La pérdida de autoridad del Estado en instancias fundamentales para la democracia como la judicatura es tan profunda que una jueza de lo Contencioso Administrativo de Gerona ha fallado, en contra de las sentencias previas del Tribunal Supremo, que es legal desviar fondos públicos a organizaciones separatistas.
Ramona Guitart Guixer, una “juez singular”, es decir, que actúa unipersonalmente y no en una sala de tres jueces, falló en contra del Estado a pesar de otra sentencia provincial anterior y del Supremo, porque “el proceso separatista busca dotar de una identidad propia a la comunidad catalana”.
Un dicho catalán afirma que a veces hay que hacer “de puta y de Ramoneta”, que es tener doble vida, y esta jueza, Ramoneta familiarmente, ha renunciado a la ambigüedad: se prostituye ideológicamente como independentista, y podría prevaricar al sentenciar contra las leyes que juró o prometió defender.
El caso se inició con varios ayuntamientos catalanes que enviaban fondos públicos a la Associació de Municipis per la Independència (AMI); unos, unos cientos de euros, otros hasta ochenta mil.
El Supremo ya había fallado por igual motivo contra la Udalbiltza, una AMI vasca promovida por Batasuna, fallo usado por otro juzgado de Gerona para sentenciar en favor del Abogado del Estado, querellante contra los ayuntamientos.
Pero la Ramoneta ha salido del armario del refrán porque intuye que no le pasará nada; como al juez barcelonés Santiago Vidal, que elabora una Constitución catalana, que fue llamado por el Poder Judicial para investigarle, y que sigue dictando sentencias y presumiendo de separatista.
Es como si unos militares españoles prepararan un futuro ejército catalán y que nadie quisiera ver que eso es un golpe de Estado, quizás porque este Estado, apaciguador sin autoridad, pide perdón cada vez que se reúne con separatistas.
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