Tras visitar la Santa Sede y Portugal, el nuevo rey de España, Felipe VI, ha elegido Marruecos como destino de su tercera visita oficial desde su proclamación. Se trata de la primera cita del recién nombrado monarca con su homólogo marroquí, Mohammed VI, y de la tercera visita oficial de un rey español al vecino del sur en tres años. No es casualidad que sea Marruecos una prioridad en la agenda de Felipe VI, como demuestra la prematura visita, como tampoco lo es la tradición existente entre los Presidentes de Gobierno de realizar la primera visita oficial al país magrebí: Marruecos es una pieza clave en la política exterior española.
La tradicional y firme apuesta por la monarquía alauí es uno de los rasgos característicos de la relación vecinal, que si bien hoy en día se caracteriza por la cordialidad, no ha estado exenta de momentos de tensión. Mohamed VI, que recogió el testigo de su difunto padre Hassan II en 1999, es un monarca que conserva en buena medida los rasgos autoritarios heredados de la tradición alauí, pese a sus esfuerzos por modernizar la imagen de la misma. Son tiempos de cambio en el mundo árabe, y sabedor de ello, la última intentona atribuida al rey marroquí ha sido dejar circular imágenes de su vida privada que un presunto fanático suyo publica en Facebook. Salvando las distancias, la pretensión de Mohamed VI no es muy distinta de la tarea que tiene por delante su homólogo español, que debe renovar la imagen de la Casa Real si quiere hacer que buena parte de los españoles recobre la confianza perdida en la institución monárquica en los últimos años.
Más allá de los puntos en común que puedan tener ambas jefaturas de estado, la compleja relación hispano-marroquí es una piedra angular en la política exterior de ambos países. Tanto Felipe VI como Mohamed VI comparten intereses para que sus reinados se caractericen por la concordia y la colaboración entre vecinos, pese a los conflictos enquistados que aparecen en la escena bilateral de forma cíclica. Estos puntos de desencuentro han sido tradicionalmente mitigados por la necesidad de establecer unas relaciones normalizadas que permitan sacar el máximo partido a la creciente y diversa interdependencia hispano-marroquí. No es de extrañar, por tanto, que desde el gobierno de Aznar los momentos de tensión entre ambos países se hayan caracterizado por su brevedad, en el ámbito de unas relaciones normalizadas. Es por ello que ambos monarcas son conscientes de la necesidad de cuidar con mimo una relación de vecindad que, por su particularidad geográfica, es de vital importancia para la estabilidad de Europa y el norte de África.
Independientemente del clima de hermandad que los reyes a una y otra orilla del Estrecho pretendan perpetuar, no parece probable a corto plazo que se alcancen acuerdos resolutorios en los temas territoriales, que amenazan con provocar una súbita escalada de conflictividad bilateral. En concreto, la posición española en el contencioso saharaui, que sigue condicionando todas las relaciones exteriores del vecino del sur, y las reivindicaciones marroquíes de territorios españoles en el norte de África, son a la par desafíos y condicionantes que tienen por delante ambos países en su relaciones recíprocas.
La posición de España en el conflicto saharaui
El apoyo al Frente Polisario (el movimiento de liberación nacional del Sáhara Occidental) y la defensa de los derechos saharauis con la que España comenzó su democracia se fue diluyendo con el paso del tiempo, a medida que España fue eludiendo responsabilidades como antigua potencia administradora. Con Felipe González se hizo evidente que el conflicto se enquistaba. La necesidad de preservar los intereses españoles y la estabilidad en la región primó en la política exterior española, que dio un viraje hacia una “neutralidad activa”, pese a que la opinión pública española era favorable a los saharauis. A partir de entonces, la posición española en el conflicto estuvo condicionada por su entrada en las Comunidades Europeas en 1986, y no se producirían cambios significativos hasta que Aznar asumió la presidencia. Éste reivindicó públicamente el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, lo que provocó un deterioro sustancial en las relaciones con Marruecos, que respondió con la intensificación de las reivindicaciones de las ciudades de Ceuta y Melilla como medida de presión. El desencuentro tuvo su culmen con la famosa ‘Crisis de Perejil’ en julio de 2002, en la que un grupo de Marines del Ejército Real Marroquí tomó la minúscula isla.
