La justicia injusta es el mayor de los escarnios humanos

 Lo siento pero no puedo callarme más. Esta ilustrísima magistrada ha colmado el vaso de mi paciencia, si continuara callado nunca me lo perdonaría.  Los que me siguen saben que tengo muy mala opinión de los jueces, como soy marxista, pienso que todo es economía, o sea, poder y el poder, en contra de la opinión del mejor de mis maestros al respecto, Foucault, no es bueno nunca porque lleva el mal ínsito en su propia naturaleza.  Los que han vivido, como yo, muchos, muchísimos años, al lado del poder judicial, ayer, a los 85 años, a las 11'30 vestí la toga por última vez, saben la verdad de lo que estoy diciendo.   Decía Hobbes que el hombre es un lobo para el hombre y el puñetero Doctor Angélico que es un ser desfalleciente y yo, como no soy tan fino, digo que no es más que una puñetera mierda.  Si quieren, les puedo poner a ustedes miles de ejemplos, algunos de ellos muy recientes: Garzón y Elpidio, pero también Ruz, que tardó miles de días en ordenar el registro de la sede del PP, el lugar en el que se cometieron los hechos en el caso Bárcenas, dando lugar a que desaparecieran miles de pruebas y, ahora, asedia con toda celeridad al Barcelona, ¿por qué?, dicen las malas lenguas, que conste que yo las considero así, que porque él es socio del Real Madrid.  El caso es que la juez Alaya no sé si será del PP pero lo parece. Está violentando todas las normas procesales para cargarse al Psoe que gobierna la comunidad autónoma más grande de España gracias a IU.  Y para mí, y para el editorialista de El País, que no es sospechoso, creo yo, de marxismo, está cometiendo una serie interminable de canalladas procesales: 1) está procesando a un partido entero, no a unos determinados miembros del mismo, puesto que sostiene que éste elaboraba leyes a propósito para que luego los órganos administrativos de la Comunidad pudieran malversar fondos pùblicos a favor de éste o de los intereses personales de sus miembros; pero eso, sí, pone especialísimo cuidado en dejar fuera de su inquisición, en no imputar precisamente a la cúpula del Psoe, ¿por qué?, porque todos ellos son aforados y entonces tendría que declinar la competencia a favor del Tribunal Supremo que está tan segura ella, como yo, de que no sería tan duro; 2) está exigiendo fianzas increíbles por su cuantía a los imputados, que no pueden huir de España porque tienen toda su vida en Andalucía con el único y exclusivo fin de castigarlos, fundamentando estas cantidades tan exageradas en que es absolutamente cierta la comisión de los delitos, lo que establece la presunción de culpabilidad en lugar de la de inocencia.  Porque piensa exactamente como yo y porque, además, lo expone mejor, incluyo a continuación el editorial de El País, de hoy.  "Alaya fuerza el proceso  La juez precondena a una persona del caso de los ERE para justificar medidas contra ella  Si la juez Mercedes Alaya tiene indicios fundados de que tres cargos de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía cometieron delitos de los que han podido derivarse daños al erario, puede tener sentido fijarles fianzas en concepto de responsabilidad civil. Sin embargo, la juez fuerza los límites de su función instructora al justificar las medidas cautelares en la “probabilidad cierta” de que los tres sean condenados, entre ellos Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía. Alaya toma decisiones en función de una visión prospectiva que roza seriamente el principio de la presunción de inocencia, para sustituirlo por el de una hipotética futura condena.  Editoriales anteriores  Procedimiento confuso (11/09/2013) Avanzar en los ERE (09/06/2013) La función del juez de instrucción no es juzgar ni adelantar juicios, sino investigar activamente el delito, con el debido cuidado hacia las garantías de los afectados. Sorprende, además, que haya esperado nueve meses para hacerlo, pese a que tiene imputada a Álvarez desde el verano pasado; y lo hace ahora, cuando está pendiente un recurso contra la imputación. Es decir, toma severas medidas cautelares en función de una decisión que no es firme.  Más allá de los problemas formales, llama la atención el fondo del asunto. El tipo de indicios criminales aducidos por la instructora no se refiere a apropiaciones de dinero, sino a que Magdalena Álvarez y su equipo son los diseñadores del mecanismo empleado para crear el fondo de los ERE, que la juez considera la clave de que se haya podido repartir dinero público sin la debida fiscalización. De ser cierto, sería un asunto en verdad grave. Sin ninguna duda. Pero si el método cuestionado se aplicó entre 2000 y 2011, como sostiene la instructora, no se entiende que reserve su dureza al equipo que estuvo en la Consejería de Economía solo hasta 2004. No ha dictado medidas contra los sucesores de Álvarez, entre ellos José Antonio Griñán, ni contra personas que desempeñaron otros cargos muy relacionados con la administración del fondo de los ERE, y que ahora tienen fuero del Supremo. Si les considera implicados, Alaya está obligada legalmente a inhibirse a favor del alto tribunal, en vez de dar la impresión de haber seleccionado a Magdalena Álvarez como objetivo concreto.  La juez encamina sus pasos hacia la consideración como delito de todo el procedimiento presupuestario de la Junta de Andalucía, que los diputados del Parlamento andaluz habrían aprobado simplemente porque son ignorantes en la materia —como ella misma sugiere en su auto del 11 de marzo, cuando afirma que la complejidad del lenguaje presupuestario “solo es accesible a expertos”—. Hora es de que la justicia determine con fundamento lo que es delictivo y lo que no lo es; y que fije las responsabilidades pertinentes en un asunto objetivamente tan grave como es la desviación de fondos públicos para fines distintos de los previstos".