Los países de América del Sur se convirtieron en dictaduras como caen las fichas de un dominó: Paraguay, con Alfredo Stroessner, en 1954; Brasil, con Humberto de Alencar Castelo Branco, en 1964; Bolivia, con Hugo Banzer, en 1971; Uruguay, con Juan María Bordaberry; Chile, con Augusto Pinochet, en 1973; y finalmente Argentina, con Jorge Rafael Videla, en 1976. Todos ellos encabezaron dictaduras de extrema derecha que violaron sistemáticamente durante años los derechos humanos de sus ciudadanos.
En la década de los setenta, el mundo llevaba treinta años dividido por la Guerra Fría: en el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, ondeaba el estandarte del liberalismo y el capitalismo. Al otro lado del océano, la Unión Soviética era el ejemplo del socialismo promulgado por el bloque oriental. En esa batalla de titanes que duró décadas, América Latina osciló entre la derecha y la izquierda, a veces de manera sangrienta, como en el caso de los golpes de Estado que sufrieron muchos de países de la región en contra de Gobiernos progresistas. Especialmente en los años setenta, la balanza se inclinó hacia estas dictaduras conservadoras que hicieron suyas la lucha internacional contra el comunismo, el socialismo o cualquier cosa que se le pareciera.
Los Gobiernos de izquierda latinoamericanos nunca fueron una buena noticia para Estados Unidos, por lo que la llegada al poder de la derecha dictatorial apenas supuso un mal menor para la potencia occidental. Bajo el objetivo de combatir el comunismo, todo valía: esa fue la premisa principal de la Doctrina de Seguridad Nacional, una línea de acción impulsada por el Gobierno de Estados Unidos a partir de los años cincuenta. Esta responsabilizaba a los países de su bloque de luchar contra la “amenaza comunista” dentro de sus propias fronteras con el apoyo financiero y técnico de los estadounidenses. El paraguas legal de esta política era la Ley de Seguridad Mutua aprobada en 1951, que permitía brindar ayuda económica, militar o técnica a países que compartieran los intereses estadounidenses. Bajo esta ley, según datos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) recogidos por el Centro Internacional de Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), los norteamericanos entrenaron a unos 125.000 militares de América Latina y el Caribe entre 1950 y 1998.
El Plan Cóndor se forja en Chile
Uno de los ejemplos más siniestros de la Doctrina de Seguridad Nacional fue la Operación Cóndor o Plan Cóndor, como también se la conoce. Fue un sistema de cooperación entre los regímenes del Cono Sur para perseguir a la oposición política de izquierdas que duró aproximadamente hasta 1980. El Plan nació el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile: representantes de las Fuerzas Armadas de Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay fueron convocados por la Dirección de Inteligencia Nacional chilena (DINA). La invitación explicaba que el objetivo de la reunión era “promover la coordinación y establecer algo similar a lo que tiene la Interpol en París, pero dedicado a la subversión”. Ahí se fraguó un sistema cooperativo entre las dictaduras latinoamericanas para controlar a sus respectivas oposiciones: las distintas agencias de inteligencia compartirían información para vigilar, perseguir y hasta asesinar a los disidentes políticos. No consta la firma de ningún representante de Brasil en esa reunión, pero el país, bajo la dictadura militar, participó activamente en el Plan. La Corte Interamericana de Derechos Humanos definió la Operación como una “coordinación transnacional muy organizada, con entrenamientos constantes, sistemas de comunicación avanzados, centros de inteligencia y planificación estratégica, así como con un sistema paralelo de prisiones clandestinas y centros de tortura”.
No era la primera vez que regímenes dictatoriales del continente se ponían de acuerdo con estos objetivos. Entre 1974 y 1975 ya se desarrollaron algunos operativos que son un claro antecedente de la Operación, como la muerte de Carlos Prats —jefe del Ejército del Gobierno de Salvador Allende en Chile—, quien sufrió un atentado con un coche bomba perpetrado por la DINA en Buenos Aires, la ciudad donde residía exiliado.
La Operación Cóndor sirvió para refinar esta dinámica. El Plan se desarrolló en tres fases en las que se incrementó gradualmente el nivel de represión contra la oposición. En la primera fase, se creó una base de datos compartida para facilitar el intercambio de información y la cooperación entre los servicios de inteligencia, con el fin de mejorar la vigilancia de los objetivos de la Operación. Entre ellos había guerrillas, partidos de izquierda, grupos políticos, movimientos sociales sindicalistas y, en general, todas las organizaciones que desarrollaban un trabajo de oposición contra los Gobiernos dictatoriales.