En 2004 Rodríguez Zapatero llegó al Gobierno con el objetivo de normalizar las dañadas relaciones con el vecino del sur. Para ello fue necesaria una vuelta a la neutralidad activa en el contencioso saharaui y una descarada apuesta por la monarquía alauí. En concreto, la posición del nuevo gobierno socialista respecto al contencioso del Sáhara Occidental implicaba la adopción de una diplomacia activa favorable al derecho de autodeterminación. Sin embargo, en última instancia, se produjo un giro promarroquí basado en la apuesta por el plan de autonomía que Marruecos propugnaba para el Sáhara Occidental.
Comenzaba un idilio entre Zapatero – Mohammed VI que no sería eterno. La primera visita de los reyes de España a las ciudades de Ceuta y Melilla, en 2007, no sentó bien en Rabat. En concreto, la visita Melilla coincidió con el día en el que se cumplían 32 años de la Marcha Verde con la que el reino alauí presionó a España para anexionarse el Sáhara Occidental, y Marruecos llamó a consultas a su embajador en Madrid. El hecho ocurría una semana después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se declarara competente para investigar un presunto genocidio de cientos de saharauis que pudieron cometer altos cargos de Marruecos durante las décadas de los setenta, ochenta y noventa. No obstante, la crisis apenas duró dos meses, debido a que Marruecos era el primer interesado en conservar las buenas relaciones, una vez tenía a España de su lado en el contencioso saharaui.
Un segundo momento de tensión llegó a finales de 2009 con el caso Aminatu Haidar. Fiel defensora de los derechos saharauis, Marruecos le suprimió el pasaporte por haber escrito “Sáhara Occidental” en el apartado de nacionalidad, y la deportó del país. La activista saharaui, que también poseía residencia española, se refugió en Lanzarote iniciando una huelga de hambre para reivindicar los derechos saharauis. Marruecos, consciente del progresivo descrédito que resultaba este asunto para su posición en el Sáhara, permitió a la independentista saharaui volver al Sáhara y evitar así males mayores. En el contencioso, el papel de España quedó en entredicho. Las gestiones del gobierno socialista no fueron suficientes para la solución del conflicto y, paradójicamente, Marruecos salió reforzado. España emitió un comunicado que abogaba por “una solución política, justa, definitiva y de acuerdo con las partes”, sin hacer referencia al referéndum de autodeterminación que anteriormente había defendido.
Con la llegada al gobierno del PP, que en la oposición criticó con dureza la gestión del gobierno socialista en el conflicto, las cosas poco iban a cambiar. El Ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, abogó por una “solución duradera, justa y mutuamente aceptable”, y reafirmaba su compromiso con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Al mismo tiempo que defendía el derecho de autodeterminación saharaui, manifestaba que no era competencia española “decir de qué forma las partes entienden que se debe ejercer el derecho de autodeterminación”. Con ello, quedaba en evidencia la contradictoria postura que mantiene el gobierno respecto al Sáhara Occidental. Por un lado, consciente de los vínculos históricos que unen al territorio ocupado con España, quiere tener un papel activo que contribuya a encauzar una solución consensuada entre las partes en conflicto; por otro, su apuesta por la estabilidad de su vecino del sur lo hacen cómplice de perpetuar una ocupación ilegal y la impunidad ante el abuso de derechos humanos.
Lo cierto es que no da la sensación de que España ponga mucho interés en involucrarse de manera decisiva en la resolución del conflicto. No ayudó a la imagen del gobierno popular en el contencioso la repatriación unilateral de todos los cooperantes españoles en el desierto de Tinduf (Argelia) en julio de 2012, alegando que la zona había dejado de ser segura (meses antes dos cooperantes españoles fueron secuestrados), dejando a 180.000 refugiados saharauis desamparados. Junto a ello, España, en línea con Rabat y París, rechazó la propuesta norteamericana de dotar a la MINURSO (Misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental) de competencias en la vigilancia del respeto a los Derechos Humanos, que a la postre se acabaría retirando ante la falta de apoyos. Otro asunto relacionado con los derechos saharauis fueron las negociaciones para la renovación del acuerdo pesquero UE – Marruecos, que estuvo bloqueado dos años, entre otras cosas, por el voto negativo del Parlamento Europeo. España era el principal interesado en la renovación, puesto que un centenar de embarcaciones podrán ahora faenar en aguas saharauis.
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La geopolítica entra en escena
España se juega mucho en Marruecos, y Marruecos sabe jugarle fuerte a España. Mohammed VI es consciente de la gran baza que supone el contencioso del Sáhara para manejar a su favor las relaciones hispano-marroquíes. Y es que son muchos los intereses que España tiene en Marruecos y que no está dispuesta a perder.
