La ley del mal menor

Por: Francisc Lozano*

Desplazados. Imagen tomada de wikimedia.org

Álvaro Uribe dirigió los destinos de Colombia durante un período de ocho años. En la historia reciente de la nación, ese es un hito sin parangón. Para alcanzar ese gran 'éxito', el entonces presidente, requirió de un 'cambiecito' en la Constitución Política de Colombia: se aprobó la reelección  presidencial. 

Tal vez muchos lo han olvidado, pero ese cambio a la Constitución tenía que contar con el apoyo de algunos congresistas. Mucho se habló al respecto, pero me siento obligado a contar que para que los congresistas apoyaran la modificación a la ley, los hijos de Uribe y Pretelt de la Vega compraron a algunos congresistas con la entrega de varias notarías. Por este hecho sólo terminaron presos Yidis Medina y Teodolindo Avendaño -quienes vendieron el voto-, pero no los que compraron el voto -igualmente culpables-. Mas así es Colombia: los tramposos terminan siendo alabados como se hace con los grandes héroes de Homero, por eso pido que no se exalten los ánimos al leer estas líneas. 

Un hecho más que es muy importante recordar es que Uribe es una persona que padece el síndrome de hybris o lo que es lo mismo, es un adicto al poder. Después de controlar al país por dos períodos, ha decidido que no fue suficiente, ahora ha alcanzado un escaño en Congreso de la República y, no contento con ello, decidió postular a un títere para que pose de presidente por los siguientes cuatro (u ocho) años y le permita darle el rumbo que él considere correcto al país.

Muchos se han atrevido a mencionar que el expresidente Uribe es ‘el mejor presidente de la historia del país’. Muy pocas de esas personas son capaces de demostrar, lógica y argumentativamente, esa afirmación. Sin duda el gobierno Uribe tuvo aciertos en algunos temas de relevancia nacional, pero sus avances quedan rápidamente sepultados al ser confrontados con sus desaciertos. Evidentemente el mayor logro que se le abona al antioqueño es el de la seguridad en el país. Objetivamente se puede decir que ha sido muy importante la participación de las fuerzas militares y policiacas para  tener un Estado que se siente más seguro. Sin embargo, la administración de Uribe tiene más hechos por los cuales sentirse avergonzada, que los que podrían llenarle de orgullo. Los niveles de corrupción aumentaron de forma exponencial: Andrés Arias y Agroingreso Seguro, las interceptaciones ilegales del DAS, la compra de los terrenos que después se convertirían en zona franca por parte de los hermanos Uribe (ver vídeos en el vínculo anterior. En este hecho también participó Zuluaga como ministro de hacienda) y la correspondiente riqueza que obtuvieron de su venta, Mario Uribe y su vinculación con los paramilitares, la ‘parapolítica’ que enlodó a decenas de congresistas que apoyaron a Uribe, Luis Carlos Restrepo y su plan para engañar al país con falsas desmovilizaciones, la compra de votos a Yidis Medina y Avendaño, los nexos entre los directores de seguridad de Uribe y el narcotráfico, y el más cruel de todos los crímenes que se puedan cometer: las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas ‘falsos positivos’. La barbaridad de este crimen radica en el hecho de que las fuerzas legalmente establecidas para proteger a la población dediquen sus conocimientos,  talentos y el presupuesto de la nación para asesinar vilmente a la población que juraron proteger.Respecto a estas ejecuciones extralegales, la Revista Semana establece que “estas ejecuciones extrajudiciales, llamadas ‘falsos positivos’, no eran nuevas en el país pero sí aumentaron de manera drástica: 154% entre el 2002 y el 2010, según el estudio ‘La política de seguridad democrática y las ejecuciones extrajudiciales’” Esas cifras son sencillamente escalofriantes, y su sentido se agrava si el lector se entera de que la mayoría de esas personas no tenía una conexión directa con el conflicto más allá de ser víctima del mismo. Cabe recordar que gran parte de la responsabilidad de este horrendo episodio de nuestra historia le corresponde a Uribe (el gestor de la “seguridad democrática”) y al actual presidente de Colombia, pero no sólo a ellos, también a los generales, coroneles, capitanes, cabos y demás soldados colombianos, y por qué no a usted y a mí, que no tenemos memoria ni carácter y que somos masoquistas y perdonamos a los asesinos sin asomo de consciencia. Por estos horripilantes crímenes hay mucha gente en la cárcel, pero jamás, oígase bien, jamás veremos a Uribe, Santos, Marta Lucía Ramírez o Gabriel Silva respondiendo por estos inexplicables hechos ante la justicia y la nación.

