La Junta aprueba la política de seguridad de sus sistemas informáticos y de telecomunicaciones

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto que establece la política de seguridad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la Junta de Andalucía, norma que recoge las disposiciones básicas orientadas a garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas telemáticos que utiliza la ciudadanía en sus relaciones con la Administración autonómica.

El decreto, principal marco normativo de referencia para la gestión integral de la seguridad en este ámbito, plantea como objetivos básicos la disminución de costes por resolución de incidentes y el establecimiento de la estructura organizativa de gestión que velará por su cumplimiento. Su aplicación se extenderá a todos los órganos de la Administración, incluidas las entidades instrumentales y los consorcios con representación mayoritaria de la Junta.

De acuerdo con la norma, la gestión de la seguridad TIC se desarrollará a través del centro Andalucía-Cert, especializado en prevención, detección, vigilancia y respuesta a los incidentes y amenazas que pueden afectar a los activos de información. Junto con este servicio, y en el ámbito de la coordinación, se crea también el Comité de Seguridad TIC de la Junta de Andalucía y órganos similares para cada entidad afectada por su aplicación.

El decreto aprobado hoy es una de las principales previsiones del Plan Director de Seguridad de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones de la Junta, que se desarrollará entre este año y 2013. Con un presupuesto de 25 millones de euros, este documento fija la estrategia para garantizar el buen funcionamiento de los medios, redes e infraestructuras que soportan los servicios públicos de la comunidad autónoma. Asimismo, unifica las normas de seguridad, formación de los profesionales y difusión de buenas prácticas sobre esta materia en un modelo integral de gestión de riesgos acorde con los estándares nacionales e internacionales y las leyes estatales de acceso electrónico a servicios públicos y protección de datos de carácter personal.

Fuente: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia