El intenso lobby desplegado por los paramilitares en el Congreso hace una década, para hacer aprobar una ley a su medida; las minucias del fraude electoral en la Costa Caribe patrocinado por las autodefensas en 2002 y 2003; la división electoral a punta de fusil que crearon en Magdalena y Cesar para que cada alcalde, gobernador, concejal o diputado elegido por ellos les entregara el 10% de la contratación pública, y el mapa del poder que lograron edificar bajo la égida criminal del bloque Norte, fueron algunas de las revelaciones que le entregó a la Corte Suprema de Justicia José del Carmen Gélvez Albarracín, alias el Canoso, excomandante político del frente Resistencia Tayrona. Un hombre que conoció como nadie la estrategia de ese grupo ilegal para “refundar la patria”.
Gélvez Albarracín nació en julio de 1974 en Salento, Quindío. Por el trabajo de su padre se trasladó a Norte de Santander y en 1985 ingresó a la Escuela de Suboficiales del Ejército. En 1989 se retiró para formar el primer grupo de paramilitares en el sur del Cesar y allí ofició como enlace de inteligencia de la casa Castaño Gil. En aquellos tiempos las primeras páginas de los diarios sólo tenían como protagonista la violencia de los Extraditables y los bombazos y magnicidios ordenados por el capo Pablo Escobar Gaviria. En la trasescena, sin embargo, los ejércitos agazapados promovidos por Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil ya empezaban a hacer daño en el Urabá. El Canoso fue esencial en la conformación de las primeras autodefensas de la Costa. Según su relato, en 1991 saltó al sector privado en Santa Marta, pero a los pocos años retomó sus operaciones ilegales como infiltrado de una empresa del sector carbonífero en La Loma, Cesar.
Corría el año de 1996 y junto a Vicente Castaño coordinó el ingreso de 200 paramilitares a la región. Nuevamente, después de allanar el camino del control militar de este grupo criminal, el Canoso volvió a aparentar que podía llevar una vida legal trabajando en el sector público, ocupando cargos en la Registraduría y la Defensoría del Pueblo en Santa Marta. Los contactos con el paramilitarismo jamás los abandonó. Y cuando ejercía como jefe financiero del Instituto Distrital para la Población Deportiva de la Alcaldía de Santa Marta, su último cargo público, ya tenía en mente dar el salto a la política con la bendición de Hernán Giraldo Serna y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. En sus credenciales académicas registraba una carrera como técnico en administración de la Universidad Cooperativa de Colombia, una especialización de la Universidad Javeriana, en Bogotá, en temas de gobierno municipal y otra más en la Universidad Complutense de Madrid sobre políticas públicas.
Alias el Canoso relató que en los primeros meses de 2003 asumió como comandante político del grupo ilegal. Lo primero que hizo fue asistir a una reunión en la finca del representante a la Cámara José Gamarra, ubicada en Pivijay (Magdalena). Allí conoció a Jorge 40, quien le preguntó cómo se estaban organizando para los comicios electorales de 2003. El Canoso le dijo que notaba entre la gente mucho temor por el fusil que enseñaban las autodefensas mientras ordenaban a los electores votar por sus apadrinados. Ya entonces se había puesto en marcha un gigantesco fraude electoral en la Registraduría que tendría a dos protagonistas: el ingeniero Rafael García, quien años después sería el primer ventilador de la parapolítica, y el registrador Enrique Osorio de la Rosa. Los “paras” compraron el censo electoral en Bogotá y lo manipularon de tal forma que una misma persona podía votar hasta tres veces. Para eso Jorge 40 dividió su zona de influencia en distritos electorales. Así ninguno de sus candidatos se pisaba las mangueras. A ese proyecto lo llamó La Provincia Unida.
El testigo contó que en una finca en El Difícil, Magdalena, convocó a todos los candidatos apoyados por las autodefensas para las elecciones de octubre de 2003. Fueron 400 personas. Allí dio las primeras indicaciones mientras les hablaba con una pistola en el cinto sobre lo que debían hacer. También les ordenó apoyar el referendo que en ese momento promovía el presidente Álvaro Uribe Vélez. Un referendo que no alcanzó el umbral electoral, pese a la inmensa favorabilidad del mandatario. “Yo di la orden de que se apoyara ese referendo”, sostuvo, y añadió que no quería que salieran votos del Polo Democrático en ninguna parte del Magdalena y que el partido que había que apoyar era Colombia Viva. Quedó tan sorprendido Jorge 40 con esa exposición del Canoso, que lo invitó a otra reunión en la finca Los Tarros, ubicada en Remolino, Magdalena, a la que asistieron Salvatore Mancuso y Vicente Castaño. En esa ocasión, Gélvez Albarracín les dijo que si querían tener una base popular después de su desmovilización, tendrían que pasar del terror que provocaban en la población al convencimiento de su proyecto.
En ese encuentro el Canoso les manifestó que para ocupar cargos como los de Gustavo Petro o Antonio Navarro, a pesar de su paso por la guerrilla del M-19, “había que hacer un trabajo de concientización al pueblo, no de represalia, para poder tener su simpatía”. Entonces, le dieron el aval para que dividiera el departamento del Magdalena en cuatro cuadrantes y dispusiera lo que correspondiera para ganarse al pueblo. El Canoso nombró a alias Carlos Tijeras para manejar la zona bananera de la región y el área metropolitana de Santa Marta; a alias Tuto Castro, hermano del senador Jorge Castro, para que manejara El Difícil y otros municipios cercanos; el tercer cuadrante se lo dio a Juan Barrera, hijo de Chepe Barrera, y comprendía los municipios del sur del Magdalena; y el cuarto cuadrante se lo entregó a Saúl Severini, que concentraba los municipios de Remolino y Pivijay. Jorge 40 le dijo al Canoso que desarrollara igual estrategia en Atlántico, La Guajira y Cesar. Los candidatos debían entenderse con cada comandante de cuadrante y aportar $10 millones para las autodefensas. Asimismo, “los señores senadores y representantes elegidos por estas zonas debían dar $80 millones”.
