Con sendos comunicados, los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos brindan a la opinión pública nacional e internacional evidencias claras de que existe un proceso de negociaciones entre ambos países detrás del telón. Esta vez llegaron a un convenio en torno al tema migratorio, uno de los asuntos que más titulares y desinformación origina en todo el mundo.
El canciller Yván Gil confirmó que hay conversaciones entre autoridades de ambos países, de las cuales se desprendió un acuerdo suscrito que comprende la repatriación directa de connacionales venezolanos que han cruzado la frontera de Estados Unidos de manera ilegal y no establezcan un base legal para permanecer en el país norteamericano, seguida de la decisión del Gobierno Bolivariano de aceptar el regreso de ciudadanos venezolanos.
De acuerdo con el texto diplomático, la repatriación se hará de manera «ordenada, segura, y legal de ciudadanos venezolanos desde los Estados Unidos», recalcando que «la migración venezolana de los últimos años es consecuencia directa de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo a nuestra economía que se nos ha infringido de manera ilegal, ilegitima y reñida con el Derecho internacional y los postulados de las relaciones armónicas entre las naciones consagrados en la Carta de las Naciones Unidas».
Asimismo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro informó que la vuelta de migrantes será a través del programa «Vuelta a la Patria», ya que provee «los recursos necesarios para la atención integral de nuestros connacionales repatriados, para la observación estricta de la protección que la Constitución y las leyes del país, les consagran».
Por su parte, el Departamento de Estado anunció que a partir de «hoy se reanudará las repatriaciones directas de ciudadanos venezolanos que crucen nuestra frontera ilegalmente y no establezcan una base legal para quedarse».
El gobierno estadounidense dijo que el acuerdo fue resultado de «las discusiones de alto nivel celebradas ayer [miércoles 4 de octubre] en la Ciudad de México entre Estados Unidos, México, Colombia y Panamá, donde el secretario de Estado, Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, y la asesora de Seguridad Nacional, Liz Sherwood-Randall, discutieron los esfuerzos coordinados en curso para abordar la migración irregular en el hemisferio occidental».
Con ello, Washington da luces de que el diálogo y las negociaciones venezolanas-estadounidenses están teniendo terceros países como acompañantes de las medidas que en el marco de las conversaciones binacionales, oficiales entre autoridades, se están llevando a término.
México ha sido sede y garante de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno Bolivariano y la Plataforma Unitaria Democrática, el presidente panameño Laurentino Cortizo se ha ofrecido como «facilitador» de lo anterior y la administración de Gustavo Petro ha fungido como un actor regional de enlace entre Washington y Caracas; tanto AMLO como Petro han expresado su rechazo a las sanciones estadounidenses contra Venezuela y clamado por su levantamiento.
La clave aquí se encuentra en la coordinación que se está llevando a cabo a nivel regional entre varios países, con Estados Unidos a la cabeza, en el entendido de que la Casa Blanca mantiene contacto directo y constante con Bogotá, Ciudad de México y Ciudad de Panamá y el trazo de la migración venezolana pasa por esos puntos geográficos hasta la frontera estadounidense, con la Selva del Darién como eje del espectáctulo negativo sobre el tema para la criminalización de Venezuela.
Así como han aumentado las cifras de emigrantes venezolanos que atraviesan el Darién en el transcurso del presente año, lo ha hecho la asignación de fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, sus siglas en inglés) a la «Emergencia Humanitaria Compleja» de Venezuela. En lo que va de año, ha desembolsado 94 millones de dólares en el territorio nacional de los más de 140 millones que maneja en el marco del llamado Plan de Respuesta Humanitaria (HRP, por sus siglas en inglés) 2023 de la ONU para Venezuela.
La Usaid ha dispensado fondos millonarios refugiándose en que «la afluencia de venezolanos continúa sobrecargando los servicios sociales, especialmente en las zonas fronterizas de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú», como dispositivo narrativo.
La administración de dicho dinero ha sido criticada por la misma administración Biden debido a la discrecionalidad política que han revelado las auditorías. Esta estrategia se ha visto rebasada por la realidad: los fondos, ni el enfoque hasta ahora experimentado, no son suficientes para solucionar el problema migratorio.
Por ello, cambia el planteamiento estadounidense hacia una coordinación multinacional con Venezuela en el centro de la trama.
NUEVO PASO EN LAS NEGOCIACIONES
El anuncio del acuerdo migratorio fue hecho el 5 de octubre de 2023; sin embargo, respecto a su implementación, no se especifica una fecha exacta en ninguno de los comunicados, pero se entiende que el acuerdo de repatriación se implementará a partir de ahora. Se aplicará en los países involucrados en el acuerdo.
Tanto el gobierno estadounidense como los demás países involucrados en el acuerdo comprenden que la migración irregular está trayendo efectos perjuiciosos para sus propios contextos, por lo que ha aumentado la cooperación con las autoridades venezolanas para la repatriación a través de «Vuelta a la Patria» y asimismo se han extendido los marcos para los procesos de regularización de venezolanos en Estados Unidos (política demócrata que el Partido Republicano rechaza) y en las otras naciones mencionadas.
Estados Unidos, Colombia, México y Panamá son signatarios de la Declaración de Los Ángeles, rubricada en junio de 2022, con la que decidieron «tomar medidas coordinadas para estabilizar los flujos, ampliar las vías legales y gestionar humanamente sus fronteras». En ese sentido, afirma el Departamento de Estado en el citado comunicado, «la realización de las repatriaciones es una pieza clave de este enfoque equilibrado».
Así, los gobiernos de Nicolás Maduro y Joe Biden se han puesto de acuerdo para la repatriación ordenada, segura y legal de ciudadanos venezolanos que han cruzado ilegalmente la frontera de Estados Unidos, dando un paso más en las negociaciones tras bastidores que ya acumulan convenios en el sector de energía (petróleo y gas) y de comercio (exportación venezolana de energía).
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