La justicia no es un juguete

Todos sabemos que el sistema judicial es uno de los pilares del estado de derecho. La justicia -su objetividad e imparcialidad- es un elemento clave para asegurar la dignidad y proteger los intereses democráticos de los ciudadanos de un país. En la actualidad, en el Estado Español, vivimos un momento especialmente convulso en el ámbito de la justicia. Desde mi punto de vista, en estos días se está poniendo a examen minucioso el sistema judicial. Eso es bueno. Nada de lo que concierne al estado de derecho puede escapar al análisis y la crítica constante. Pero debemos intentar ser ecuánimes y repartir bien las culpas cuando el sistema no funciona, porque nos equivocaremos, y mucho, si pensamos que la responsabilidad recae exclusivamente en los jueces o, al menos, en algunos jueces.
Siendo tan doloroso como es el caso de Marta del Castillo, siendo tan dramático para cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad, y especialmente para sus familiares, nos equivocamos si pensamos que el problema de que el castigo no sea más rigurosos recae sobre el juez. Al juez le pedimos -le exigimos como servidor público- que sea imparcial y objetivo en la aplicación del código y los procedimientos. Pero esos procedimientos y ese código no los determina el juez. ¿Nos gustaría un castigo más riguroso y ejemplar con los presuntos culpables? Seguro, no lo dudo. Y hasta es posible que el ser humano que le ha tocado ser juez en ese caso también lo quisiera, pero también es posible que no pueda. Aunque seamos libres de sentir y desear lo que queramos a los culpables, la ley debe ser dictada siempre desde la razón y los principios democráticos, y al juez sólo le queda aplicarla escrupulosamente.

Juguetes de otro tiempo

Pero, ¿es éste el caso que debe centrar nuestras críticas y nuestro análisis de la justicia? Yo creo que no. Creo que son mucho más interesantes para el análisis político los casos que tienen como protagonistas al juez Garzón, o a los señores Matas, Camps, Costa y Fabra, o al señor Urdangarín. Vayamos por partes. Los juicios al juez Garzón están poniendo de manifiesto algunas cosas. Por ejemplo, la fuerza que tienen los sectores más conservadores -por no decir retrógrados- dentro del ámbito de la justicia. El Estado Español se ha convertido en el blanco de la críticas por parte de sectores progresistas, e incluso moderados, de todo occidente por culpa de estos procesos. Que se haya admitido a trámite las denuncias del mal denominado "sindicato" Manos Blancas y de los grupos que defienden a los inculpados en los procesos relacionados con el caso Gürtel, pone de manifiesto este hecho. Garzón, admirado por muchos, pero odiado también por otros, está siendo linchado a partir de argumentos absolutamente ideológicos. Y aquí es donde la justicia deja de ser justicia para convertirse en otra cosa, para convertirse en el brazo ejecutor de ciertos grupos de poder. Es grave, muy grave, que la ideología se convierta en el criterio a partir del cual se enjuicie y se condene a un ciudadano.
Además, y por añadir una cuestión colateral, me molesta soberanamente que algunos de los que le defienden públicamente acompañen sus comentarios con una coletilla absurda, "al margen de la personalidad de Garzón,..." ¿Cómo que al margen de su personalidad? ¿Es que su personalidad puede ser motivo de juicio? Si el señor Garzón es ególatra -que no lo veo yo- o si le gusta ser protagonista -que quizás sí- o si le gusta el efectismo -que a mí qué me importa-, ¿son esos motivos para enjuiciarle con el propósito de apartarle de la judicatura? Lamentable, si lo creemos.
Pero sigamos. Los juicios a los dirigentes del PP relacionados directa o indirectamente con el caso Gürtel también nos demuestran algunas cosas. El señor Fabra ha centrado su defensa en la supuesta prescripción de los delitos. Si es así y el señor Fabra queda en libertad por delitos que presuntamente cometió, la justicia nos estará enseñando uno de los lados más oscuros y más injustos. Y, en ese caso, los responsables de que un presunto culpable se escape del merecido castigo serán las leyes que lo permiten -y que están más allá de la capacidad de los jueces- pero también será culpa de los lentísimos procesos judiciales. Pero, como para compensar, también tenemos que admitir que la justicia parece funcionar cuando es capaz de sentar en el banquillo a Camps, Costa y Matas. Más allá de las resoluciones que debemos suponer objetivas, el hecho de que se les pueda encausar y llevar ante un tribunal fortalece el sentimiento y los fundamentos del estado democrático. Si hay una denuncia razonable sobre sus presuntos actos delictivos, es muy saludable que se les juzgue públicamente, a pesar del poder y la influencia política que posean.
¿Y de Urdangarín? Pues que pague sus culpas.Actualidad política y social. Una visión crítica de la economía la actividad política y los medios de comunicación.