De esta forma, explicó el Canoso a la Corte, se controlaban los gastos para la compra de votos y además se estipuló que cada concejal debía entregar un $1 millón para que el día de las elecciones se compraran camisetas, se repartiera ron y sancocho y se les pagara a los registradores y la Policía. Efectivamente, en el año 2003 los congresistas Luis Eduardo Vives, Dieb Maloof, José Gamarra, Jorge Caballero y Alfonso Campo se reunieron con él para recoger el dinero exigido por las autodefensas y distribuirlo en las campañas del candidato Trino Luna a la Gobernación de Magdalena y José Francisco Zúñiga a la Alcaldía de Santa Marta. Uno de los compromisos de los políticos elegidos para el período 2004-2007 era que “no podían disponer de la plata que daba el Consejo Nacional Electoral, ya que el dinero que recibía cada concejal, cada alcalde o cada gobernador debía reembolsarse íntegro al jefe de finanzas del Bloque Norte. El otro compromiso era que de salud y educación, que era donde había plata, toda la contratación que saliera de ahí debían darnos el 10 % de cada contrato”. Todo ello al margen de la burocracia recomendada (¿ordenada?) en diferentes alcaldías y gobernaciones.
A principios del año 2004 el médico Carlos Mario García, alias Gonzalo, fue nombrado también comandante político de las autodefensas. Eran tiempos de fiesta, pues mientras se negociaba una desmovilización en Santa Fe de Ralito, los paramilitares controlaban la tercera parte del Congreso y tenían alcaldes, gobernadores, concejales y diputados por toda Colombia. “Por el trabajo realizado me felicitaron el señor Jorge 40, don Hernán Giraldo, Carlos Castaño y Vicente Castaño”. Para el año 2004 el gobernador Trino Luna le dijo al Canoso que creara una empresa para darle contratos de salud y educación. Él constituyó la firma Inversiones Navarro junto con una ficha del senador Dieb Maloof. Mientras la repartija de contratos se cumplía, el Canoso comenzó a intervenir en los diálogos de Santa Fe de Ralito. Allí se presentó ante el comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo y el ministro Sabas Pretelt. Poco a poco fue ganando relevancia entre los jefes de las autodefensas, aunque ese año los vino a conocer a todos: a Macaco, a Don Berna, a Julián Bolívar y a Los Mellizos.
Fue en esa época en que se dispuso de una sala de reuniones en Ralito para elaborar los primeros borradores de la ley de alternatividad penal que se iba a presentar en el Congreso. Jorge 40 le ordenó desplazarse a Bogotá para reunirse con los congresistas Miguel de la Espriella y Javier Cáceres. A ellos se les entregaron documentos y un listado de senadores amigos con una orden expresa: apoyar el borrador elaborado por las autodefensas para que dicho articulado pasara sin ninguna objeción. Según el Canoso, la orden era que no se cambiara ni una coma. A cambio les ofrecieron plata o votos para la elección de 2006. “La mayoría se inclinó por los votos. Yo no escuché que hubieran pedido plata”. Según el Canoso, aunque en el listado que le pasaron aparecía el nombre de Dilian Francisca Toro, hoy candidata a la Gobernación del Valle, él jamás la conoció ni la vio en las reuniones coordinadas por los paramilitares. En cambio sí vio a Maloof, a Luis Eduardo Vives, a Rocío Arias y a Eleonora Pineda, “quien era más paraca que nosotros”.
El Canoso relató que en un hotel cercano a Unicentro, en Bogotá, Gonzalo alquiló un salón para que los congresistas amigos se reunieran con él después de las sesiones legislativas a fin de que lo enteraran de cómo iba a salir el proyecto de Justicia y Paz. El hotel era pagado por las autodefensas. Allí, al calor de un whisky o de una comida, quienes terminarían después condenados por la parapolítica les contaban a los “paras” que la cosa estaba difícil para aprobar el proyecto pactado en Ralito. “Los señores políticos se dieron cuenta de que nosotros los íbamos a reemplazar en el Senado, de que teníamos un proyecto político adelante y de una vez se la pillaron que se iban a quedar sin el respaldo porque los íbamos a quitar posteriormente, entonces ahí nos la hicieron, doctor, y por eso nos pusieron las trabas y toda esa cantidad de cosas”, relató Gélvez Albarracín.
Al final, cuando Gonzalo y el Canoso llegaron a Ralito con la Ley de Justicia y Paz aprobada, la ira de los comandantes paramilitares fue inmensa. Entre otras porque, como señaló el Canoso, “no apareció ese porcentaje de amigos que nosotros creíamos tener en el Congreso, ahí todo el mundo se lavó las manos. Yo le pregunté a Alfonso Campo qué había pasado y él me dijo que todo se había vuelto un mierdero y que hasta puños se dio en el Senado. Eso que salió (la Ley de Justicia y Paz) no tuvo punto de comparación con lo que nosotros llevamos”. La confesión de José Gélvez Albarracín es del pasado 4 de junio. Su relato revela, diez años después de haber sido aprobada la Ley de Justicia y Paz, que los paramilitares se movieron de todas las formas posibles para garantizar una norma más benévola con los miles de crímenes perpetrados en casi tres décadas de barbarie paramilitar en Colombia. Pero también muestra que muchos de sus amigos en el Congreso les hicieron “conejo” para impedir que su poder electoral terminara reemplazado por Jorge 40, Mancuso y compañía. Ahí quedan para la historia estas constancias.
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