En materia de seguridad, son vecinos que se necesitan en materia de emigración ilegal o para combatir el narcotráfico, y más cuando España es la puerta hacia Europa y en consecuencia, un país clave en la relación de vecindad UE – Norte de África. En segundo lugar, España necesita un fuerte compromiso de su vecino a la hora de colaborar contra el terrorismo yihadista, sobre todo con las redes que merodean por el Sahel. No hay que olvidar que ambos países son los guardianes del estrecho de Gibraltar, y garantizar un tránsito normalizado es una prioridad básica en la cooperación hispano-marroquí. Más aún cuando por Gibraltar pasa el gasoducto que conecta a la Península con Argelia, y por el que llega a España el 50% del gas que consume.
Si consideramos la interdependencia económica, vemos cómo los intercambios comerciales de España en el país magrebí están en auge, llegando a destronar a Francia como el principal socio comercial de Marruecos en 2012. También está aumentando la Inversión Extranjera Directa (IED) española en Marruecos, aunque en este terreno aún hay mucho margen de desarrollo. En cuanto a los intereses socioeconómicos, cabe destacar la gran colonia de marroquíes que vive en España y que aportan remesas a sus familias del otro lado del estrecho, o los lazos culturales que tradicionalmente han unido a ambos países.
Por si éstas no fueran razones suficientes para llevarse bien con el vecino, Marruecos esconde otras cartas por si la partida necesita un movimiento agresivo que decante la balanza a su favor. En concreto, los territorios españoles al norte de África que el país magrebí reivindica como propios. Entre ellos están, por supuesto, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, que además, cuentan con más de un tercio de población musulmana y un importante sector de marroquíes. Junto a ellas, los minúsculos enclaves estratégicos del peñón y las Islas de Alhucemas, el Islote de Perejil, las Islas Chafarinas y el peñón de Vélez de la Gomera.
Según el Ministerio de Defensa, para España no hay un interés vital que implique un riesgo más elevado que el que representan sus posesiones en el norte de África, puesto que el riesgo sobre éstas es permanente y una mala gestión política podría degenerar en un conflicto bélico. El interés estratégico de España en estos enclaves se basa, entre otros factores, en las infraestructuras que proporcionan sus puertos para el tráfico comercial marítimo o el apoyo que prestan estas plazas al sistema de vigilancia por radar de las costas españolas.
Pero a Marruecos podría salirle caro iniciar un conflicto con su vecino del norte, no sólo por la interdependencia adquirida con éste sino por su acercamiento, en la última década, a la Unión Europea, de la que beneficia económicamente y de la que espera poder seguir estrechando lazos en el futuro.
Conclusiones
La visita de Felipe VI a Mohammed VI inicia una nueva etapa en las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos. El relevo generacional en borbones y alauíes, respectivamente, no debería ser un simple cambio de caras en la jefatura del estado. Del heredero de Juan Carlos I se espera que traiga aires nuevos a la casa de Borbón, como escenificación del impulso que necesita su país para dejar atrás la crisis. Del alauí, se espera –se sigue esperando- una mayor determinación en el avance hacia un Marruecos más democrático con mayores libertades.
Sin embargo, hay heridas que seguirán abiertas. Como suele ser habitual en relaciones internacionales, los conflictos que no se cierran adecuadamente acaban reabriéndose con el paso del tiempo. La ocupación del Sáhara Occidental no es una excepción. El contencioso saharaui condiciona desde 1976 –año en el que España se retiró del Sáhara- las relaciones vecinales entre España y Marruecos. Es un asunto pendiente que volverá a escena en las relaciones bilaterales con mayor o menor brevedad, y con mayor o menor intensidad. A la perpetuación de la ocupación ha colaborado de manera indirecta, sin proponérselo, la actitud de una España timorata que nunca se atrevió tomar la iniciativa en la resolución de un conflicto en el que tiene buena parte de responsabilidad como antigua potencia administradora. España ha preferido estrechar posiciones con su vecino, como apuesta segura por la continuidad de unos intercambios económicos al alza y la estabilidad de su frontera sur. Es ahí donde se halla otra cuestión susceptible de provocar una repentina escalada de conflictividad vecinal: Ceuta y Melilla, principalmente, con el resto de enclaves españoles en el norte de África, son reivindicaciones marroquíes que no han dejado de serlo por muy buenas relaciones que se hayan alcanzado entre gobiernos, por encima del clima de armonía, concordia y hermandad que las familias reales pretenden reflejar.
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