Este monumento que representa la impresentable victoria franquista y sus aberraciones, al más elemental estilo fascista, mantiene una situación impropia en una democracia.
Por si no lo saben, este mausoleo al criminal está regido por una fundación donde la gestión la llevan los benedictinos con el abad franquista Anselmo Álvarez a la cabeza. Los monjes reciben todos los años 340.000 euros, además de gestionar una escolanía y una hospedería,
y también obtienen ingresos por acoger en estas instalaciones campamentos de verano y alquilar salas para celebrar reuniones de grupos ultracatólicos (mañana, sin ir más lejos, los famosos Kikos, tienen una convención). Y todo sin ningún control, ni por parte del gobierno ni del parlamento, a pesar de que Patrimonio Nacional se hace cargo de la conservación, del mantenimiento y la seguridad del mismo. O sea todos los gastos a cargo del erario público y los ingresos –sin tener que justificar nada— para los “pobres monjes”.Todo ello basado en una ley franquista de 1957. Una ley que el PSOE, como otras, dijo que corregiría, al principio de la legislatura, y que no ha tocado ante la presión de la ultraderecha.
Pues bien, el miércoles que viene, Joan Josep Nuet, senador de Izquierda Unida, defenderá una moción presentada para derogar el decreto-ley de 1957 que ampara esta situación y para que cambie el objetivo de la fundación y defienda valores democráticos y de paz.
Como ven, tampoco es una moción revolucionaria. Sin embargo, veremos quién la vota. Desde luego, no creo que sea necesario decir que el PP votará en contra. Sin embargo, me temo que los socialistas tampoco la apoyen. De ser así, demostrarán una vez más su cobardía y sometimiento al franquismo y a la Iglesia, como hasta ahora han demostrado al no haber tomado la iniciativa desde el gobierno Zapatero, y haber promulgado una ley de la Memoria Histórica insuficiente que no restituye la dignidad de los defensores del orden democrático durante la contienda civil y los años posteriores.