Revista Historia
El próximo lunes, pasado mañana, se inicia el juicio por el Caso Noos, proceso en el que la Infanta Cristina de Borbón deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Los abogados de la ilustre dama afirman que están convencidos de que la hermana del Rey será exculpada por la jurisprudencia que estableció el Tribunal Supremo en la llamada doctrina Botín, que en opinión de la defensa equivale a "la ley".
Si esta posibilidad de exculpación existe es gracias a la Fiscalia y a la Abogacía del Estado ya que ambos han declinado acusar a la Infanta de delito alguno. Según esto y los planes de la defensa puede que Cristina de Borbón solo pase algunas horas en el banquillo. Una vez reconocida por la Audiencia de Palma la aplicación a la Infanta de la doctrina Botín ésta podrá quedar en libertad y todos los delitos que se le imputan serán enviados a la papelera, no porque no sea culpable de los mismos, culpabilidad o inocencia que debería ser decidida por la justicia una vez celebrado el juicio, sino porque la triquiñuela legal que sirvió para que el banquero Botín eludiese la acción de la justicia también la va a salvar a ella. Una doctrina que nos va a impedir a todos comprobar que una Infanta de España, acusada de cooperadora en graves delitos contra la hacienda pública, es ante la ley igual que el resto de los mortales. La decisión de la Audiencia de Palma a buen seguro estará ajustada a derecho, pero si la Infanta es exculpada antes de celebrarse el juicio la ya de por si falta de confianza de los españoles en la justicia y en las instituciones aumentará de forma clara y contundente.
Lo que de momento está claro como el agua es que tanto la Fiscalia como la Abogacía del Estado, ambos dependientes del gobierno del Partido Popular, han tratado desde el primer momento de "salvar" a la Infanta y parecer ser que lo van a conseguir, ya lo profetizó Mariano Rajoy. De celebrarse el juicio con la Infanta imputada, y dado el cargo que ocupaba en la administración de las sociedades implicadas en el fraude fiscal, a buen seguro sería declarada culpable, en todo o en parte, de los delitos que se le imputan, tal y como le sucedería a todo hijo de vecino. Del mismo modo su inocencia solo podrá ser demostrada si la justicia así lo estima una vez que haya sido juzgada. En definitivas cuentas todo apunta a que nos vamos a quedar con las ganas de saber si la hermana del Rey es o no es una delincuente.
En un asunto del tal trascendencia, ni más ni menos que el cumplimiento estricto del Art.14 de la Constitución más la vinculación con la Casa Real, bueno sería que el Rey valorase el efecto negativo que para la monarquía representaría el blindaje de su hermana, pero no lo hará y ya nunca jamás podrá repetir eso de que los españoles somos todos iguales ante la Ley sin que el pueblo se ria en sus narices. No podemos olvidar que la Infanta no ha renunciado a sus derechos dinásticos pese a que su hermano así parece haberselo solicitado para al menos edulcorar el asunto judicial. La hermana del rey Felipe VI tiene blindado su turno sucesorio por la Constitución, y para que ella y los cuatro hijos que tiene con Iñaki Urdangarin pierdan esta posición dinástica solo hay dos caminos: su renuncia voluntaria o la reforma de la ley fundamental, que exige disolver las Cortes y un referéndum.
Cosas de las monarquías y de una Constitución que no se cumple.
Benito Sacaluga