La mediocridad de la política exterior española

Gozamos de un sistema democrático de casi 37 años de vida en el que, a lo largo de diez legislaturas, han gobernado el PSOE, el PP y la UCD.

Muchos años, apenas tres partidos en el ejercicio del poder con escasa polarización ideológica (del centro-izquierda al centro-derecha), inmersos en la era de la globalización y, sin embargo, no se ha logrado una política exterior a la altura de las expectativas (si es que algunos de nuestros gobiernos llegaron a tener ambición en esta materia).

La política exterior de la UCD estuvo sujeta a un consenso calculado que oscilaba entre la neutralidad ante temas controvertidos como la OTAN o la relación con los Estados Unidos, los acuerdos económicos con los países latinoamericanos, la cooperación con Oriente Medio y el apoyo a la integración europea para alcanzar la normalización democrática.

A partir de 1982, con los gobiernos del Partido Socialista, comenzó el periodo más fructífero en materia de acción exterior para España. En 1984, el gobierno realizó un decálogo sobre seguridad y defensa que fijaría las prioridades del país de cara a los años venideros. Así, España continuó la senda marcada por los gobiernos de Suárez y Calvo Sotelo e ingresó en la Comunidad Económica Europea (1986), manteniendo una alianza euro-atlántica y el rol de puente en las relaciones UE-Latinoamérica (además de relaciones bilaterales con los países de la región). Todo ello compatibilizado con un enorme pragmatismo en sus relaciones con el Mediterráneo y Oriente Medio, lo que conllevó a la normalización definitiva de la proyección internacional del país.

Parece claro que los vaivenes en política exterior comenzaron con los gobiernos del Partido Popular. En 1999 se logró la plena integración político-militar de España en la OTAN y, posteriormente, el ingreso en la Unión Monetaria.
No obstante, el viraje atlantista de la acción exterior acrecentó la falta de peso específico que España venía sufriendo en las instituciones europeas, saldándose posteriormente con una clara sumisión al eje franco-alemán. Concretamente, el apoyo español a la invasión en Irak, si bien tenía explicaciones geoestratégicas, supuso un punto de inflexión total y sin precedentes en materia de política exterior, sin llevarse la cuestión al Parlamento y pese a la oposición frontal de la mayor parte de la sociedad civil.

Lo que vino con los gobiernos socialistas de Zapatero no fue mejor. España rompió sus compromisos al retirar sus tropas de Irak y pasó a ser considerada, casi automáticamente, como aliado no-fiable. La Alianza de Civilizaciones y la entrada de España en el G-20 no pudieron compensar el aislamiento diplomático, la pérdida de influencia y la falta de neutralidad en Oriente Medio.

De este modo, el balance de la política exterior española durante el periodo democrático pone de relieve una clara mediocridad y falta de coherencia, propia de los Estados que ignoran los beneficios que puede reportar una acción exterior exitosa y no sujeta a los vaivenes de los cambios de gobierno y la falta de consenso.
España tiene la necesidad y el deber de convertir la política exterior en una Política de Estado, definiendo claramente sus objetivos e invirtiendo tiempo, esfuerzo y recursos económicos en la consecución y mantenimiento de sus alianzas estratégicas.
Tras el injustamente vilipendiado pacto anti-yihadista, un acuerdo por la participación activa de España en la Coalición Internacional contra el Estado Islámico (liderada por los Estados Unidos y respaldada por más de 40 países), debería ser el primer paso hacia el tan necesario consenso. Más aún teniendo en cuenta como la amenaza del terrorismo yihadista se cierne sobre la comunidad occidental y, de forma especialmente preocupante, sobre nuestro propio país.

Lamentablemente, la falta de voluntad política de nuestros líderes y el recelo de la ciudadanía ante los pactos (tan reivindicados frente a los ataques cruzados como denostados a tenor de la manipulación de los medios) nos llevan claramente en la dirección contraria.