Ahora bien, el gobierno Santos no ha sido totalmente diferente al de Uribe: las políticas económicas siguen siendo las mismas; la gente se sigue muriendo en las puertas de los hospitales; los campesinos (aquellos encargados de producir nuestro alimento) son cada día más pobres, y paradójicamente no tienen qué comer; los salarios de las personas son paupérrimos; la calidad de la educación no cambia y cada vez manifiesta una mayor tendencia hacia la privatización. Hay muchas cosas más para mencionar al respecto, pero el análisis tomaría demasiado tiempo, y tiempo es lo único que no hay. La segunda parte de las elecciones está a la vuelta de la esquina.

De Santos se pueden decir demasiadas cosas. En efecto ha sido un mal presidente, pero, contrario a Uribe, sí ha sido diplomático y normalmente ha invitado a sus contradictores al diálogo. Durante sus cuatro años de administración ha logrado que tengamos buenas relaciones con nuestros vecinos (este hecho es indispensable porque las economías del mundo están interconectadas, y si no tenemos a quién venderle y a quién comprarle, entraremos en un estancamiento económico de grandes proporciones), el empleo ha crecido y la pobreza ha disminuido (al menos eso es lo que dice el Dane), se sancionó, y se ha empezado a ejecutar, la Ley de Restitución de Tierras: un paso gigantesco hacia la justicia para los desplazados por la violencia, se han construido muchas casas para las personas más pobres, e incluso el recaudo fiscal (el de los impuestos) ha sido mucho mayor al del gobierno anterior. Además se ha iniciado un proceso de diálogo con las Farc en Cuba (que no se confunda este hecho con la paz. La paz sólo se puede alcanzar con justicia social), el cual puede ser un muy buen insumo para lograr un país mejor.Lo único que no se puede decir de Santos es que sea un comunista o un ‘castro-chavista’. Ambas aseveraciones carecen de lógica y sólo pueden provenir de un cerebro falto de lectura y capacidad crítica. Sopesemos la siguiente idea: el comunismo es la doctrina que propugna una organización social en que los bienes son propiedad común. Imaginémonos ahora ¡a qué rico le interesaría desaparecer su propiedad privada y entregársela a todos los demás para que la disfruten! Pero vamos más allá. Juan Manuel Santos pertenece a una de las familias con mayor poder económico y político de Colombia. No olvidemos que su familia fue la propietaria del grupo editorial El Tiempo (uno de los conjuntos de medios de comunicación más grandes de Colombia). ¿Cree usted, estimado lector, que Santos quiere compartir su gran fortuna con todos nosotros? Yo no lo creo, creo que Santos es un capitalista igual a Uribe, Zuluaga o cualquier otro de los ministros de hacienda que ha tenido el país. Lo que sí ha diferenciado a Santos de estas otras personas es que ha intentado, -de manera muy seria, concisa y hasta responsable-, ponerle fin a un conflicto entre colombianos que ya supera los cincuenta años de historia, y que si no se detiene, terminará por definir para siempre el futuro de este país. Ya no tenemos por qué vivir en el mundo de la guerra constante. Es el momento de acabar con esa arcaica idea.

Probablemente usted que lee mi columna puede pensar que soy santista. Tenga la plena seguridad de que soy uno de los mayores críticos de las decisiones perjudiciales que ha tomado el presidente. He lamentado profundamente la suscripción de los tratados de libre comercio, el abandono a la educación pública, la salud y la justicia, las horribles reformas que ha intentado convertir en realidad, el olvido de nuestros campesinos, la pérdida del territorio colombiano en San Andrés (aunque esta derrota le pertenece por partes iguales a Samper, Pastrana, Uribe y Santos) y todas las demás decisiones que han causado daño al país y a los colombianos. Pero si alguien me increpa sobre las dos posibilidades que hay para la presidencia, yo veo la opción de seguir avanzando a paso de tortuga o la de devolvernos a un pasado horrible en el que los militares asesinan a quien sea para cumplirle las ‘cuotas de sangre’ al presidente de turno. Yo veo la oportunidad de que de a poco cambiemos nuestra realidad o de que nos devolvamos al entorno de muerte, odio y retroceso social.

Así es, Santos ha sido un mal presidente, pero Uribe ha sido un criminal vestido de legalidad. Por eso, yo prefiero la ley del mal menor, prefiero a un Santos lento en ejecución, y no a un Zuluaga guiándonos por la senda de la destrucción. Yo prefiero el camino del diálogo. Yo creo en el perdón y la reconciliación.

@Franzlozano
*Francisc Lozano (1988): Nació en Cali. Es administrador de empresas de la Universidad Nacional y escritor por convicción. Puede contactarle en su cuenta de Twitter ubicada en el enlace anterior.