La peligrosidad del WiFi en las escuelas

Agustín Bocos es un abogado especializado en contaminación electromagnética que conocí vía telefónica hace años cuando escribía el primer capítulo del libro Conspiraciones tóxicas. Cómo atentan contra nuestra salud y el medio ambiente los grupos empresariales y que saludé en persona hace unos días en Madrid. La Contra de La Vanguardia, cotizado espacio del diario catalán, le entrevista toda vez que la Fundación Vivo Sano ha comenzado una campaña para que se retire el WiFi de las escuelas y no tiene desperdicio la cosa; más claro agua. Yo rescato algunos párrafos que me parece especialmente significativos.

Cuenta Bocos cómo comenzó en estos temas:

“Hace doce años, junto a un refugio de perros y gatos, en medio del campo, instalaron una antena de telefonía móvil. Me llamaron porque los animales estaban muy nerviosos, se autolesionaban y querían escapar.

¿Ganó el caso?

Sí, no tenían ni permiso. El siguiente caso, hace diez años, fue el del colegio García Quintana de Valladolid, en el que estaba personalmente implicado.

¿Sus hijos?

Sí. Hubo cinco casos de leucemia. Cerca del colegio había un edificio plagado de antenas de telefonía en la azotea. Presentamos un escrito al Ayuntamiento explicando que había estudios que vinculaban la leucemia infantil con la radiación electromagnética. Queríamos saber la potencia de esas antenas.

El alcalde debió de preocuparse.

Se negó a recibirnos, dijo que éramos “unos padres histéricos“. Pusimos una querella criminal por una supuesta prevaricación y contra las operadoras por contaminación ambiental. Ganamos, pero una niña murió“.

Sobre la potencia que emiten estos aparatos ¿está controlada?

“España permite 400 microvatios por centímetro cuadrado. Castilla-La Mancha, 0,1 microvatios; Catalunya, 200. En Nueva Zelanda, el nivel permitido es de 0,01, y en Nueva Gales del Sur, Australia, 0,001. Es como decir que en un lugar se puede ir a 200 kilómetros por hora y en otro a 100.000. (…) Hoy se estipula que por encima de 0,1 hay peligro de daño sobre la salud.

¿Y no tienen problemas de cobertura?

No. Entonces, ¿por qué someter a la población a tanta potencia si no se necesita? La normativa española no protege en absoluto a los ciudadanos, los niveles son muy altos, y si quisiéramos saber qué cantidad de radiación estamos recibiendo, sólo lo conseguiríamos poniendo una denuncia”.

Mejor léanla entera y entendamos que se puede disfrutar de la tecnología de una manera segura, que hay alternativas y que cuando no las hay debe aplicarse el principio de precaución. Que la documentación científica que avala esta postura es enorme.