La ONU hace trizas la “Ley Mordaza” y exhorta a España a retirarla

Intentan amordazar a los leones del Congreso.
Cinco relatores de derechos humanos de la ONU critican varias reformas legislativas en España y hacen un llamamiento urgente a su Gobierno para que recapacite sobre la reforma del Código Penal y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Advierten que dicha reforma contiene preocupantes aspectos contrarios al derecho internacional que cercenan la libertad de expresión y criminalizan la protesta social. Y exhortan a su retirada. Los expertos independientes que firman el comunicado son: Maina Kiai, relator sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación; David Kaye, relator sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Ben Emmerson, relator sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; François Crépeau, relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes y Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores/as de los derechos humanos. Su llamamiento se produce, tras la aprobación en el Congreso de Diputados, por vía urgente, de un proyecto de ley de reforma del Código Penal sobre delitos de terrorismo. “Confiamos –señalan– en que España adopte todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, de conformidad con los estándares internacionales”.
Les preocupa a los relatores que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España. Consideran que “el texto del proyecto de ley incluye definiciones amplias o ambiguas que abren el campo a una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades”.Señalan que esto es “contrario al derecho internacional ya que podría tener un efecto disuasorio sobre el ejercicio de la libertad de manifestación pacífica”. Recuerdan que el proyecto de reforma también propone castigar con prisión o multa a quienes difundan públicamente mensajes o consignas que inciten a la comisión de delitos de alteración del orden público o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo. Y señalan que “la redacción de la ley conlleva serios problemas y, tal como están definidos los delitos, podría criminalizar a quienes convoquen a manifestaciones pacíficas”.
Dichos expertos apunta a que, tal como está redactada, la ley anti-terrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión”. Con respecto a la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, Kiai asegura que “la llamada ‘ley mordaza’ vulnera la propia esencia del derecho de manifestación pacífica pues penaliza una amplia gama de actos y conductas esenciales para el ejercicio de este derecho fundamental, limitando marcadamente el ejercicio del mismo”. Dicho proyecto restringe de manera innecesaria y desproporcionada “libertades básicas como es el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión y expresión en España”. Y señalan que las ‘devoluciones en caliente’, son contrarias a los derechos humanos.