La justicia se ceba con el PSOE de Andalucía. Hoy han sido dos varapalos seguidos y casi sin tiempo para respirar.
El primero por parte de la Audiencia de Sevilla, que ha estimado en un auto que las actas del Consejo de Gobierno no son secretas, tal y como defendió la Junta ante la juez Mercedes Alaya, que fue quien hizo la petición para investigar el caso de los ERE fraudulentos.
A la Junta le cuesta creerse este dictamen y aún defiende que es el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción quien finalmente debe resolver el caso. El Tribunal Supremo ya ha designado un ponente para elevar la discrepancia ante dicho organismo.
De confirmarse en el Tribunal de Conflictos la interpretación que hace la Audiencia de Sevilla de la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el caso puede tomar una dimensión hasta ahora desconocida, porque las pesquisas se concentrarían en el corazón del gobierno andaluz.
El otro bofetón le ha venido de manos del Tribunal Supremo, que ha rechazado la construcción de la biblioteca universitaria, ideada por la arquitecto Zaha Hadid, en el entorno de los jardines del Prado de San Sebastián de Sevilla.
La biblioteca universitaria era uno de los proyectos emblema del último mandato del anterior alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y su construcción se encontraba paralizada como consecuencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que daba la razón a los vecinos que se opusieron a la ubicación del edificio por considerar que el interior de un parque público no era el lugar no el adecuado.
El actual alcalde popular, Juan Ignacio Zoido, se había comprometido a continuar con la obra si el Supremo la avalaba. Ahora no lo quedará otra que desmontarla y buscarle una nueva ubicación.
Cosas de jueces.
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