Ayer fue un mal día para el estado de derecho, el Tribunal Supremo decidió no permitir la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos del Ministerio de Interior y por lo tanto, convertirla en una formación ilegal.
Y digo que fue un mal día para el estado de derecho, porque todo el proceso, lejos de basarse en criterios jurídicos se ha basado exclusivamente en criterios políticos.
Política fue la decisión del gobierno español de impugnar los estatutos, políticos han sido los argumentos de la fiscalía general y de la abogacía del estado y finalmente, política ha sido la sentencia del supremo.
Queda por ver cuáles son los argumentos que esgrimen los jueces que han votado a favor de la ilegalización y sobre todo, los de quienes han votado en contra, pero ninguno podrá dar un sólo argumento jurídico, puesto que como ya he dicho en más de una ocasión, los estatutos de Sortu eran, son y serán legales, y la credibilidad, por mucho que a algunos les moleste, no es un requisito de la ley de partidos.
Queda el recurso al Tribunal Constitucional. Quien más quien menos dice, que aunque sea favorable llegara tarde, pues bien, ese es ahora el reto que el Constitucional juzgar el recurso con la misma celeridad que el Supremo, pero lo haga en sentido contrario.
A ver si de una vez por todas, podemos estar todos en las elecciones para confrontar proyectos, que creo es lo que le interesa de verdad a la ciudadanía.