La jugada maestra del capital

Una mirada disidente sobre las explicaciones oficiales de la crisis financiera europea que golpea especialmente a Grecia y España.
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Por Miguel Ángel Luque Mateo, Diagonal
“Ha llegado el momento de tomar ’decisiones valientes’ para salir de la crisis. Hay que recortar los gastos sociales, paralizar la inversión pública, congelar las pensiones, rebajar el sueldo de los funcionarios, abaratar el despido, aumentar la edad de jubilación y subir los impuestos. Todo ello, para ahorrar 65.000 millones de euros y reducir el déficit público del 11,5% al 3%, de aquí al 2013, como exige Europa”. Este es el discurso que se nos quiere imponer. Seguidamente expongo una visión distinta de esta crisis. Para ello, responderé a dos preguntas: 1ª ¿por qué tenemos un déficit público tan elevado? y 2ª ¿es justa la subida de impuestos? Por último, señalaré posibles vías de solución, desde la justicia social.
El alto nivel de endeudamiento de los Estados es consecuencia, en gran medida, de las millonarias ayudas públicas al sistema financiero. Recordemos que España creó un Fondo para la compra de activos bancarios supuestamente “no tóxicos” (50.000 millones €); aprobó el FROB para sufragar los costes de las fusiones e intervenciones de las cajas de ahorros (99.000 millones €) y autorizó avales a las entidades de crédito (227.000 millones €) para garantizar sus operaciones financieras. Todo ello, con la autorización de las instituciones no democráticas (Comisión Europea, Banco Mundial, FMI, Banco de España, etc.) y el voto, casi unánime, del Parlamento español. En total, sin contar los avales, se han aprobado ayudas públicas por importe de 149.000 millones de euros, cifra muy alejada de los 2.300 millones de euros anuales del cheque bebé o los 1.400 millones de euros que supondría la no congelación de las pensiones.
El Tesoro Público no disponía de ese dinero para dárselo a la banca. ¿De dónde ha salido, entonces? Pues de la emisión de Deuda Pública (letras del tesoro, bonos y obligaciones del Estado), que, en definitiva, consiste en pedir dinero prestado. Piénsese que, en los dos últimos años, se ha incrementado la deuda española en circulación en 192.881 millones de euros.
Paralelamente, se nos exige subir la tributación. No obstante, no todos los impuestos son igual de justos. Hay algunos que, por regla general, hacen pagar más a los ricos (los directos, que recaen sobre la obtención de renta y la posesión de patrimonios) y otros que no respetan tanto la capacidad económica (los indirectos, más centrados en el consumo). Pues bien, se están subiendo estos últimos y bajando los primeros, incluso en época de crisis. Mientras han aumentado los impuestos sobre “las gasolinas” y “el tabaco” y se ha incrementado el IVA (sin efecto para las empresas y los ricos que operan con ellas, porque se lo deducen), han bajado el Impuesto sobre Sociedades (por el que tributan las grades empresas y entidades de crédito), se ha suprimido el Impuesto sobre el Patrimonio (que pagaban sólo los ricos), han disminuido el tipo de gravamen a los banqueros y sus familiares, en importantes operaciones, y han creado un régimen fiscal privilegiado para las empresas de alquiler de los grandes patrimonios inmobiliarios (SOCIMI), normalmente en manos bancarias. Además, se ha mantenido la escandalosa tributación de las sociedades de inversión de las grandes fortunas (SICAV) en el 1%, frente al tipo máximo del 43% en el IPRF, que ahora pretenden aumentar algunas Comunidades Autónomas, aunque se trate de una medida dirigida sólo a los asalariados de clase media alta, con escasa capacidad recaudatoria y sin incidencia sobre las ganancias millonarias.
Piénsese que las personas y entidades verdaderamente ricas apenas pagan impuestos, porque tienen su dinero e inversiones en los paraísos fiscales, opacos al fisco. De hecho, el 69 por ciento de las empresas del Ibex 35 opera en estos territorios. Según algunas estimaciones, en estos centros se mueven unos 12 billones de dólares, que generan, a su vez, unos 660 mil millones de beneficios, lo que supone una pérdida de recaudación fiscal de unos 250.000 millones de dólares. Y desde aquí operan los famosos “hedge funds”, responsables del ataque a las economías de la zona euro, como la española.
Llegados a este punto, uno es consciente de la jugada maestra del capital y los mercados financieros. Durante años han obtenido unos beneficios extraordinarios con la especulación de las hipotecas “subprime”, sin pagar casi impuestos, a costa del endeudamiento del sector privado; cuando el sistema se desmorona, consiguen que el Tesoro Público salga a rescatarlos y les mantenga una fiscalidad privilegiada, con la ingenua promesa de reactivar el crédito a las empresas y los ciudadanos a los que tiene asfixiados. Y, por último, aprovechan la debilidad de los Estados, consecuencia del enorme esfuerzo que ha supuesto dicha ayuda, para colocarlos al borde de la quiebra y forzarlos a desmontar lo poco que queda del sistema de bienestar, empobreciendo injustamente a millones de personas, con la complicidad de las mismas instituciones no democráticas que permitieron aumentar el déficit público en beneficio de la banca.
Las posibles soluciones estructurales a esta situación, además de la apuesta de la sociedad civil por la banca ética, deben venir por cuatro vías: 1ª) la lucha efectiva por la desaparición de los paraísos fiscales; 2ª) la aprobación de una regulación de los mercados financieros que impida y obstaculice los ataques especulativos sobre nuestras propias economías, 3ª) el establecimiento de un impuesto que grave las transacciones financieras, en el marco de un sistema tributario justo y 4ª) la asignación redistributiva y eficaz del gasto público. Éstas sí serían verdaderas decisiones “valientes”.
Para finalizar, me referiré a las dos últimas mentiras que está proponiendo la Unión Europea: la creación de un impuesto a los bancos y la implantación de un gravamen a los movimientos financieros. ¡Que no nos engañen más, por favor! La segunda medida nunca se pondrá en marcha, al estar supeditada a la aceptación por todos los Estados, incluidos aquéllos que poseen paraísos fiscales, y la primera no puede calificarse como “tributo”, puesto que su recaudación no estará destinada a sufragar los gastos públicos, sino a la creación de un fondo bancario para rescatar a las entidades financieras en apuros, al no existir ya dinero público que las pueda salvar, una vez que se lo hemos dado todo y nos han dejado en bancarrota.
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* Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de AlmeríaUna mirada no convencional al neoliberalismo y la globalización