La Manada: de despropósito en despropósito

Escribí hace unos días en las redes que este país no conoce término medio, que va de un extremo a otro como un péndulo y que en él, quien más y quien menos, aprovecha cualquier ocasión propicia para agitar las aguas y pescar en río revuelto. Desde la publicación de la sentencia sobre La Manada hemos ido de despropósito en despropósito, en una deriva al parecer interminable y peligrosa. Reina el griterío y la confusión, los juicios paralelos y apresurados y las peticiones de linchamiento de los responsables del fallo y de todo el sistema judicial por extensión. De la sentencia en sí no tengo nada que añadir a lo que expresé en su momento: ateniéndome a los hechos probados no tengo la menor duda de que se trató de una violación y me sigue pareciendo incomprensible que los miembros del  tribunal no lo consideraran así. 
Dije también y lo mantengo que la de la Audiencia de Navarra no es la última palabra en este caso ya que quedan aún los recursos al Tribunal Superior de Navarra y al Tribunal Supremo, e incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Del mismo modo señalé que conviene revisar el Código Penal para dejar bien sentado qué es violación y qué es abuso y evitar fallos como el de La Manada. Lo que me preocupa es que el despropósito de la sentencia se pretenda corregir o paliar con nuevos despropósitos. En ese sentido, la flagrante intromisión del ministro de Justicia en el ámbito del Poder Judicial es de una gravedad merecedora de la destitución inmediata por parte de Rajoy. Que el PSOE se sumara a esa injerencia es incomprensible, sobre todo cuando los socialistas apoyaron en su día la reprobación de Catalá por su manejos con la Fiscalía General del Estado. 

Saltarse la ya precaria separación de poderes con unas afirmaciones insidiosas sobre la capacidad para juzgar del magistrado que emitió un voto particular, parece más bien otro intento del Gobierno para obtener rédito aprovechando la indignación social y desviar la atención de lo que de verdad importa: el contenido de la sentencia. En poco se diferencia esa posición y la del presidente Rajoy que con su silencio avala esta injererencia del Ejecutivo en el Judicial, del populismo punitivo del PP a propósito del endurecimiento de la prisión permanente revisable. Catalá se fuma los mecanismos de los que dispone el Poder Judicial para apartar de sus funciones a los jueces que no cumplan con sus obligaciones como servidores públicos y se sube al carro camino de la pica en la plaza pública. 
En esa plaza pululan toda suerte de grupos y grupúsculos para los que las instituciones democráticas son ante todo el objetivo a batir y en los que el resto de los partidos políticos tampoco son nada reacios a echar la red de pesca. En esas estábamos cuando aprovechando una campaña en las redes, una ex política canaria denunció haber sido víctima de abusos sexuales hace 27 años por parte de un político aún en activo. El gesto - que le honra - se queda corto por cuanto no identifica al responsable y porque lo remata asegurando que "denunciar no vale la pena". Es fácil suponer el efecto disuasorio que esa afirmación puede tener sobre las mujeres que sufran hechos como los que denuncia la ex política. Con el máximo respeto a su libertad para hacer lo que estime más oportuno, entiendo que ayudaría más a la causa concretar a quién se refiere con la denuncia que mantenerla en la nebulosa de la sospecha. 
Quien menos derecho tenía a señalar ese nombre es, sin embargo, quien lo hizo de una forma además frívola. Las magistrada Rosell no dudó en lanzar a las redes una insidiosa insinuación sobre el supuesto autor de esos abusos como si se tratara de un simple acertijo y no de un asunto de una extraordinaria gravedad. Todo esto da una idea cabal del terreno cenagoso en el que nos estamos moviendo desde hace días. Y mientras, apenas se escucha alguna voz autorizada que pida cordura y sentido común y aclare que esa postura no está reñida con criticar las decisiones judiciales y pedir los cambios normativos que se consideren oportunos. Lo que no vale es aprovechar el rechazo social ante  una sentencia a todas luces injusta para buscar votos o arremeter contra un sistema que, con todos los achaques, fallos y defectos que se le quieran imputar, funciona y no tiene sustituto mejor.