La segunda fase consistió en pasar a la acción: empezaron las operaciones coordinadas para espiar, detener, interrogar o torturar a los objetivos que se habían establecido en la primera fase de la Operación. En algunos casos, se llegaba a asesinarlos o hacerlos desaparecer. Sin embargo, durante ese periodo nunca se actuó fuera de las fronteras de los países implicados en el Plan Cóndor. Eso llegó en la tercera fase: empezaron a coordinarse ataques a personas específicas: líderes de la oposición internacionalmente reconocidos que se oponían a las dictaduras latinoamericanas. Esas acciones se llevaron a cabo tanto dentro como fuera de la región, en otros países americanos o europeos.
La información sobre las distintas fases de la Operación Cóndor se encontró principalmente tras la desclasificación de un cable redactado por un agente del FBI estadounidense, Robert Scherrer. El agente describió la última fase del Plan con estas palabras: “implica la formación de grupos especiales de los países miembros que deberán viajar por cualquier parte del mundo hacia países no miembros, para llevar a cabo sanciones, incluido el asesinato, contra terroristas o simpatizantes de organizaciones terroristas”.
La base burocrática y de comunicaciones de la Operación Cóndor se estableció en Santiago de Chile, aunque recientemente se comprobó que Buenos Aires también sirvió como centro de operaciones. Todos los países miembros aportaban dinero y agentes del servicio de inteligencia a partes iguales y decidían por mayoría simple los objetivos a vigilar o detener.
Para ampliar: “Operación Cóndor, pacto criminal”, Stella Calloni, La Jornada, 2001
Las víctimas, una de las incógnitas del Plan Cóndor
“Luis fue sacado del departamento que compartía con su pareja argentina. Nunca más hemos sabido [de él] (…). Desde aquella vez hasta hoy nos hemos perdido mil veces paralizados en el recuerdo, la impotencia, la rabia, la tristeza, la pregunta. Lo decimos fuerte: nos hace falta, cada día, cada hora, cada año, cada fecha”. Son las palabras de la hermana de Luis Enrique Elgueta, chileno detenido y desaparecido en Buenos Aires. Nunca se encontró su cuerpo. Se trata solo de un ejemplo del dolor humano causado por la Operación Cóndor: las consecuencias fueron devastadoras y muchos opositores políticos sufrieron detenciones, torturas, ejecuciones y desapariciones.
El número de víctimas del Plan Cóndor aún no están claras, a pesar de que han pasado más de cuarenta años desde su puesta en marcha. El CIPDH recoge todos los casos “comprobados oficialmente” y demostrados en los juicios que se han desarrollado contra los responsables de la Operación: son 377 víctimas en total, de las cuales 219 fueron desaparecidas y 38 asesinadas. La mayoría de víctimas identificadas por ahora, 177 personas, son uruguayas; 72 son argentinas y 64 son chilenas. Por otra parte, el Museo de Justicia de Paraguay registra 132 víctimas de ejecución extrajudicial y desaparición forzada en el país. Sin embargo, la misma institución advierte de que “existen otros extensos listados que están bajo investigación” y que harán escalar los números de víctimas de la Operación.
Uno de esos extensos listados es el de los Archivos del Terror, un cúmulo de documentos sobre la represión y persecución política desarrollada en Paraguay que ofrece también una gran cantidad de información sobre la Operación Cóndor. La documentación se encontró en 1992, pocos días antes de Navidad, en una dependencia policial de poca importancia a cuatro kilómetros de la capital paraguaya. Hacía tres años que había terminado la dictadura de Alfredo Stroessner y se encontró gracias a una denuncia anónima. Eran toneladas de papeles, carpetas y libretas con un minucioso registro de las actividades delictivas de las fuerzas de seguridad del país. Según el estudio de los Archivos, las víctimas de la Operación Cóndor podrían ascender hasta los 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 encarcelados.
