Las conversaciones que se adelantan entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP en La Habana, despiertan intenso interés en el conjunto del pueblo colombiano. Las unidades farianas reportan de lo ancho y largo del país, que la población demanda conocer cada vez más sobre lo que se discute en Cuba. Igualmente, a la Delegación de Paz de las FARC-EP en la Habana llega un caudal de mensajes del mismo tenor, voces de aliento y apoyo, solicitudes de participación, propuestas y proyectos. Se trata de la viva manifestación de nuestro pueblo por no seguir excluido de las decisiones nacionales.
La Mesa de La Habana es el punto de encuentro de dos maneras de ver la problemática nacional y de plantear su resolución. De un lado está la óptica del gobierno, que defiende las clases pudientes y la inmovilidad del orden vigente. Del otro, la propuesta de la insurgencia, construida desde la visión de los sectores populares que urgen y claman por cambios. Nos parece normal que en un comienzo las posiciones se presenten lejanas. El esfuerzo consiste en poner a prueba el arte de ensartar perlas, como definía John Agudelo Ríos al oficio de acercar posiciones, flexibilizar y construir salidas satisfactorias para las dos partes.
Nuestro empeño apunta a que las voces de todos los colombianos resulten bienvenidas en el proceso de conversaciones. Sólo así creemos que puede crearse una paz duradera. ¿Significa esto una agenda paralela, en contravía de lo acordado hasta el momento? De ninguna manera. Se trata tan solo del desarrollo consecuente del preámbulo del Acuerdo General, un imperativo de primer orden y de simple sentido común. Es sobre los hombros del grueso de la población que se descargan las más funestas consecuencias del conflicto armado, y es en su modo de vida miserable donde subyacen las causas del alzamiento.
Es la población colombiana quien soporta la enorme carga tributaria que el Estado impone para poner en marcha el gigantesco aparato militar con el que se pretende acabar a la insurgencia. El ciudadano del común ve crecer incesantes las cargas presupuestales destinadas al mantenimiento de un desproporcionado Ejército, en detrimento de la inversión en salud, educación, vivienda, obras públicas, ciencia y tecnología. Todo lo cual explica las motivaciones y el papel cardinal desempeñado por las organizaciones sociales colombianas en el impulso a la apertura del escenario de diálogo y concertación.
En el contexto de la participación popular en la construcción de la paz, debe ser centro de la discusión la creación y consolidación de una democracia auténtica, no sólo para la Mesa, sino para toda la vida política nacional. Únicamente con una verdadera democracia podrá Colombia superar la crisis endémica que la aqueja. Su adecuada conjugación en la actual coyuntura nos puede llevar a feliz puerto, a democratizar la propiedad de la tierra y el uso del suelo, la vida política, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los medios masivos de comunicación, la vida misma al interior de las familias.
Todos hemos sido partícipes y víctimas de un conflicto que pesa ya bastante en los hombros de la nación entera, que como un enorme lastre nos impide alzar el vuelo hacia mejores horizontes. Definitivamente la paz no podrá ser resultado de un diálogo alejado del pueblo de Colombia, de una decisión por las alturas, de imposiciones unilaterales de cualquier orden. El país entero tiene que movilizarse a exigir su participación decisoria en el proceso de paz. Movilicémonos todos para ser por fin escuchados, movilicémonos todos a democratizar la patria, movilicémonos todos por la recuperación de nuestra soberanía.
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, 4 de diciembre de 2012
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