La "patata caliente" de la exclusión

. Las profesiones sociales, condenadas a trabajar gratis.. Un 53% de la acción social le sale gratis a la Administración gracias al trabajo de los voluntarios.
Sara Bergaz estudia Criminología en la Universidad Rey Juan Carlos. Desde hace casi un año, pasa dos horas a la semana trabajando en la reinserción de maltratadores en suspensión de condena, es decir, que siguen el programa a cambio de no ingresar en prisión. Imparte a los reclusos en tercer grado una formación reglada por Instituciones Penitenciarias y prepara con ellos una serie de dinámicas individuales y de grupo destinadas a mejorar sus reacciones en situaciones violentas.No es una situación fácil, porque sus interlocutores "están un poco de uñas" con el género femenino y dudan de lo que alguien tan joven pueda contarles "de la vida", pero para Sara ha supuesto una puesta a prueba de sus prejuicios y una lección de vida que nunca hubiera podido recibir en clase.Por eso, lo que comenzó como una beca de prácticas universitarias de nueve meses se ha renovado otros nueve en forma de voluntariado. Y es que tanto ella como las otras tres personas (dos psicólogas y una educadora social) que integran su equipo de trabajo realizan el programa sin remuneración. Forman parte de Cupif, las siglas de Con Un Pie Fuera, una asociación que, desde 1995, presta servicios de intervención terapéutica en prisiones, y que está integrada únicamente por profesionales voluntarios. "Nadie prestaba este tipo de servicios en cárceles hace 20 años y, por desgracia, sigue siendo así hoy en día. Estamos cubriendo un hueco que debería ser asumido por las administraciones públicas. Es una vergüenza", denuncia Susana Díaz, fundadora y presidenta de Cupif. Según ella, en el ámbito penitenciario es especialmente complicado conseguir subvenciones o fondos, así que muchas organizaciones abandonan por otros entornos más rentables económicamente. Cupif se autogestiona y sus voluntarios deben, incluso, costearse ellos mismos el material para desarrollar un programa que está institucionalizado bajo la supervisión de Instituciones Penitenciarias.Como Sara, son muchos los jóvenes que optan por poner sus conocimientos al servicio de la sociedad sin contraprestación económica. Según el Observatorio del Voluntariado, el perfil del voluntario español es el de una mujer de entre 25 y 34 años, con estudios superiores y sin empleo remunerado. En un entorno que combina un elevado nivel educativo de los jóvenes con una enorme dificultad para acceder al mercado de trabajo, los expertos temen una "profesionalización funcional del voluntariado", en palabras de Ángel Zurdo, profesor de la Universidad de Alcalá y autor de numerosos estudios sobre el tercer sector. "A veces el voluntariado sí funciona como mano de obra barata, a veces supone una suplantación de personal profesional remunerado, cada vez más el voluntariado funciona como vehículo de adquisición de experiencia práctica rentabilizable en el mercado de trabajo y, por último, un porcentaje muy significativo de los profesionales asalariados de las organizaciones voluntarias soportan condiciones laborales precarias", sentencia en un artículo publicado en Cuadernos de Relaciones Laborales.Se prevé que este año haya un 30% más de personas voluntariasLógicamente, esta precarización afecta en mayor medida a quienes se han formado en profesiones orientadas a la intervención directa con personas, como los trabajadores sociales. Lo confirma Concepción Castro, presidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos de Trabajo Social de la UNED, que aglutina al 60% de los estudiantes de España. Pese a que asegura que la suya es una profesión con una elevada demanda, se trata de contratos por pocas horas que redundan en "retribuciones bajísimas, ni mileuristas". "Encontramos empleo, principalmente, en la atención a la tercera edad y a la discapacidad, pero en las entidades de acción social no se suele ofrecer ninguna remuneración", apunta.Para ella, el Estado delega en numerosas ocasiones en los voluntarios, pero "tiene que haber unos límites". "Sus prestaciones son temporales y el trabajo social necesita de una continuidad, es una labor a largo