Para ampliar: “Stroessner en Paraguay: la dictadura más larga de América del Sur”, Mar Romero en El Orden Mundial, 2019
Más allá de los números, hay casos emblemáticos que ayudan a comprender el alcance del Plan. Uno de los más conocidos es el de la familia de Juan Gelman, un reconocido poeta argentino: autoridades argentinas y uruguayas detuvieron en Buenos Aires a su hijo, Marcelo Gelman, y su nuera, María Claudia García, quien estaba embarazada de siete meses. Los separaron y trasladaron a la mujer clandestinamente a Montevideo, en Uruguay, donde dio a luz a su hija, que sería entregada a un policía y su esposa. Juan Gelman nunca encontró a su hijo ni a la pareja de éste, pero sí logró identificar a su nieta, criada en Uruguay. Su caso se convirtió en uno de los símbolos de la recuperación de niños secuestrados de familias opositoras y entregadas a miembros de las fuerzas de seguridad de los países del Plan Cóndor, una de las victimizaciones sistemáticas que sufrieron los detenidos.
Otro ejemplo del alcance de la Operación, en este caso de su tercera fase, fue el asesinato de Orlando Letelier —exministro de Asuntos Exteriores de Chile— en la capital de Estados Unidos. Letelier era un personaje clave de la oposición contra Pinochet, no solo a nivel chileno sino también internacional. En 1976, su coche estalló en las calles de Washington y él murió en el acto. La investigación del asesinato concluyó que la DINA había sido quien había coordinado la operación, y que sus agentes habían ingresado en Estados Unidos con pasaportes falsos y visados proporcionados por el Gobierno de Paraguay.
Para ampliar: “Operación Cóndor, 40 años después”, Baltasar Garzón (dir), Centro Internacional de Promoción de los Derechos Humanos, 2016
El papel de Estados Unidos, entre la acción y la inacción
Además de las cifras, hay muchas piezas que aún no se han esclarecido. Una de ellas es el rol que jugó Estados Unidos y hasta qué punto se implicó el país norteamericano en el sistema de terror impulsado por sus aliados del sur del continente. Lo que se puede afirmar sin duda —gracias a la información que el Gobierno estadounidense ha desclasificado de manera progresiva— es que, como mínimo, Estados Unidos conocía la Operación Cóndor con bastante detalle. El famoso cable de Robert Scherrer mencionado anteriormente es uno de los ejemplos más claros: el agente del FBI describía el funcionamiento de la Operación para sus superiores en Washington. También es prueba de este conocimiento la desclasificación más reciente de documentos llevada a cabo por Estados Unidos. En ellos, las autoridades reconocen que “en los más altos niveles de la Agencia Central de Inteligencia (CIA)” eran “perfectamente conscientes de los planes de la Operación Cóndor de enviar equipos a naciones europeas para matar a líderes” de una organización argentina de izquierdas que tenía su base en el viejo continente.
Varios expertos e investigadores como Stella Calloni, John Dinges o Patrice McSherry van un paso más allá y aseguran que Estados Unidos, y en concreto la CIA, participó de manera directa en el Plan. Según estos análisis, el sistema empleado para la base de datos y las comunicaciones entre los países de la Operación Cóndor estaba a la vanguardia tecnológica, fuera del alcance de los Gobiernos latinoamericanos. La explicación más plausible es que la agencia estadounidense aportó estos recursos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina afirma directamente que “las computadoras (…) fueron suministradas por la CIA, ya que ningún otro país del continente disponía para ese entonces de la tecnología suficiente para hacerlo”. Agrega que el sistema de comunicación encriptada que usaban los Gobiernos del Plan Cóndor “tenía su estación matriz en una instalación norteamericana del canal de Panamá”.
Más allá de estas investigaciones, ¿resulta plausible que Estados Unidos participara activamente en las operaciones del Plan Cóndor? Un antecedente es la participación de la CIA en el golpe de Estado contra el Gobierno de Salvador Allende en Chile —que desembocó en la dictadura de Pinochet—, demostrada ampliamente en el Informe Hinchey. Uno de los principales artífices de esta intervención fue Henry Kissinger, entonces Consejero Nacional de Seguridad bajo la presidencia de Richard Nixon. Kissinger fue nombrado Secretario de Estado once días después de la muerte de Allende, en 1973, y ocupó el cargo hasta 1977, durante los años álgidos de la Operación Cóndor.
