La Justicia española exhibe su déficit democrático

La sentencia del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad de abonar los impuestos de las hipotecas, que contradecía la anterior jurisprudencia al afirmar que son los bancos y no lo clientes los que deben pagar los principales impuestos de las hipotecas, ha provocado una tormenta en España, después de que millones de ciudadanos soñaran que podrían recuperar los impuestos que ellos pagaron al contratar su hipoteca. El espinoso asunto se debería haber resuelto en el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, compuesto por 31 magistrados, y no en la sección segunda —destinada a revisar los casos relacionados con impuestos— debido al impacto social que una decisión así conlleva. Así lo han informado fuentes jurídicas, que han explicado que el presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, no fue informado de la llegada del recurso que dio origen a la sentencia y se enteró por la prensa de la resolución. Dado que una sentencia así puede acarrear un "giro radical" en la jurisprudencia y una "enorme repercusión económica y social", tal y como ha dicho el propio Díez-Picazo, este ha tomado dos decisiones: primero, ha dejado "sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes" relacionados con este impuesto. En segundo lugar, ha decidido que sea el Pleno el que estudie, en cuestión de días, el próximo recurso de este tipo que llegue al Supremo y así decidir si confirma la jurisprudencia dictada este jueves o vuelve a la jurisdisprudencia anterior. --- El Supremo ha decidido paralizar la sentencia emitida y someter el asunto al pleno, hecho realmente insólito, que viene provocado por el revuelo que la sentencia ha desatado, sobre todo por el hundimiento de la banca en la bolsa, donde el sector ha sido penalizado porque la decisión judicial puede costarle en torno a 8.000 millones de euros. Esa decisión ha tenido efectos demoledores: hundimiento de la banca en bolsa, paralización de la concesión de hipotecas y caos en los mercados.

La rectificación del Supremo en el asunto de los impuestos a las hipotecas, además de generar sorpresa, indignación y caos, desprestigia a la Justicia como poder independiente, devalúa la democracia española, refuerza las tesis sobre "Presos Políticos" que esgrime el secesionismo catalán y debilita todavía más la imagen de la Justicia española en Europa.

Algunos medios de comunicación han destacado la conocida frase del arzobispo salvadoreño Monseñor Romero, recientemente proclamado santo: "La justicia es igual a las serpientes: sólo muerde a los que están descalzos", mientras otros argumentan que "si los bancos son capaces de doblarle el brazo al Tribunal Supremo, nuestra democracia es una farsa". La mayoría de los analistas y expertos destaca que con lo ocurrido queda demostrado que en España no existe separación, una condición básica de la democracia.

En realidad tiene poco sentido que el Tribunal Supremo, que es el órgano que, según la Constitución Española se encuentra en la cúspide del Poder Judicial, se someta a otros poderes cuando una sentencia tiene una profunda repercusión económica y social.

Muchos creen que el Tribunal Supremo, con su actitud, se ha situado en un callejón sin salida y que hay serias dudas jurídicas de que el Tribunal Supremo pueda dar marcha atrás a su sentencia firme sobre las hipotecas porque perjudique a la banca y beneficie a la ciudadanía.

En democracia, la Justicia tiene que estar al servicio del ciudadano y no de los poderosos.

¿Acaso los magistrados no sabían de antemano la repercusión de su sentencia? Si lo que se ha desatado ha sido una sorpresa para ellos, entonces la Justicia está peligrosamente desconectada de la realidad.

Francisco Rubiales