La Nación contra la explotación de trabajadores

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El Gobierno está coordinando fuertes tareas para impedir la explotación.
El ministro de Trabajo de la Nación, Juan carlos Tomada, afirmó ayer que con el gobierno nacional ‘se están coordinando fuertes tareas para impedir que se explote a trabajadores‘, al aludir a denuncias periodísticas referidas al maltrato de trabajadores rurales en ‘condiciones laborales infrahumanas‘.
De esta forma, Tomada se refirió a los operativos de control llevados a cabo en las últimas semanas, que detectaron 189 personas en ‘condiciones laborales infrahumanas‘ en campos de San Pedro, en el norte bonaerense.
En ese marco resaltó que en conjunto con las demás provincias y el gobierno nacional ‘se acordó la realización de tareas para impedir que se explote de esta forma los derechos de los trabajadores‘.
‘Con el respaldo de la Nación vamos a incrementar nuestra capacidad investigativa y vamos a someter este tema a la consideración del Consejo Federal del Trabajo, que es el órgano donde se reúnen todas las autoridades del Trabajo de Argentina, porque la metodología utilizada excede el marco de competencia de una provincia‘, señaló Tomada.
El funcionario señaló que en los últimos quince días dos operativos llevados adelante por el Ministerio de Trabajo y el fiscal Nicolás Rubén Gianorio, titular de la UFI 6 de San Nicolás, se encontraron a 189 personas oriundas de Santiago del Estero que estaban trabajando en dos estancias del municipio de San Pedro, en ‘condiciones infrahumanas‘.
‘Esta gente estaba viviendo en unas chozas, sin baño, sin agua corriente, y en el caso de una de las fincas, sin luz. En la otra tenían cables de luz pero de manera muy inseguridad, con riesgo de morir electrocutado‘, señaló.
En ese sentido, el ministro resaltó que ‘además de eso presentaban una falta de condiciones mínimas de higiene, salud y seguridad para realizar las tareas‘.
‘Ellos estaban haciendo tareas de desfloración del maíz, que es tratado con agroquímicos que son altamente contaminantes, y no tenían ninguna medida de seguridad para los trabajadores. De hecho se utilizaban los mismos envases de los agroquímicos como mobiliario‘, agregó.
A su vez, denunció que -gracias a la investigación-‘descubrimos que hay un modus operandi que es ir a reclutar a los trabajadores a la provincia de origen, en el interior del país, en este caso Santiago del Estero, transportarlos en condiciones sumamente precarias y luego insertarlos en una finca para hacerlos trabajar allí‘.
‘En ninguna de las fincas había constancia de los trabajadores, por eso se les dio un plazo de tiempo a sus titulares para que presenten la documentación que acredita a los trabajadores‘, explicó.
A su vez, remarcó que le llamó mucho la atención esta situación ya que ‘ambas empresas dueñas de las tierras, son solventes, y generalmente cuando se procede con trabajadores en negro en este volumen, se utiliza la intermediación de insolventes, testaferros insolventes‘.
Al comentar cómo trabajaban estas personas, el funcionario destacó que ‘en las fincas las jornadas laborales eran de sol a sol, a los trabajadores no los dejaban salir y aparte, tenían una imposibilidad física de no poder irse, porque el camino más cercano quedaba a 15 kilómetros‘.
Sobre las sanciones correspondientes para los dueños de las firmas, Tomada sostuvo que ‘el fiscal Rubén Gianorio detectó que había reducción a servidumbre y una posible malversación de fondos públicos porque estaban utilizando alimentos de distribución gratuita que el ministerio de Desarrollo Social asigna para atender a los indigentes, se estaban utilizando para alimentar a esta gente‘.
‘Es por ello que el fiscal, ante la comisión de delitos que eran competencia de él, comienza una actuación sumarial‘, subrayó.
El ministro de trabajo explicó que ‘las investigaciones sumariales que le estamos realizando por infracción a la legislación laboral, pueden implicar para esas empresas una multa de hasta 5 mil pesos por cada trabajador involucrado‘.
Finalmente, Tomada hizo un pedido a la sociedad ‘para que actuando responsablemente, cuando haya una sospecha de que pueden ocurrir estos hechos nos los hagan saber, o a la justicia, o a los ministerios de Trabajo, porque detener esto es responsabilidad de todos. Si bien nosotros tenemos el poder de policía, como para inspeccionar, por el modo en que se realizan estas actividades no son de fácil investigación y necesitamos ayuda‘.
Fuente: noticiasnet.com.ar