No a la ley Sinde
Diré de entrada que soy un novato en el mundo de internet; paso a paso, con tantas dudas como titubeos, y posiblemente con más errores que aciertos, estoy tanteando las reglas de juego que dominan la red. En realidad, creo que es un reto imposible porque los cambios se producen a tal velocidad que cuando piensas que controlas algo ya ha quedado superado por nuevos avances y nuevas tecnologías. Sirva esto para explicar mi desconocimiento de los entresijos de la Ley de Economía Sostenible, en el capítulo que le ha dado el sobrenombre de ley Sinde, y que estos días ha encendido todas las alarmas en internet, pero también en el Congreso de los Diputados y en las sedes centrales de las formaciones políticas, empezando por la del PSOE.
Aún a riesgo de equivocarme por falta de información profunda en la materia, empezaré por reconocer que comparto la misma preocupación de todas las voces autorizadas que rechazan la ley antidescargas. Es razonable que haya matices y también es posible que quienes defienden esta polémica iniciativa encuentren argumentos para ello, pero mucho me temo que detrás de las prisas y la urgencia del Gobierno Zapatero por sacar adelante la ley Sinde se esconden presiones de los grandes grupos o lobbies audiovisuales, interesados sólo por la pérdida de sus cuotas de poder y sus cuantiosos ingresos económicos. Para mí, es motivo suficiente de sospecha el hecho de que altos cargos del Ejecutivo hayan pedido ayuda a Estados Unidos para sumar la adhesión de PP, PNV y CiU a este proyecto.
A través de los informes filtrados por Wikileaks, y publicados por el diario El Pais, sabemos que la ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, y el ministro de Industria, Miguel Sebastián, han llamado en los dos últimos años con insistencia a la puerta de la embajada USA en Madrid para pedir a sus responsables que mediaran para buscar apoyos en otras fuerzas políticas a su propuesta antidescargas. El nivel de confianza y complicidad entre Estados Unidos y el Gobierno Zapatero en esta materia pone en evidencia una entente, cuando menos inquietente. Con la excusa de hacer frente a la piratería se preservan los privilegios de los de siempre y se limitan derechos, también a los de siempre.
En este contexto se inscribe el mensaje de Alejandro Sanz en Twitter; acusa de “cobardes” e “hipócritas” a quienes han votado en contra de la iniciativa de la discordia, que el Gobierno Zapatero pretendía colar camuflada en la Ley de Economía Sostenible. Las redes sociales tienes muchas ventajas, pero entre ellas destacan la interactividad, la inmediatez y la desaparición de fronteras. Alejandro Sanz ha recibido una cadena de respuestas justas a su comentario. Uno le ha recordado que tiene su residencia habitual en Miami; otro, ha añadido que no paga sus impuestos en España; un tercero ha precisado que el nombre del cantante figura en un listado de 200 personas que presuntamente habrían evadido impuestos en Liechtenstein,… La conclusión es obvia: si quienes están a favor de la ley antidescargas responden a este prototipo, estoy radicalmente en contra y además sin matices. Espero, por último, que el Senado respete ahora la voluntad del Congreso y no haya acuerdos en la sombra que desvirtúen la votación de ayer.