Si las empresas grandes y las instituciones públicas (en especial los ayuntamientos) pagan al cabo de meses y la banca cierra el grifo del crédito, la pequeña y mediana empresa se queda sin recursos y entra en crisis. Eso está sucediendo en España ahora.
En paralelo el Gobierno quiere financiar a las pymes incluso de forma directa con líneas ICO.
Parece lógico que se regulen de verdad unos plazos de pago máximos y que las pymes no deban recurrir al ICO sino que, en todo caso, lo hagan los ayuntamientos para poder pagar pronto.
En ese contexto es de elogiar la iniciativa legislativa española de limitar los plazos de pago. La cuestión será, como por desgracia ocurre a menudo en España, si la ley se aplica o no.
El dato de partida es escalofriante, con 293 días de plazo de pago medio de las grandes constructoras o 157 días en media del sector público (según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad).
De una forma paulatina, se irán imponiendo unos plazos máximos obligatorios que reducen esas cifras. El objetivo final es que en 2013 el sector privado pague a un máximo de 60 días y el sector público a un máximo de 30.
¿Utopía? Veremos. Parece demasiado bonito para ser cierto. En cualquier caso son estas cosas las que hacen que un país sea calificado de serio, o no lo sea.
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