francisco Pérez, el plan estaba "preñado de irregularidades y es un fraude desde el principio al fin".

Días después y a raíz del mismo, seis funcionarios de Tráfico y de Obras y Proyectos, que sienten cuestionado su trabajo por el contenido del informe de Enrique Gutiérrez, elaboran otros dos informes que contradicen al anterior.

En ellos aseguran que las cámaras no fallaban –de hecho afirman que estuvieron grabando hasta el 4 de agosto-, que la tramitación del Plan fue la correcta así como el concurso y que la facturación se llevó a cabo de la forma adecuada. Reconocen, eso sí, que no se multaba desde el 31 de marzo, debido a un problema de falta de personal no subsanado en su momento.

La oposición no ha tardado en acusar a Zoido de manipular y ocultar información a los ciudadanos que demostraban la fiabilidad del plan y el equipo de gobierno se escuda en que todos los informes, incluidos los últimos, confirman que el plan era un fraude (no se estaban poniendo sanciones y no se cumplía el tope de minutos establecido) y que se han puesto a disposición de la oposición en cuanto fueron elaborados, además de trasladar una nota a los medios de comunicación informando de su existencia.

Entre los entresijos de este embarullado galimatías cabe destacar tres cuestiones meridianas.

Los informes son contradictorios en bastantes términos, llegando a contener incluso veladas acusaciones entre los propios funcionarios, lo que no deja en buen lugar al estamento y está bastante lejos de esa garantía de imparcialidad y buen hacer que Zoido aseguraba con su puesta al frente de la gestión municipal. Como decía Luis Ángel Hierro, en todos lados cuecen habas.

Ha sido el propio Zoido quien ha facilitado copia de los últimos informes a la oposición municipal, cosa que antes no era así, aunque desconozco si el tiempo transcurrido entre su elaboración y la entrega ha sido tan dilatado como para que se pueda hablar de intento de ocultación de información.

Y finalmente, todo esto era cuanto menos innecesario y lo que ha conseguido es avivar una polémica que se me antoja va a ser larga, puesto que a Zoido le bastaba con esgrimir la contundencia y reiteración de su promesa electoral para justificar la derogación.

A veces, por evitar una polémica que puede ser incluso positiva generamos una mayor y que no conduce a ningún sitio, porque hoy la noticia es el rifirrafe entre las formaciones políticas y no, como debiera, las tan necesarias alternativas de movilidad que el casco histórico de Sevilla está pidiendo a gritos.

Actualización 20:30 horas: fuentes del Partido Polular afirman que los informes fueron puestos a disposición de la oposición el día 12 de agosto, tradándose lo mínimo en que los tuvieran. Si no los dieron antes fue porque los funcionarios se negaron y respetaron su decisión.

Según estas mismas fuentes, las contradicciones que se han hecho evidentes con la publicación del contenido de los informes dejan claro que es más que necesaria la comisión de investigación que pidió el gobierno municipal.

Además insisiten en que el contenido de los informes revela que el plan era un fraude, porque todos los informes reconocen que no se cumplían los 45 minutos y que dejó de funcionar.