Así lo resolvió el juez al hacer lugar a una medida cautelar por la que se frenó el llamado a licitación pública nacional para la concesión del sistema de parquímetros y su extension a más barrios de la Ciudad, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en el marco de una acción para que se declare la inconstitucionalidad de la norma que lo estableció.
El pedido fue efectuado por la vecina Fernanda Leonor Martín quien fue a la justicia para que se declare la "inconstitucionalidad de la ley 4.888 que otorgó en concesión el servicio de control del estacionamiento en los tramos de diversas arterias de la Ciudad de Buenos Aires". Además reclamó una medida provisoria cautelar para interrumpir el proceso licitatorio.
La ley, según el reclamo creaba el "Sistema de Estacionamiento Regulado", que facultaba a quien ganara la licitación a que "por cuenta y orden de la Ciudad, los explotará comercialmente, cobrando una tarifa por el estacionamiento, como así también efectuara la remoción de los vehículos que se estacionen en esas arterias sin efectuar el pago correspondiente".
De esta forma, "los bienes públicos que actualmente son de utilidad gratuita de los ciudadanos, pasarían a convertirse en bienes de utilización onerosa", lo que equivaldría a una virtual privatización de las calles.
El plan del macrismo equivale a "una virtual privatización de un bien público como son las calles"
En el pedido de amparo se argumentaba que la normativa que habilitó "el llamado a licitación para la concesión de servicio público y la prestación de los servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado en la Ciudad, colisiona con lo establecido en la ley 4003 que admite 'el establecimiento de sectores tarifados' únicamente en 'arterias principales de las áreas céntricas, previa aprobación legislativa'".
De acuerdo con el plan del macrismo el sistema debía comenzar a funcionar en los barrios de Almagro, San Cristóbal, Boedo, Villa Crespo, Colegiales, Caballito, Palermo, Chacarita, Villa Ortúzar y Constitución, entre otros y la fecha prevista para la apertura de las ofertas era el 30 de octubre próximo.
"El dictado de la ley 4.888 dispuso una concesión sobre el dominio público y por ello encuadra dentro de la normativa que impone el procedimiento de doble lectura para la sanción de leyes que importen 'concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre el dominio público de la Ciudad'", dijo el juez en la resolución.
El magistrado dictó "una medida cautelar que contribuya y preserve el derecho a una democracia participativa y su efectivo goce a través de la participación de los habitantes en el procedimiento de doble lectura, no puede considerarse contraria a dicho interés".
La suspensión del proceso licitatorio regirá "hasta que recaiga sentencia definitiva o, en su caso, se acredite el cumplimiento del procedimiento de doble lectura previo a la sanción de la ley que pretenda introducir modificaciones sobre el Sistema de Estacionamiento Regulado".
La Ciudad adujo que la demandante no pudo demostrar que el plan le produzca un perjuicio directo
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que se debe desestimar el planteo de la amparista argumentando que en calidad de habitante de la Ciudad la vecina no ha podido demostrar que la concesión de dicho servicio público produjera un "perjuicio personal, concreto y directo" sobre su persona.
Además, resaltó que con esta licitación se podrían optimizar los controles vehiculares, desde el punto de vista de tránsito y particularmente del estacionamiento urbano, y que "no se pretende ejercer un acto de disposición de un inmueble de dominio público, sino concesionar un servicio público como es el de la regulación y control del tránsito de la Ciudad".
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