La la voluntad del pueblo excluida de la democracia

El artículo 50 de la Constitución ("que todos nos hemos dado") afirma que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Es decir, que las pensiones, en tanto que derechos subjetivos de los ciudadanos establecidos en la Constitución, tienen la consideración de “gastos obligatorios” que por su naturaleza no están ligados a la suficiencia de recursos presupuestarios, ni a la evolución de una determinada fuente de ingresos. El Estado ha de concurrir con los recursos necesarios para asegurar el pago de las pensiones, sea con las cotizaciones o con cualquier otro impuesto.

Es obsceno que hablen de "la Constitución que nos hemos dado entre todos” cuando los políticos la puede interpretar y reformar, siguiendo la costumbre: sin consultar a los afectados. La Constitución de 1978, ambigua como pocas y casi intocable para el resto de artículos que hablan de derechos sociales y ciudadanos es papel mojado en manos de los mismos de siempre, apoyados en la cómoda alternancia del sistema parlamentario turnista.

La clave, según ellos, es la productividad. Y recuerdan que 100 trabajadores pueden producir lo mismo que 1.000 si su productividad es diez veces superior, “de tal modo que los que cuestionan la viabilidad de las pensiones públicas cometen un gran error al basar sus argumentos únicamente en la relación del número de trabajadores por pensionistas pues, aun cuando esta proporción se reduzca en el futuro, lo producido por cada trabajador será mucho mayor”. A no ser que su análisis sea crear empleos de 500 euros donde antes se pagaban 1000. Así se reduce el paro, el Gobierno de turno se apunta un punto en su casillero, los empresarios contentos por la oferta 2x1000 y de paso somos más "competitivos" y se amplia la "productividad". Retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años “no tiene demasiada lógica”

Fátima Báñez (ministra de Empleo y Seguridad Social) alardea de su reforma pese a subir las pensiones solo el 0,25% ... y que las prestaciones de los jubilados se ajusten desde 2019 a la esperanza de vida..., ha manifestado que los pensionistas "saben perfectamente" el momento de crisis que se vive, lo que plantea "un problema grave", ya que "la longevidad aumenta".

Agosto del 2013- La esperanza de vida en España baja por primera vez en este siglo. 

Los españoles somos menos, estamos más envejecidos y, por si fuera poco, ha bajado la esperanza de vida, «aunque levemente», por primera vez en este siglo y a la vez en mujeres y hombres. En el 2012 se situó respectivamente en 84,72 y 79,01 años, por 84,97 y 79,16 del año anterior. El Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Gobierno.

Con todo, España sigue entre los cuatro países más longevos, pero en lo que respecta a calidad de vida baja al sexto puesto. Según la última Encuesta Nacional de Salud, un 46% de los mayores de 65 años padecen dependencia funcional y el 95% pasan más de la mitad de esos últimos años de vida lo suficientemente enfermos como para no poder valerse por sí mismos.

 -------------------------------El Periódico - Jueves, 10 de octubre del 2013.
Nuestra sufrida ciudadanía se ha acostumbrado a otear más allá de las fronteras del Estado español para encontrar alguna muestra de sinceridad respecto a las verdaderas intenciones de nuestro Gobierno en lo relativo a cuestiones como la ordenación del marco laboral. En las palabras del ministro Montoro que confunden grotescamente lo que es un descenso generalizado de los salarios con una cínica e hipócrita «moderación de las subidas» no es sinceridad, precisamente, lo que percibimos. No desde luego en las mismas dosis que mostró el presidente Rajoy frente a un auditorio de empresarios japoneses cuando optó por presumir de reforma laboral animándolos a incrementar sus inversiones en España con el argumento de que «los costes laborales unitarios en España se comportan mucho mejor que en otros países de la Unión Europea».

Desconocemos si el presidente Rajoy consideró o no oportuno ilustrar su afirmación sobre el buen comportamiento de los salarios con algunos ejemplos, pero desde luego hubiera podido hacerlo. Piensen en Panrico y sus nóminas por pagar y la propuesta de reducción salarial de hasta un 45% o en sector del transporte sanitario, donde en tres años se acumula una caída salarial del 18%, incluida una rebaja del 9% impuesta por la patronal sectorial el pasado mes de julio.

La disminución salarial que afecta a millones de trabajadores y trabajadoras en el Estado español que Montoro niega y de la que Rajoy se vanagloria es el amargo fruto de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo popular. Tal era su objetivo, facilitar la rebaja salarial y no detener, si no allanar el camino de la destrucción de ocupación, dejando que la masa de personas sin trabajo actuaran como un poderoso vector de presión sobre el factor salario.

Al servicio de esta doble misión, la reforma laboral dispuso de cuantos instrumentos pudieran menester las empresas para cumplir su objetivo. Ha facilitado, por ejemplo, la modificación de condiciones laborales consolidadas tanto salariales como de ordenación del trabajo. Ha desplazado el eje de la negociación colectiva desde el ámbito sectorial al de las empresas, persiguiendo reducir la capacidad de las plantillas para actuar como verdadero contrapoder en los procesos de negociación.

Y no olvidemos la posibilidad de inaplicar condiciones recogidas en convenios en materia salarial, entre otras, aduciendo la concurrencia de perspectivas económicas negativas o la disminución de ingresos, aún cuando estas circunstancias no guarden relación alguna con la carga salarial de la empresa. La reforma laboral siempre apuntó a nuestros salarios con el objetivo de menguarlos. Tal es la verdad que el ministro Montoro esconde tras un muro de cinismo y desvergüenza y que nosotros, los trabajadores y trabajadoras, debemos intentar desactivar allí donde nos sea posible hacerlo, ya sea en los juzgados, en el marco de negociación colectiva o en la calle. Nos va el futuro en ello.

ESTHER COMAS
Abogada laboralista. Col·lectiu Ronda.