Fran Lores
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha reconocido el derecho de Silvia García a recibir la prestación del servicio público de inseminación artificial que le fue negado en 2011 por ser lesbiana. Además, el tribunal también ha ordenado al Principado de Asturias a devolverle una parte del dinero que le costó el tratamiento en la sanidad privada.Silvia acudió con su pareja a un hospital de Avilés en abril de 2011 para someterse a un tratamiento de reproducción asistida, sin embargo, el jefe de la unidad encargada de realizar el tratamiento dijo no estar autorizado para hacerlo. La razón: Silvia no presentaba ningún problema físico para tener hijos porque no era estéril. Ante la negativa del hospital y de la Consejería de Salud, Silvia tuvo que recurrir a la seguridad privada para realizar un tratamiento que le costó casi 14.000 euros.
Ahora, con la polémica surgida por la exclusión por parte del Ministerio de Sanidad de solteras y lesbianas de los tratamientos de reproducción asistida, la justicia le da la razón a Silvia. Según la sentencia, si no se ofrece este servicio “se estaría obligando a una persona de orientación homosexual a tener relaciones heterosexuales para alcanzar la procreación” y por tanto no se respetaría la igualdad garantizada por la Constitución.