La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, demostró ayer, una vez más, la hipocresía y el cinismo del PSOE en relación con la investigación de las desapariciones forzosas en la dictadura y el derecho de las víctimas a reivindicar justicia, verdad y reparación. De la Vega afirmó, tras el Consejo de Ministros habitual de todos los viernes, que las palabras de apoyo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por parte de miembros del Ejecutivo y el PSOE han sido realizadas siempre “a título personal”.
No puedo entender la equidistancia del Gobierno Zapatero en una materia tan sensible como ésta, que afecta de lleno a la credibilidad de nuestra democracia; De la Vega se escudaba ayer, nuevamente, en la excusa, tan manida como falsa, del supuesto respeto a las actuaciones judiciales para justificar y legitimar un silencio, por otra parte, incomprensible. En mi opinión, el Estado debería ser el promotor del esclarecimiento de las desapariciones forzosas y habría de estar a la cabeza de la demanda social de justicia, verdad y reparación, en la medida en la que nos encontramos ante crímenes de lesa humanidad, que no prescriben nunca.
El PSOE pactó la transición y actuó bajo la presión de los poderes fácticos, renunciando a señas de identidad como el socialismo, la república o el derecho de autodeterminación, que siempre había defendido. Hoy es una formación política sumisa a una monarquía conservadora, heredada del franquismo, abraza con devoción el capitalismo, aliándose con la banca y la patronal, y niega la participación ciudadana real en la vida pública, vetando nuestra capacidad de decisión a través de consultas vinculantes en aquellas materias que inciden en nuestras vidas. Todo ello sin mencionar el pacto PPSOE en Euskadi.
A De la Vega, es preciso reconocerlo, no le tiembla el pulso cuando, al ser preguntada por la demanda presentada en Argentina para que se investiguen los crímenes del franquismo, responde lo siguiente: “En España contamos con un sólido estado de derecho, con una Constitución muy avanzada, la ley funciona, la justicia es independiente y también funciona”. ¿Cómo explica entonces la vicepresidenta primera del Gobierno que las desapariciones forzosas perpetradas en la dictadura estén aún impunes? ¿Actúa el Tribunal Supremo en este caso con independencia? No se lo cree ni ella. La justicia en España está tan politizada que huele a podrido y De la Vega lo sabe porque su partido, al igual que el Partido Popular, tiene mucho que ver con ello.
Nota: Adjunto os dejo un enlace a una página del diario británico The Times, en su edición online, publicada en agosto de 2007 sobre Juan Carlos I, su estilo de vida, sus finanzas y su pérdida de respaldo y legitimidad social. Aunque hayan transcurrido tres años desde que viera la luz, considero que todavía tiene actualidad y puede ser de vuestro interés. Hay una versión original en inglés y un resumen en castellano en el periódico gratuito “20 Minutos”.
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article2358127.ece
http://www.20minutos.es/noticia/269888/0/rey/pierde/popularidad/
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