La mejor agenda para la nueva legislatura

Para el Gobierno socialista, resulta más fácil anunciar medidas que consensuarlas e implementar las políticas adecuadas para hacerlas efectivas. Parece que, en ocasiones, le pesa demasiado esa dependencia a los poderes económicos.
Se le hacía fácil cuando estaba en la oposición hablar de la necesidad de derogar la reforma laboral. Pero, sin embargo, cuando llega al Gobierno, esa urgencia se apacigua y se rebaja la acción a meras revisiones. Es urgente derogar la reforma laboral, cambiando cuanto antes los aspectos más lesivos de la misma. Muchas propuestas fueron tratadas por el impulso de unidas Podemos en la mesa de diálogo social tras la moción de censura, como recuperar el subsidio para mayores de 52 años, restablecer la ultra-actividad de los convenios colectivos, recuperar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, limitar la subcontratación o el control horario. Así como la subida del SMI a 900 €.
El Gobierno que se forme debe cumplir ahora también otros aspectos fundamentales que faciliten la redistribución de la riqueza de manera más equitativa. Y, cómo no, revalorizar las pensiones conforme al IPC para no condenar a los pensionistas a un empobrecimiento continuo y permanente.
España debe seguir avanzando en la recuperación de las libertades y los derechos sociales, abandonados con la excusa de la crisis. Esto implica continuar luchando contra la precariedad y la inestabilidad en el empleo, combatir la pobreza y la desigualdad creciente.
Hay que garantizar ya de manera definitiva la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad de trato y oportunidades, tal vez con una ley de igualdad salarial, sin olvidar tomar medidas para acabar con todo tipo de violencia contra la mujer, hay que reforzar la protección por desempleo, impulsar el Estado de Bienestar, hacer una reforma fiscal integral más justa y equitativa, poner sobre la mesa la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que criminaliza el derecho de huelga y no olvidarse de eliminar la Ley Mordaza, que sigue limitando la protesta social.

El nuevo Gobierno, a poder ser en coalición, debe ser un Ejecutivo que desmonte las políticas lesivas para los ciudadanos. Debe ser garante de un crecimiento económico más inclusivo, en el que se reparta la riqueza y se cree empleo de calidad y con salarios dignos.

Una agenda progresista lucha ante todo por erradicar las diversas formas de explotación indebida de recursos, por eliminar cualquier marginación entre las personas y por la igualdad de género.

España sigue estando a la cola en cuanto a gasto público en relación a la familia, dentro de la UE. Ha sido muy pobre la inversión pública en dependencia, sanidad y educación durante la crisis. Las mujeres se incorporan menos y en peores condiciones al mercado laboral; y, cuando lo hacen, son tratadas de manera más segregada y precaria. La precariedad y la escasa remuneración del trabajo de las mujeres sigue condenándolas en una sociedad machista.

El sistema financiero desempeña un papel crucial a la hora de poder desarrollar todas estas políticas. La concentración bancaria se ha reforzado en España tras la crisis, destacando la desaparición de las cajas de ahorros como entidades de crédito. No obstante, el sistema financiero debe desempeñar un papel trascendente en la recuperación de la economía española. Es preciso impedir que vuelva a repetirse una inversión masiva y acomodada de recursos en la construcción residencial, y se debe favorecer la inversión con mayor incidencia en el crecimiento a largo plazo

Es necesario garantizar un flujo regular de crédito, en especial a las pymes, ayuntamientos y hogares, y sin duda, en condiciones similares a las del resto de países europeos.

Tenemos en nuestro país suficientes instrumentos de apoyo a las pymes, el problema es que son muy escasos en cuantía y están peor coordinados entre sí. Por eso es tan necesario crear un Banco Público de Inversión. Lógicamente, a partir del ICO, que garantice la financiación a las pymes apoyándolas para un mejor crecimiento. También debe financiar la creación de un parque público de viviendas sociales de alquiler.

La banca alternativa, de la que el más representativo ejemplo han sido las cajas de ahorros, ha quedado reducida en España a las cooperativas de crédito y al ICO, y se debe impedir que desaparezcan tales cooperativas de crédito

En cuanto al tema de Cataluña, resolver este conflicto territorial es una cuestión que deberá ocupar una gran parte de los recursos humanos y legales disponibles. El diálogo es la mejor herramienta para resolver los problemas que implican nacionalidades y por ende, a sentimientos, cultura e identidad. Si hablamos de conflictos territoriales, uno de los más habituales y duros son los de ruptura. Normalmente ante una situación así es recomendable la figura del mediador. Tanto para ayudar a los que defienden la unidad como para lidiar entre las disputas con los separatistas.

Es indudable que la legislatura requiere de un gran esfuerzo y que hay que afrontarla con una buena dosis de entusiasmo. El nuevo Gobierno ha de asumir que el trabajo que tiene por delante es decisivo para el devenir de la vida del país y sus gentes, y que la duración de la legislatura a que se enfrenta debe agotar el tiempo establecido, porque su objetivo en todo caso es que España crezca interna y externamente.