Juicio abierto al Plan cuarenta años después
Según la información que existe hasta ahora, la última reunión plenaria de los países miembros se dio en diciembre de 1976 en Buenos Aires. El asesinato de Letelier en Washington había sido demasiado audaz y la tercera fase de la Operación Cóndor se estaba haciendo demasiado evidente. Un mes antes, además, se habían escapado dos detenidos de Automotores Orletti, el mayor centro de detención clandestino de la Operación en Argentina, lo que expuso ante la opinión pública la existencia de este lugar ilegal donde fueron detenidos y torturados multitud de opositores políticos.
Los cables estadounidenses desclasificados recientemente también muestran el creciente escepticismo de la potencia norteamericana respecto a la virulencia de esa tercera fase: “los planes de estos países de llevar a cabo acciones ofensivas fuera de su propia jurisdicción suponen nuevos problemas para la CIA (…). Pero más importante, plantea la cuestión de qué podría hacer la Agencia para prevenir actividades ilegales de este tipo”. Son las palabras de Raymond Warren, entonces jefe de la CIA en América Latina.
Estos factores llevaron a un declive progresivo de la Operación hacia finales de la década de los 70. No se conoce la fecha específica en la que el Plan dejó de funcionar, aunque el CIPDH asegura que, a pesar de que cesaran las reuniones plenarias de la Operación Cóndor, se celebraron encuentros y acuerdos bilaterales entre los países miembros “hasta bien entrada la década de los 80”. Recalcan que en 1978, por ejemplo, se dio una reunión entre Argentina y Paraguay para coordinar sus acciones con los mismos objetivos que la Operación. También se encontró evidencia de que entre 1976 y 1978 se sumaron dos países más al Plan Cóndor: Ecuador y Perú. Sin embargo, no han salido a la luz casos concretos de la participación de ambos.
Las dictaduras que impulsaron la Operación fueron cayendo progresivamente hasta 1990, cuando Pinochet, el último en ostentar el poder, lo abandonó. A partir de ese momento, se abrió la oportunidad de investigar y enjuiciar a los responsables de los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor. Muchas de estas investigaciones aún están en curso hoy en día. Muchos de los principales culpables quedaron impunes.
Para ampliar: “La herencia de la dictadura de Pinochet en Chile”, Victoria Ontiveros en El Orden Mundial, 2019
Argentina es uno de los países más activos en la persecución de los delitos de la Operación. Su justicia abrió un gran proceso llamado Causa Cóndor en la que imputó a 25 personas, entre las cuales destaca el exdictador Rafael Videla. El juicio empezó en 2013 y terminó en 2016 con 15 de los acusados sentenciados por asociación ilícita. Además, se logró demostrar la responsabilidad de las autoridades argentinas en la desaparición de 106 víctimas. Esta causa fue de especial importancia porque fue la primera que probó en un tribunal la existencia de la Operación. Videla, sin embargo, murió en la cárcel antes de poder ser sentenciado, cumpliendo condena por otros crímenes cometidos durante la dictadura.
Para ampliar: “La sentencia de una corte argentina reivindica a las víctimas y confirma el legado mortal de la Operación Cóndor”, por Jonathan Gilbert en The New York Times, 2016
En Chile se dictó sentencia contra los responsables directos del asesinato de Letelier, en una causa que también fue investigada por Estados Unidos. Asimismo, se sentenció a los autores del atentado contra Carlos Prats en Buenos Aires, un crimen investigado a su vez en Argentina. Más allá de los casos concretos, se prepara una investigación por crímenes de secuestro y homicidio, entre otros, contra diez acusados, por los delitos cometidos contra 21 chilenos. Este juicio se encuentra en estado de sumario. Por su parte, Italia investiga aún la muerte de 23 ciudadanos italianos en los países del Plan Cóndor, en un juicio que se encuentra vigente y que acusa a 33 agentes de distintas organizaciones de los países de la Operación.
Sin embargo, quedan aún muchos aspectos por esclarecer. Pinochet, Videla y Bordaberry murieron con centenares de procesos judiciales en su contra, pero sin declarar por los crímenes del Plan. Hugo Banzer falleció en 2002 sin haber puesto nunca un pie en prisión. Alfredo Stroessner murió en la tranquilidad del exilio en Brasil sin haber rendido cuentas. Tampoco ninguno de los presidentes militares de Brasil fue llevado a juicio. En la tumba de todos ellos descansan muchas de las piezas que faltan por encajar de la Operación Cóndor.
La Operación Cóndor y la persecución de la izquierda en América Latina fue publicado en El Orden Mundial - EOM.
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