La intervención de Banesto y la corrupción española

Hace 18 años, el 28 de diciembre de 1993, el gobierno de Felipe González, con el consentimiento expreso de José María Aznar, líder de la oposición, intervino Banesto e inició contra Mario Conde, su presidente, una de las persecuciones políticas más despiadadas e injustas de la historia moderna de España. Los que leyeron aquel día la noticia creyeron que era una inocentada, pero resultó que era auténtica. Pocos vieron entonces que aquella intervención fue una de las primeras manifestaciones de esa corrupción política brutal que hoy tiene postrada y arruinada a España.

El derribo de Mario Conde, fue la puesta de largo de una vía corrupta y antidemocrática inaugurada años antes con la expropiación de RUMASA y la posterior venta de los activos del "imperio" de Ruiz Mateos a empresas amigas del poder. Con ambas actuaciones se abrian las puertas al poder arbitrario del Ejecutivo, tras el sometimiento del Legislativo y el Judicial, al mismo tiempo que los partidos políticos se imponían sobre la democracia, eliminando los controles y contrapesos ideados por el sistema para impedir la oligocracia o lo que es lo mismo: la tiranía de los partidos.

La España de hoy, la corrupta España de los miles de políticos enriquecidos en el poder, de las subvenciones otorgadas a las empresas amigas y a otras donde trabajan familiares, la España que niega apoyos y ayudas a los que piensan distinto que el poder, la que truca concursos públicos y oposiciones, la de los EREs falsos, el urbanismo salvaje, la ruina corrupta de la otrora próspera Cataluña y las masivas recalificaciones ilegales, la patria de los Camps, los Chaves, los Griñan, los Urdangarín, los Matas, los Pepiños y otros muchos, de un partido y del otro, no es otra cosa que la consecuencia de aquellos abusos antidemocráticos del pasado y del previo derribo de las normas y leyes que rigen las democracias, todas sustituidas por el poder arbitrario de los partidos y del gobierno sin que el pueblo soberano reaccionara con brio e indignación democrática, mandando a la cárcel a aquellos que protagonizaron todo un golpe de Estado contra la decencia y la limpieza.

Esa es la verdadera memoria histórica que nos conviene conservar y actualizar a los demócratas españoles, la que describe las miserias políticas de un sistema que ha sido trucado y pervertido por los poderosos para colocarlo a su propio servicio, no al servicio de los ciudadanos, como es preceptivo en democracia.