plazo. El voluntariado no es una alternativa y va en contra de la profesionalización", afirma.Y si los trabajadores sociales denuncian la precarización de sus funciones, los educadores sociales sostienen que "con la educación todo el mundo se atreve", y que en muchos equipos no todos los miembros tienen los conocimientos que se requieren. "La reforma laboral ha favorecido este tipo de prácticas porque muchas empresas y entidades han aprovechado la pérdida de peso de los convenios del sector para sustituir a educadores sociales por técnicos especialistas y monitores, cuando la población de riesgo necesita una especialización", subraya Xavier Puig, presidente del Consejo General de Educadores Sociales.Las raíces de esta "picaresca" están, para él, en una cuestión cultural, una "marca histórica" vinculada a la caridad para atender aquellos ámbitos a los que el Estado no llega. Y, según quienes viven esta realidad cada día, se está reproduciendo este modelo cuando el Estado sí tiene la obligación de cubrir esos servicios. El profesor Gustavo Zaragoza, profesor del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Valencia, hace una descripción muy gráfica del momento: "Se está produciendo una centrifugación de la responsabilidad de las administraciones públicas, que deben, por ley, proteger ellas mismas los derechos sociales".Y quienes reciben la patata caliente de paliar los efectos del envejecimiento de la población, el paro, la discapacidad y la exclusión social son, en primer lugar, las familias y, cada vez en mayor medida, las organizaciones del llamado tercer sector de acción social, que se refiere a las entidades sin ánimo de lucro. En 2010 (último dato disponible), el volumen de organismos de acción social se cifró en 29.746 y trabajaban en él más de dos millones de personas. De ellas, el 53,2% eran voluntarias y este año la Plataforma del Voluntariado prevé que un 30% más de personas se interesen por esta opción, frente al 20% que venía creciendo en años anteriores. Estas entidades realizaron 47.667.904 intervenciones directas en 2010, un 22,7% más que en 2007, un año antes del inicio oficial de la crisis, según el Anuario del Tercer Sector de Acción Social 2012 de la Fundación Luis Vives.Mientras las necesidades de atención a las personas crecen tanto en número como en urgencia -el 28% de los españoles se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2013, según datos del INE, cuatro puntos y medio más que en 2008-, los presupuestos sociales han ido bajando al ritmo de un 20% anual desde 2011, subraya Graciela Malgesini, responsable de incidencia política de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN ES).Para ella, como para muchos expertos, la crisis se ha utilizado como "excusa" para un cambio de modelo movido por la ideología. "El Estado de Bienestar está integrado por el ámbito público y privado, y en este último están las empresas privadas, las familias y las entidades sin ánimo de lucro. Cómo equilibrar los dos polos principales y los tres secundarios depende del credo de quien ostente el poder", explica.En este juego de alternativas, el Estado delega en el Tercer Sector la gestión de la acción social, aunque se reserva el derecho de legislar y decidir. Por otro lado, la financiación pública sigue siendo el principal soporte económico de las organizaciones, el 60% de sus ingresos provienen de la Administración, así que la subordinación es notable. "Mientras el Estado dote de fondos a terceros, teóricamente sigue cumpliendo con su responsabilidad. Sin embargo, cuando ignora una necesidad concreta y niega la disposición de recursos, es la sociedad civil organizada la que, de forma solidaria, hace frente al problema. Es el caso de los bancos de alimentos, por ejemplo, que subsisten con donaciones", argumenta Malgesini. España cuenta con el gasto social más bajo de la Europa de los 28 en relación al PIB aunque, según Zaragoza, hay espacio para el optimismo: "Tenemos un buen entramado de arquitectura legislativa que hay que recuperar tras el tsunami de la crisis". Malgesini es más práctica: "Cáritas y Cruz Roja no van a dejar que se les muera la gente en la puerta". Artículo de Sara PoloEl Mundo, 22 de octubre de 2014