La junta y la falta de lealtad institucional

La pasada semana el río Guadalquivir, a la altura de la población cordobesa de El Carpio, sufrió el vertido de orujo consecuencia de una a “fuga accidental” por una avería que, a lo largo de 20 kilómetros, ha acabado con la vida de miles de peces y un importante daño al ecosistema.
En estos casos, como en casi todo, las primeras horas son fundamentales, pues es el momento en el que se pueden colocar barreras de protección e intentar evitar que los daños se multipliquen; algo que no ha ocurrido en este caso porque, según cuentan  varios medios de comunicación y ha denunciado el Partido Popular, la Junta de Andalucía tardó veinticuatro horas en informar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre lo ocurrido. De hecho la propia Confederación tuvo conocimiento previo por la prensa y llamadas de regantes que por la administración andaluza, que es la que tiene las competencias de Medio Ambiente.

Y es que resulta que no existe un protocolo para la comunicación de hechos como el ocurrido entre las administraciones. Todo queda a la buena voluntad del funcionario o político de turno. Y eso no tiene justificación alguna, porque consecuencia de esta falta de comunicación, de esta falta de lealtad institucional, los daños en el río Guadalquivir han podido ser mucho más graves.
¿Para esto necesitamos tantas administraciones?, ¿para que cada una vaya por su lado? Esta situación no es lógica, el delegado en Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía debe asumir responsabilidades por no haber informado, debe dimitir ante su falta de lealtad institucional. Y si no saben gestionar las competencias que el Estado les ha cedido que las devuelvan. Lo que no es lógico es que un desastre ecológico se agrave por no informar debidamente. Y eso es lo creo que ha hecho la Junta de Andalucía, informar tarde porque la Confederación Hidrográfica pertenece al Gobierno de España.