LA PRESIDENTA MADRILEÑA, en un forzado ejercicio de transparencia, nos ha enseñado su nómina, que asciende a 5.825 euros netos al mes. 9.060 euros de sueldo bruto, con lo cual la retribución de Aguirre por gobernar a los madrileños asciende a 108.720 euros al año. Tarde, pero bien. Es verdad que lo ha hecho con esa dosis de oportunismo que tanto le caracteriza, y que ha ido a remolque obligada por los acontecimientos, pero estamos sin duda, justo es decirlo, ante un paso en la buena dirección que tampoco conviene desdeñar.
Cierto es también que no le quedaba otra después de que el diario El País revelara que, tanto ella como el resto de su gobierno, “oculta” parte de su sueldo con una partida opaca de 13.446 euros al año. Presidenta y consejeros cobran un complemento que no figura en las retribuciones generales, y que, sin ser ilegal, se encuentra perdido en un marasmo de cifras y datos de difícil acceso.
La gran paradoja, y de ahí la controversia, es que cuando en junio de 2010 ella misma se puso como ejemplo de austeridad al anunciar una bajada de sueldo (un 15% menos para ella y un 10% de reducción para sus consejeros) habló de una rebaja porcentual sin mencionar el dichoso complemento que equipara su sueldo al de un secretario de Estado. Una triquiñuela, como otra cualquiera, que no ha tenido más remedio que subsanar cuando se ha descubierto el pastel.Lo mejor de este asunto es que el “ejemplo de transparencia” de Aguirre no será en solitario. El grupo mayoritario que ella preside trabaja ya para modificar el Reglamento de la Asamblea de Madrid con el fin de que los sueldos de los diputados también aparezcan en la web de la Cámara. El PP no llegará tan lejos como los senadores y diputados nacionales, cuyo patrimonio también es público desde hace escasas fechas, ya que según explican “no aporta nada que la gente se dedique de forma morbosa a saber lo que tienen los demás”. Su idea es que los parlamentarios hagan una declaración notarial de bienes al término de su cargo para ver si hay “enriquecimiento ilícito”. Actualmente, los diputados de la Asamblea declaran sus bienes cuando llegan al parlamento regional, pero no a su salida, situación que se quiere cambiar ahora. La proposición registrada por los socialistas también incluía una declaración voluntaria de los cónyuges de los diputados, que el PP no tiene previsto recoger. Puestos a rechazar, el grupo mayoritario tampoco acepta la propuesta de UPyD para que los diputados que tengan otro cargo público no cobren dos sueldos. La cuestión es que algo se mueve en Vallecas y que, gracias a la presión mediática y a la de la oposición, al PP no le ha quedado otra que “desnudarse” ante los contribuyentes que son los que pagan el sueldo de sus cargos públicos. Un destape insuficiente, porque no es integral, aunque bienvenidos sean al club de la transparencia.